juicios al terrorismo de estado

Clarín, viernes 26 de agosto de 2011

Recusan a un juez por trabar juicio de las Abuelas

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Cuando Sonia Torres, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, esperaba el inminente elevamiento a juicio por la sustracción de su nieto nacido en cautiverio — luego de que desaparecieran en 1976 a su hija Silvina Parodi de Orozco embarazada de seis meses y medio–; un insólito argumento judicial ha trabado todo: se trata de la resolución del juez Alejandro Sánchez Freytes quien adujo, como condición para arrancar el proceso judicial, que la Abuela “debe localizar al nieto, identificar a sus apropiadores, localizar su actual paradero y establecer bajo qué identidad habría sido inscripto”.

Blanco sobre negro, Sánchez Freytes vuelve a fojas cero más de 15 años de investigaciones de Sonia Torres, y le informa que para investigar debe “abrirse un nuevo juicio” con las dilaciones que eso supone para una mujer que está próxima a cumplir sus 82 años, y que busca a su nieto desde julio de 1976, cuando supo de su nacimiento en la cárcel del Buen Pastor.

Los imputados por el secuestro, desaparición y el posterior robo del bebé de Silvina son, entre otros represores: Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Gustavo Dietrich, Héctor Pedro Vergés, Jorge Exequiel Acosta, y Ernesto Barreiro.

Al respecto, María Teresa Sánchez, una de las abogadas de Abuelas en Córdoba, dejó en claro “la indignación” de ése organismo de Derechos Humanos, y explicó a este diario que “esa misma línea de pensamiento, la de encontrar primero a los hijos de los desaparecidos y luego hacer el juicio, es la que plantearon desde la Justicia Militar en los primeros años de la Democracia para evitar ser juzgados”.

Un concepto que siguió a rajatabla aquéllo que expresó el propio Jorge Rafael Videla cuando en pleno proceso declaro que “los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son desaparecidos”. Ergo: si no hay cuerpo del delito, no hay delito.

Ante la actitud de Sánchez Freytes, Sonia Torres planteó su recusación, la cual se encuentra en Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; en tanto que Abuelas de Plaza de Mayo, “luego de un análisis de la conducta del juez, quien ha incurrido en otras irregularidades –según agregó la representante legal– presentaron una denuncia para que se lo investigue por mal desempeño en sus funciones, ante el Consejo de la Magistratura”.

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Juicio a Videla y Menéndez

(Notas publicadas en Clarín)

Sábado, 3 de julio de 2010

El ex dictador volvió a sentarse en el banquillo de los acusados después de 25 años

Arrancó el juicio a Videla y Menéndez por 31 fusilamientos

Videla y Menéndez. Foto: Daniel Cáceres.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

A casi 25 años del histórico Juicio a las Juntas, el ex dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados. Esta vez lo acompaña el represor Luciano Benjamín Menéndez –quien ya sumó tres condenas a prisión perpetua– y otros 29 cómplices.

El ex presidente de facto que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, deberá responder por las torturas y el asesinato de 31 presos políticos a quienes se les aplicó lo que llamaban “ley de fugas” en la cárcel del barrio San Martín de ésta ciudad –conocida como Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1)– entre abril y octubre de 1976; tres de los cuales fueron asesinados en la D2: el equivalente a una Gestapo local.

De traje azul oscuro y visiblemente nervioso, Videla de 84 años, se sentó al lado de su otrora subordinado, el siempre pétreo y más ducho en juicios Luciano Benjamín Menéndez, de 83, con quien no se veía desde 1979, cuando el ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército intentó un golpe dentro del gobierno de facto, y fue detenido en un regimiento de Curuzú Cuatiá.

Contra lo que se podía esperar, ambos se mostraron codo a codo: Videla incluso, le habló a Menéndez al oído casi sin parar durante veinte minutos, mientras en la sala familiares de desaparecidos, representantes de organismos de derechos humanos y un miniejército de abogados defensores y querellantes, intentaban acomodarse en las butacas designadas.

En esta oportunidad y a diferencia de los dos juicios anteriores, es tal la cantidad de acusados: 27 personas dentro de la “jaula de cristal”, que el tribunal se vio obligado a replantear la ubicación de algunos asientos y reducir la entrada del público.

La lectura de la acusación, seguida por Luis Eduardo Duhalde, el intendente Daniel Giacomino y su vice Carlos Vicente, además de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, llevó toda la primera jornada.

La voz monocorde del secretario del juzgado, detallando los “trece hechos” de fusilamientos mientras los familiares de las víctimas intentaban contener los sollozos, por momentos se pareció estremecedoramente a un Vía Crucis.

Ni bien concluyó, el ex presidente de facto levantó la mano como un alumno aplicado y pidió la palabra: “No, señor Videla. Ahora no. Tendrá que esperar su oportunidad”, negó serio, tajante, el juez Jaime Díaz Gavier, titular del Juzgado Federal Oral N° 1. Hubo un murmullo en la sala. Es que a nadie le pasó desapercibido el impacto de volver a ver –y escuchar– a quien fuera el jefe de la dictadura más sangrienta de la historia Argentina y –claro– verlo luego acatar la orden del juez, calladito y sin chistar.

“Por la gran cantidad de testigos y acusados, pensamos que el juicio se extienderá hasta fin de año”, le dijo a este diario el fiscal Maximiliano Hairabedián. Mientras transcurra, Videla, Menéndez y los otros 25 represores, seguirán presos en el pabellón “MD2” de la cárcel de Bouwer– destinado a criminales de lesa Humanidad – en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Todas las víctimas de la ahora llamada “Causa Videla” fueron detenidas y encarceladas en la D2 ó en la UP1 aún antes del golpe Militar y estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Los fusilamientos comenzaron en abril y siguieron hasta noviembre de 1976. Los primeros en ser asesinados fueron Eduardo Daniel Bártoli, Víctor Hugo Chiavarini y María Eugenia Irazuzta. Les siguieron el 17 de mayo Diana Beatriz Fidelman, Eduardo Alberto Hernández, Miguel Angel Mozé, José Alberto Svagusa, Luis Ricardo Verón y Ricardo Alberto Yung. El 28 fusilaron a José Angel Pucheta y a Carlos Alberto Sgandurra. El 19 de junio les tocó a Mirta Noemí Abdón de Maggi, María Esther Barberis, Miguel Angel Barrera y Claudio Aníbal Zorrilla. El 30, a Marta del Carmen Rossetti de Arquiola y José Cristian Funes. El 5 de julio fue asesinado Raúl Augusto Bauducco: le dieron un balazo en la nuca en el patio del penal. Un crimen que los reclusos pudieron ver desde las ventanas de sus celdas. Y el 15 de ése mes, torturaron hasta la muerte al médico José René Moukarzel (Ver recuadro).

El 12 de agosto mataron a Gustavo Adolfo Breuil (obligaron a su hermano Eduardo a presenciar el crimen) y terminaron con la vida de Miguel Hugo Vaca Narvaja e Higinio Arnaldo Toranzo, en un descampado cerca del Chateau Carreras. Les siguieron Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa Páez de Rinaldi. Los últimos fusilamientos de éste período ocurrieron el 11 de noviembre: las víctimas fueron Miguel Angel Ceballos, Pablo Alberto Balustra, Florencio Estéban Díaz, Jorge Oscar García, Marta Juana González de Baronetto y Hugo Oscar Hubert.

La audiencia, donde se estima que tanto Videla como Menéndez hablarán, continuará el lunes.

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Impresiones

Cuarto intermedio. El público y casi todos los acusados abandonaron la sala por quince minutos. Jorge Rafael Videla decidió quedarse. Estaba solo. “¿Es que no tiene amigos adentro? ¿Menéndez no quiere ni verlo?”, se preguntaban algunos observadores desde las butacas. Allí abajo en el fondo de la sala, el hombre que antes parecía altísimo, impune, ya no lo es tanto. No sabe qué hacer con su tiempo. Camina con la ansiedad de un animal enjaulado. No tiene el paso de un anciano ni mucho menos. Hiperkinético, limpia el asiento de su butaca con la mano, acomoda papeles, se abrocha y desabrocha el saquito de lana debajo del saco, se peina el pelo gris con sus larguísimas manos. Y nunca deja de mirar. Aún ahora, desde abajo, todavía desafiante. Junto a Carlos Paillet, un colega de La Voz del Interior, nos acercamos. “¿Señor Videla, se arrepiente de algo?”, alcanzo a preguntarle. El hombre salta de su asiento presto a contestar. No ha escuchado, dice. Pide en un gesto que le repita la pregunta. Da la impresión que tiene ganas de hablar. Con quien sea. Es entonces cuando dos guardaespaldas reaccionan y cierran el paso y el ex dictador también parece darse cuenta. Niega con la cabeza. Rechaza la inquisitoria. Y el arrepentimiento.

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Los asesinatos a sangre fría de los presos políticos Raúl Augusto Bauducco, un estudiante de periodismo de 28 años, y del médico José René Moukarzel, de 26, son casos emblemáticos de la historia negra del penal de barrio San Martín. A Bauducco, luego de desmayarlo de un palazo en la cabeza, el cabo Miguel Angel Pérez lo fusiló de un balazo en la nuca enfrente de los demás presos, previo pedirle consentimiento a su superior de entonces, el teniente Enrique Mones Ruiz. Ambos están sentados entre los 27 acusados. Lo ocurrido al doctor Moukarzel es conocido por la crueldad del castigo infligido: el teniente Gustavo Adolfo Alsina (también procesado), lo habría encontrado dialogando con otro preso y, con la venia de su jefe Emilio Juan Huber, lo mandó a estaquear desnudo en el patio de la cárcel. Fue en la noche del 14 de julio de 1976. Le pusieron piedras bajo la espalda y le echaron agua fría hasta provocarle la muerte. Por su asesinato también está imputado el médico José Felipe Tavip, quien firmó un certificado de defunción que habría ocultado las causas reales de la muerte.

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Miércoles, 7 de julio de 2010.

Videla y Menéndez, dormidos en el juicio por la represión en Córdoba

Videla y Menéndez duermen durante el juicio. Foto: Marcelo Cáceres

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Profundamente dormidos. Así se quedaron, uno junto al otro y  hombro contra hombro, el ex dictador Jorge Rafael Videla y el represor Luciano Benjamín Menéndez. Ocurrió en un tramo de la audiencia de ayer, mientras un ex policía cordobés intentaba hacer su descargo por las torturas y los asesinatos que se le imputan.

“Si uno los ve así, hasta parece que no tienen la culpa de nada”, bromeó un reportero gráfico, mientras registraba la insólita imagen que se quebró abruptamente cuando a Videla se le cayó una carpeta que tenía en el regazo, y ambos se despertaron sobresaltados. Menéndez le ayudó a levantar los papeles del piso.

El sueño de los represores no fue una sorpresa: en las audiencias previas, los cuerpos de ambos acusaron el cansancio. Sólo que el ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, más entrenado en juicios (éste es el quinto desde 2008), parece haber desarrollado su propia técnica: cuando no le toca declarar o no le interesa escuchar, adopta una actitud paquidérmica de tal economía de movimientos, que se se diría que alcanza un casi estado de vida latente.

Poco después del incómodo despertar, Menéndez partió rumbo a Tucumán, donde mañana le leerán el veredicto en el juicio que se le lleva por los asesinatos cometidos en la Jefatura de Policía de ésa provincia. De allí que las audiencias cordobesas se reanudarán recién el próximo martes.

Hasta ayer, además de Videla, quien reivindicó el Terrorismo de Estado que se llevó a cabo desde 1976; y Menéndez, quien volvió a justificar los crímenes de lesa Humanidad que se les atribuyen en “la avanzada del comunismo internacional” y hasta llegó a afirmar “que como Ejército nunca atacamos a civiles”; habían declarado 20 de los 31 imputados (25 corresponden a la causa Videla ó UP1, y 6 por la “Gontero ó Menéndez”).

Los militares asentaron sus argumentos en el cumplimiento de órdenes y la obediencia debida: “A mí me pidieron que trasladara presos y eso hice”, dijo Osvaldo César Quiroga, uno de los acusados, junto a Pablo D´Aloia, de fusilar a Miguel Hugo Vaca Narvaja, Armando Toranzo y Gustavo de Breuil.

Por su parte, los ex policías del D2, la Gestapo cordobesa, intentaron echar culpas sobre la Justicia Federal de aquéllos años. Yamil Jabour, a quien se le atribuyen 9 homicidios, dijo que “por orden del Juzgado Federal Nº2, todos los detenidos debían permanecer esposados y con los ojos vendados”.

Sin embargo, por error o a propósito, quién sabe, este acusado no tuvo contemplaciones con uno de sus ex jefes, Carlos Yanicelli, a quien en Córdoba se conoce con el apodo de “El Tucán” (Ver recuadro). Lo responsabilizó por “el estado calamitoso de (Luis Ricardo)  Verón que venía sumamente golpeado y debió ser trasladado” a un hospital. La víctima era correntino, estudiaba Derecho en Córdoba, y tenía 27 años cuando lo asesinaron en un supuesto intento de fuga.

En el nombre del padre. En diálogo con Clarín, el querellante  Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien además del caso de su progenitor representa a los familiares de otras víctimas, relató que “durante el traslado” que el teniente Osvaldo Quiroga y Francisco D´Aloia, entre otros, hicieron de su padre y de otras tres víctimas desde la UP1 “en el camino los militares tiraron la moneda para ver a cuál de dos hermanos dejaban vivo para que contara lo sucedido. Fue así que Alfredo de Breuil salvó su vida”. Después del fusilamiento perpetrado cerca del Chateau Carreras en la noche del 12 de agosto de 1976, el muchacho fue obligado a ver los cuerpos sin vida de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Arnaldo Higinio Toranzo y el de su hermano  Gustavo. El sobreviviente será uno de los más importantes testigos de este juicio.

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Los apodos, una clave para identificar a torturadores.

Cuando en la segunda audiencia  el presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 Jaime Díaz Gavier preguntó a cada uno de los imputados por su nombre completo, ocupación y demás datos personales, hubo un rubro, el de los apodos, que tuvo una particular importancia. De los 31 acusados, sólo uno, el ex sargento Miguel Angel Gómez, admitió que le llaman “El Gato”. La negativa generalizada de los acusados, tiene una razón poderosa: en los campos de concentración las víctimas por lo general estaban vendadas o, si veían a los torturadores, éstos se hacían llamar por su alias. “Yo soy el Gato. Mirame bien que soy tu torturador”, declaró una mujer que le dijo éste hombre, ya condenado en diciembre de 2009; cuando lo reconoció en juicio. De allí que cuando le tocó el turno al ex jefe de la policía Carlos Alfredo Yanicelli –un hombre a quien en Córdoba se lo conoce como “El Tucán” y que fue nombrado como Director de Inteligencia Criminal por Oscar Aguad cuando era ministro de Gobierno de Ramón Mestre– la fricción con el juez fue inevitable. Es que Yanicelli adelantándose a la pregunta afirmó no tener alias. El público en la sala no pudo evitar reírse. Rápido, el presidente del tribunal le espetó que no contestara hasta no escuchar la pregunta, y le recordó que en una declaración previa él mismo había admitido que le llaman “Tucán”. El otro episodio sobre este punto lo protagonizó la única mujer que está en el banquillo de los acusados: Mirta Graciela Antón, una ex policía de 56 años, a quien se conoce como “la Cuca”. Con tono burlón, le aseguró al juez tener “muchísimos” apodos: “Cheli, Chichula, Cachula, Chechu…” ¿Y Cuca no?, inquirió Díaz Gavier. “No, ése no”, negó sin inmutarse. Cerca de ella, los represores a quienes se conoce como “El Cachorro” (Menéndez); el “Salame” (Rodríguez); y “el Turco” Yabur, entre otros, guardaban silencio.
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Martes  13 de julio 2010.

Crimen de Raúl Bauducco

Un asesinato con 40 testigos, clave en el juicio contra Videla.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“No doy más”, alcanzó a decirle Raúl Augusto Bauducco a su asesino antes de que lo fusilara en el patio de la cárcel de San Martín. El crimen de este muchacho de 28 años, estudiante de periodismo, tiene una particularidad: más de cuarenta personas atestiguarán en el juicio haberlo presenciado.

“Es el crimen con más testigos que registre la historia de esta provincia”, afirmó el abogado querellante Miguel Edgardo Martínez, quien representa a Diego Bauducco, el hijo de la víctima nacido en cautiverio, y a Dora, su ex esposa. “Lo de Raúl Bauducco fue emblemático de lo que ocurría en la UP 1 (Unidad Penitenciaria del Barrio San Martín). Cómo se maltrataba y luego se  fusilaba a la gente”.

El muchacho había nacido en Río Cuarto, era estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuando, en 1975, fue detenido junto a su mujer embarazada.

“Diego nació en la prisión el 6 de marzo de 1976, pero lo anotaron recién el 16 –sigue el abogado–. A la madre la trasladaron a Devoto y de allí, salió exiliada a Venezuela. Al bebé se lo dieron a unos familiares hasta que ella pudo recuperarlo. En la actualidad, tanto Dora, como Diego, viven fuera del país. Dora en España, y Diego en Estados Unidos”.

Las últimas horas de Raúl Bauducco, el 5 de julio de 1976, serán reconstruidas en el juicio a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 represores, por una multitud de testigos inédita.

“A mi criterio está más que comprobado lo que ocurrió –dice el abogado Miguel Edgardo Martínez— . Fue un asesinato con muchísimos ojos mirando. Es más, el cabo (Miguel Angel) Pérez confesó en los Juicios de la Verdad, pero claro, todo deberá volver a revisarse, ya que eso no cuenta y nadie puede declarar en su contra”.

Algunos de los testigos que cita el expediente coinciden: en una requisa de presos, en el patio de la cárcel, les habrían ordenado desvestirse y pararse desnudos con los brazos contra la pared. El cabo Miguel Angel Pérez –un hombre aún joven, totalmente pelado y con anteojos que ahora está sentado en la primera fila, cerca de Videla y Menéndez– pasó golpeándolos con un bastón de goma. Cuando le llegó el turno, Bauducco padeció un demoledor golpe en la cabeza y cayó desvanecido. Ensañado, Pérez le gritó varias veces que se levantara porque si no, lo mataría. El muchacho hizo varios intentos mientras el cabo siguió amenazándolo y, con la mirada, buscó la aprobación de su superior, el entonces teniente Enrique Pedro Mones Ruiz (también enjuiciado). Ni bien recibió la venia, Pérez le disparó un balazo a quemarropa en la cabeza. Decenas de presos políticos y comunes vieron el fusilamiento.

Pero la historia que se escribió desde la dirección de la Cárcel de ése momento fue muy distinta. Hasta apareció en un diario local: “Mientras se realizaba un control de rutina, el interno subversivo Raúl Augusto Bauduco trató de avalanzarse y a la vez arrebatarle el arma al Cabo Miguel Angel Pérez, quien repelió la agresión haciendo fuego dando muerte al citado interno”. Un clásico de las crónicas de la época: asesinatos a sangre fría trasvestidos en intentos de rebelión o fuga.

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Miércoles 14 de julio de 2010

Juicio a Videla: un represor acusó de “buchón” a un juez.

Marta Platía

En la cuarta jornada del juicio al máximo jerarca de la última dictadura militar, Jorge Rafael Videla, el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices –entre los que se encuentran ex agentes de la “D-2”, la Gestapo local– ocurrió lo que se esperaba: los ex policías continuaron echándole la la culpa de todo lo ocurrido en ése centro de tortura a la Justicia Federal cordobesa de aquéllos años.

Ayer, la punta de lanza de esta estrategia fue el ex comisario Carlos Yanicelli, alias “El Tucán”, quien afirmó que “el señor (Luis Roberto) Rueda desde que era pinche (en la Justicia) trabajaba para los servicios de inteligencia”. Rueda no es otro que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien más tarde salió a desmentir lo dicho por el reo (ver Recuadro).

Yanicelli, acusado de secuestrar, torturar y asesinar a presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tanto en la D-2 como en la UP1; pretendió refrendar sus dichos exhibiendo una foto en colores en la que aparece un joven Rueda, junto al “vicecomodoro Amedei; el vicecomodoro Trillo y el doctor Víctor Trillo”, detalló. Sobre éste último, dijo que “ahora es un funcionario de (Juan) Schiaretti y ha sido de toda la vida del Servicio de Inteligencia aeronáutico”. Por la tarde, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia negaron que el abogado ocupe “ningún cargo ni cumpla función alguna en el gobierno”.

El imputado le solicitó al juez Jaime Díaz Gavier ser “careado con los funcionarios judiciales y demás personas que me acusan”–entre ellos un ex detenido que reside en Londres, Charlie Moore–; y aseguró que “el D-2 nunca fue un centro clandestino, porque ellos (la justicia federal) conocían el movimiento de todos los detenidos esposados y vendados porque ésas eran las directivas impartidas”.

Yanicelli –quien en plena democracia fue nombrado como Director de Inteligencia Criminal por el actual diputado Oscar Aguad cuando era ministro de Gobierno de Ramón Mestre–fue la punta del iceberg de un ataque a la Justicia que continuaron cimentando sus colegas.

Es que blanco sobre negro, en este proceso por el fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del PEN, mientras que la estrategia de los ex militares es abrazarse a la obediencia debida –con excepción de Videla, quien reivindicó el Terrorismo de Estado y se responsabilizó por sus tropas, y Luciano Benjamín Menéndez–; los ex D-2 le cargan todas las culpas a la Justicia Federal de entonces.

Los que aceptaron declarar, se autodefinieron, por poco, como simples “empleados de 7 a 14” que oficiaban de “comisionados en traslados” y “cumplían tareas administrativas”.

Casi al final de la jornada, y con la intervención de dos de los abogados defensores, la estrategia culminó en un claro movimiento de pinzas: pidieron que se indague “ampliamente” a la ex Jueza Federal N° 3, Cristina Garzón de Lascano. Argumentaron que ya que “ella fue quien instruyó esta causa” todo podría estar viciado “de su parcialidad” por lo que pedirían “la nulidad de todo lo actuado” y, por lo tanto, del juicio.

En ese intento de encerrona, quien le hizo un flaco favor a sus pares fue el defensor Jorge Agüero –un penalista que se hacía llamar “El Mesías” en afiches callejeros en los que aparecía armado– quien citó “testimonios”, entre ellos el del “capitán Acosta” que aseguran que la ex jueza “habría torturado a un masculino (sic) con picana”. Un argumento tan descabellado que sólo mereció gestos de fastidio colectivo en la sala. El juicio continuará mañana con los primeros cuatro testigos de los fusilamientos.

Rueda negó la acusación del ex policía.

“El doctor Luis Rueda ingresó a la Justicia Federal recién en abril de 1977, y los hechos del juicio que se está tramitando ocurrieron (entre abril y noviembre de) 1976. Así que los dichos de Yamil Jabour y de Carlos Yanicelli, son falsos desde su cronología. Rueda no existía en el fuero Federal cuando ocurrieron los crímenes”, afirmó a Clarín José D´Antona, el abogado que designó el Camarista. D´Antona aseguró que “en 1985, cuando fue nombrado Fiscal Federal, tuvo el consentimiento de la CONADEP”. Según su relato: “En 1988, cuando (Luciano Benjamín) Menéndez era otro y no se quedaba dormido en los juicios, Rueda le atribuyó más de 35 delitos, entre ellos la tortura y fusilamiento de Marta Baronetto (una de las 31 víctimas de la UP1). ¿Y por qué Yanicelli lo ataca? “Es que en 1993, cuando este hombre era jefe de Toxicomanía de la Policía, lo metió preso por haber robado droga”. Sobre la foto, explicó que “Rueda fue amigo y compañero durante toda la primaria y secundaria de Víctor Trillo. Así que de ése tipo de fotos, con ambos hermanos (uno de ellos, el mayor era de la Aeronáutica) debe haber varias”.

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Jueves, 15 de julio 2010

Declaró el primer testigo en el juicio a Videla en Córdoba.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

La declaración del primero de los testigos en el juicio contra los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 acusados por crímenes de lesa Humanidad, fue tan extensa como reveladora.

La hizo Luis “Vitín” Baronetto, el actual secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad local, quien es a la vez es testigo y víctima.

En la noche del 15 de agosto de 1975 lo secuestraron junto a su esposa embarazada, Marta Juana González, una de los 31 presos políticos fusilados en la cárcel de Barrio San Martín. El logró sobrevivir, y lo liberaron recién en 1983, desde la cárcel “del fin del Mundo”, en Rawson.

Baronetto, quien era un líder barrial y militaba en el “Peronismo Auténtico” relató que “esa madrugada un grupo asaltó nuestra casa en barrio Libertador, nos pusieron capuchas, nos tiraron en autos y nos llevaron a la D-2. Lo supimos por las campanadas (de la Catedral cordobesa, que está a pocos metros). Cuando llegamos, nos torturaron”. El hombre identificó, entre sus verdugos, a ex policías presentes en la sala: Ricardo Cayetano Rocha y al ex comisario Carlos Yanicelli, conocido como “el Tucán”, quien en la jornada previa acusó a un camarista de “servicio de inteligencia” y aseguró “no haber torturado nunca a nadie”.

Sin autocompasión y con abundantes detalles y nombres, la exposición de Baronetto fue la de un viejo militante que habló siempre en plural de sus “compañeros de prisión”, y que a pesar de haber sufrido torturas en carne propia y haber perdido a su mujer –al hijo nacido en cautiverio lo dieron a unos familiares– se mostró preocupado en no dejar a nadie, ni víctimas ni torturadores, fuera de su memoria.

Contó cómo las condiciones de su encierro se endurecieron con el arribo a la jefatura de policía de (Juan Bautista) Sasiaíñ, y cómo este militar “llegó un día vestido de civil y nos dijo: ´Están todos condenados a muerte. Pero no se pongan contentos porque los vamos a matar lento como a las ratas, para que se arrepientan de haber nacido´. Nosotros pensamos que era una bravuconada, pero no”. Lo que siguió fueron los “trece hechos” de fusilamientos de los que Baronetto y sus compañeros se iban enterando por los que lograban sobrevivir, lo que contaban los carceleros y por “una radio que teníamos encanutada debajo del piso de la celda”. El testigo también apuntó a “complicidad” de la Justicia Federal: nombró en varias oportunidades al juez (Adolfo) Zamboni Ledesma, y a su entonces secretario, el ex juez federal Carlos Otero Alvarez, quienes lo visitaron en la cárcel, escucharon sus reclamos pero habrían hecho poco y nada para ayudarle.

La noticia del asesinato de su mujer le llegó a su celda “la número 2” de parte de un preso que le escribió “una larga carta en un rollo de papel higiénico”. Un artículo de lujo en las condiciones infrahumanas a las que tanto él como sus compañeros de tormento fueron sometidos.

Pese a que se creía que tanto Videla como Menéndez se retirarían de la sala a partir de los testimonios –los asiste el derecho de ver todo en la pantalla de una sala contigua hasta el día del veredicto– ambos permanecieron en sus butacas. Y esta vez no se durmieron.

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Viernes 16 de julio de 2010

Más relatos familiares en el juicio contra Videla y Menéndez

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“Cuando fui a buscar el cuerpo de mi esposo a la morgue, sentí cómo cortaban huesos. Yo había visto una sierra de carnicería. Me lo entregaron en un cajón cerrado. No sé si lo cortaron en pedazos, pero durante años no pude ir ni pasar por el frente de una carnicería”, contó como pudo Rosario Rodriguez, la esposa del fusilado Pablo Balustra.

Ayer, en la sexta jornada del juicio por crímenes de Lesa Humanidad contra los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 sicarios de la última dictadura militar; a la palabra la tuvieron cuatro mujeres. Y los jerarcas prefirieron seguir el juicio en una sala contigua.

Un nombre se repitió en tres de los testimonios: el del ya muerto Cardenal Raúl Francisco Primatesta, y al que acudieron por ayuda, aunque sin ningún resultado. ¿Otro punto en común? Cadáveres mutilados devueltos “a cajón cerrado” que los familiares abrieron.

Por la mañana declaró María Cristina Díaz, hija del sindicalista Florencio Esteban Díaz — de activa participación en el Córdobazo, el 29 de mayo de 1969–, y luego, ella misma, presa política. “Mi hermano fue el que lo reconoció cerca de una pila de cadáveres. Tenía varios balazos, lo habían castrado y le faltaba un brazo completo. Parece que antes del fusilamiento, el 11 de octubre de 1976, lo torturaron”. Un año después de que lograron enterrarlo, la hija fue a visitar la tumba del padre en el cementerio de San Vicente. “Los militares estaban por todos lados. Rodeaban una zona cerca de lo que hoy es el crematorio”. La mujer, que poco después fue secuestrada y torturada en el D-2 (la Gestapo cordobesa), está convencida de que “abajo del crematorio, debe haber otra fosa común” aún sin descubrir.

Ya en la tarde, luego de Marta Díaz, la esposa de Daniel Bártoli; y antes de Miriam Funes, hermana de José Cristian, un obrero metalúrgico asesinado a los 24 años; declaró Rosario de Balustra.

Su testimonio fue de los más duros que se hayan escuchado.  A Pablo Alberto Balustra –según contó Luis Baronetto el miércoles– lo habían dejado cuadripléjico en una violentísima sesión de tortura. La mujer debió hacer varias pausas para poder relatar su historia. Recordó que la última vez que vio a su esposo vivo, “estaba atado a la cama del hospital de un brazo y una pierna” a pesar de que el médico que lo atendía ”dijo que tenía una hemiplejía irreversible”. Cuando vio su cadáver en la morgue “tenía los pelos llenos de pasto y arena, la barba sucia y lo peor es que le faltaba el ojo izquierdo.”, sollozó. La conclusión todavía le resulta intolerable: el 11 de octubre de 1976, aún destruido físicamente, lo llevaron con otros cinco presos de la UP1 a algún baldío de la ciudad para fusilarlo y simular las fugas que jamás existieron.

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Miércoles 21 de julio de 2010.

Crudo relato en el juicio a Videla del asesinato de los Vaca Narvaja

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Alfredo de Breuil tiene ahora 60 años. Ayer, ante la mirada de reojo del represor Jorge Rafael Videla contó los últimos momentos de la vida de Gustavo de Breuil, su hermano menor; deHiginio Toranzo , un militante del PJ, y de Miguel Hugo Vaca Narvaja: hermano de la ex diputada y designada embajador en México Patricia Vaca Narvaja, y de Fernando, uno de los líderes de Montoneros.

Alfredo le debe su vida a un juego perverso: los fusiladores arrojaron una moneda al aire para ver a cuál de los hermanos dejaban vivo. ¿La idea? Que volviera a la cárcel y les contara a los presos políticos lo que les sucedería.

Ocurrió el 12 de agosto de 1976: “Nos sacaron de la penitenciaría (la UP1) en dos autos, esposados, amordazados y atados los pies (…). Cuando llegamos al lugar –estima que es un sitio cercano al actual estadio del Chateau Carreras— a mí no me bajan. Sí a los otros. Se sienten infinidad de disparos… El “Capitán” (según la acusación sería el entonces teniente primero Osvaldo Quiroga) dice que los desaten, y recojan las vainas. Alguien me desata los pies, me bajan. Uno que parecía estar muy nervioso, me toma del brazo y me dice que me va a sacar la venda y la mordaza. Que no diga nada. Que siempre mirara hacia abajo. Lo primero que veo es el cuerpo de Vaca Narvaja.

Después el de Toranzo, y por último el de mi hermano Gustavo… Todos estaban boca arriba”.

De la escena y el momento del crimen puede dar fe del nombre de otro de los imputados: Francisco Pablo D´Aloia, a quien uno de sus subordinados nombró preguntándole si jugaría al fútbol ese fin de semana. “Imbécil ¿no ves que acá tenemos terroristas subversivos?”, reprendió, el hoy imputado, furioso de que lo hayan identificado.

De Breuil recordó que “antes de que nos trasladaran, el que llamaban Capitán habló mucho. Nos dijo que era “un mal día” para nosotros y dijo cosas muy feas del padre de Vaca Narvaja. Recuerdo que él lo defendió con una enorme dignidad”.

Miguel Hugo Vaca Narvaja tenía sólo 35 años cuando lo detuvieron en la escalinata de los tribunales de Córdoba cuando había concurrido a defender a un preso político. Había ocupado un cargo en el gobierno de Ricardo Obregón Cano y era papá de tres hijos: Miguel Hugo, que hoy es uno de los abogados querellantes; Hernán, director de una revista de Río Cuarto, y Carolina. A su vez, el padre del fusilado, Hugo Vaca Narvaja, ex ministro del Interior de Frondizi, había sido secuestrado un par de semanas antes de la detención del hijo.

Lo decapitaron y su cabeza apareció tirada en una bolsa de nailon. Luego de todo esto, la familia debió exiliarse en México.

Los fusiladores devolvieron a De Breuil a la UP1, donde contó lo sucedido. Entre los presos estaba Jorge, otro de sus hermanos. “De la violenta redada que hicieron en mi casa; mi hermana se salvó de que se la llevaran gracias a mi madre: es que ella tiraba de un brazo y uno de los militares del otro hasta que otro le dijo: “Má sí, dejále la chinita”.

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Jueves, 22 de julio de 2010.

El policía que se negó a picanear y fue torturado por sus colegas

Se trata de Luis Urquiza. Relató cómo lo secuestraron y luego se exilió.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal

Aunque dormitaba de a ratos, el represor Jorge Rafael Videla escuchó ayer el testimonio completo de un ex policía que fue torturado por sus propios colegas. El hombre reconoció en la sala a cinco de sus verdugos: Carlos Yanicelli, alias “Tucán”; Yamil Jabour; Mirta Antón, apodada “la Cuca”; Gustavo Salgado y a Miguel Angel Gómez, a quien le gustaba identificarse ante sus víctimas como “el Gato”.

“Para todos ellos yo era zurdo sólo porque estudiaba psicología en la Universidad. Encima, no compartía su concepto de ser policías”, contó Luis Alberto Urquiza, un ex agente que, como otros seis compañeros, fue secuestrado y torturado por sus camaradas del Departamento de Informaciones, el siniestro “D-2”;  luego llevado a al Campo de la Ribera –el segundo en jerarquía luego de La Perla– y finalmente a la UP1, donde quedó a disposición del PEN.

Entre otras cosas, el entonces joven policía se negó a atormentar prisioneros y, por caso: “A llevar dos armas, tal como nos habían indicado: una era para dispararles a los sospechosos; y la otra para dejársela al cadáver, si no estaba armado y así simular un enfrentamiento”.

Urquiza ya tiene 54 años y vive en Dinamarca, adonde partió exiliado en 1978, aunque regresó con “la Democracia en el ´84”, y luego vivió tres años en Córdoba: “Desde el 94 al ´97 cuando tuve que volver a exiliarme ya que Oscar Aguad que era ministro de Ramón Mestre, me dijo que no podría garantizar mi seguridad”.  Esto motivó que María Elba Martínez, de la querella, solicitara al juez que cite al diputado nacional como testigo.

Su historia forma parte de la llamada causa “Menéndez-ex Gontero”, en la que está acusado Luciano Benjamín Menéndez como principal responsable. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército escuchó a la víctima desde una sala contigua. Urquiza fue secuestrado el 12 de noviembre de 1976, junto a su esposa embarazada. “Nos llevaron al D-2 –relató– y ahí Yabour, Yanicelli me pegaban en la cabeza con una pelota de arena. Cuando me caía, me levantaban de los pelos”. Uno de sus jefes, Gontero, “me vio tirado en un pasillo, me gritó ´traidor hijo de puta´y me disparó tres veces. Yo sentí una cosa caliente en mi rodilla. Era un balazo. Me hizo parar y con un cuchillo, me rompió el pantalón y me metió el dedo en la herida y después hasta una lapicera. Me decía que no era nada. Y que si me caía, me remataban en el piso”.

Uno de los peores tormentos para este hombre, que luego fue trasladado al penal de San Martín, fue cuando le permitieron ir al velorio de su madre: “Mi familia conocía al padre Luchesse, que era el capellán de la cárcel. El consiguió el permiso. Yo hubiera preferido no ir. Me llevaron encadenado, coparon la casa donde la velaban y la de los vecinos. Antes, un militar me dijo que si veían cualquier cosa sospechosa barrían con todos”.

El testigo hizo un croquis detallado de cómo eran las dependencias de la D-2 frente al juez Jaime Díaz Gavier, y recordó con amargura sus fallidos intentos de volver a vivir en el país: “Volví en el ´84, ya no tenía el lazo con mi mujer. De vuelta en Dinamarca, me volví a casar y tuve a mis dos hijas. En el ´94, logré hacer una casa en Villa Allende, pero en el ´97 tuve que volver a exiliarme. Vi con desesperación que los que me torturaron estaban sueltos y tenían altos cargos en la policía, y las autoridades no pudieron o no tuvieron voluntad política para protegerme”. Su historia está en el libro “La sombra azul”, del periodista cordobés Mariano Saravia a quien, ni bien lo publicó en 2005, también amenazaron de muerte.

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Viernes 23 de julio de 2010.

Involucran a un ex carapintada en la represión en Córdoba

Se trata del “Nabo” Barreiro. Un testigo reveló que lo vio en un centro de tortura.

Mirada. El ex dictador Jorge Videla, ayer en el juicio que se le sigue en Córdoba por los crímenes de la cárcel de San Martín y la D-2. Foto: AP.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Jorge de Breuil reveló ayer en el juicio contra los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, haber visto al ex mayor del Ejército, Ernesto Guillermo Barreiro, alias “el Nabo”, en el Campo de la Ribera, que era el segundo en jerarquía luego de centro clandestino de torturas de La Perla.

Barreiro fue el primero que se levantó en Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987, rebelión que lideró el ex teniente coronel Aldo Rico.

Hasta ahora Barreiro no figura como imputado en la causa Videla-UP1, y es la primera vez que se lo menciona en este juicio oral y público.

Jorge de Breuil es hermano de Eduardo, quien el martes contó cómo se salvó de ser fusilado junto a Miguel Hugo Vaca Narvaja e Higinio Toranzo, porque los militares arrojaron una moneda para decidir si lo mataban a él o a Gustavo.

El tercero de los de Breuil relató que “desde la UP1, el 7 de septiembre nos trasladaron al Campo de la Ribera”. Según recordó, fue torturado durante horas, siempre con los ojos vendados.

“Al día siguiente, me sacan de la celda y me tiran a un patio de tierra, Ahí alguien me pregunta qué me había parecido la orgía de sangre que hicieron con mi hermano Gustavo y con Vaca Narvaja ; y que iban a hacer lo mismo con mi padre”.

Miguel Vaca Narvaja era el hermano de la embajadora en México Patricia Vaja Narvaja y del ex líder montonero Fernando Vaca Narvaja.

Cuando la víctima intentó levantarse, se le corrió “la venda de trapo que tenía en los ojos” y pudo ver la cara de Ernesto “Barreiro y su insignia de capitán”.

Sus declaraciones, en cuanto a los tormentos sufridos en la UP1, tuvieron muchos puntos de contacto con los del testigo de la tarde, Fermín Rivera: un hombre que fue detenido en 1974, acusado de participar en el copamiento de la fábrica de Armas de Villa María; y liberado recién en 1983.

Rivera y De Breuil vieron con sus propios ojos el fusilamiento de Raúl “Paco” Bauducco a cargo del entonces cabo Miguel Angel Pérez, y con la venia de Enrique Mones Ruiz. También reconocieron a Gustavo Adolfo Alsina como el “estaqueador” de José René Moukarzel.

Fermín Rivera, fue testigo de ése crimen de un modo muy particular: él mismo estaba hemipléjico por una feroz paliza en la enfermería del penal, y desde allí podía escuchar “un ronquido terrible, un estertor muy fuerte en el patio. Moukarzel era un tipo que medía casi dos metros, era asmático y en el silencio de esa noche de invierno podíamos escucharlo en el patio”.

Rivera describió que “entrada la noche, llegaron con su cuerpo y lo tiraron en una camilla cerca de la mía. Un enfermero, Fonseca, que era un hombre piadoso, le quiso ayudar. Pero Alsina lo golpeó y le gritó: Dejalo que se atienda solo, total es médico”.

En estos centros de tortura, tanto Alsina, como el cabo Pérez, y el “Gato” Miguel Angel Pérez, eran “famosos por su crueldad”, coincidieron.

Según afirmó Rivera, “los propios conscriptos contaban cómo por cualquier falta, Alsina disfrutaba estaqueando gente. Y que incluso, llegó a hacerlo con una presa de la UP1”.

El testimonio de Aguad

Uo de los fiscales del juicio contra Videla y Menéndez, Maximiliano Hairabedián, afirmó ayer que el testimonio del diputado nacional de la UCR, Oscar Aguad en la causa “no es útil ni pertinente”. Además, consideró que la petición de la abogada del ex policía Luis Urquiza, María Elba Martínez, para que se cite a Aguad como testigo en el juicio, “no debería ser admitido por el tribunal”, que todavía no se pronunció. Urquiza en su testimonio del miércoles había señalado a Aguad como responsable de haber mantenido en la policía de la provincia a Carlos “Tucán” Yanicelli, uno de sus torturadores del D-2. Aguad dijo ayer “nunca protegimos a nadie” como ministro del gobernador Ramón Mestre.

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Miércoles 28 de julio de 2010.

Adulteran carteles de La Perla

Foto: Daniel Cáceres.

Es la primera manifestación concreta en contra del Juicio a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez: ayer, ni bien amaneció, los carteles de ruta que llevan al Museo de la Memoria del ex campo de Concentración de La Perla, el más grande centro de tortura de ésta provincia, donde asesinaron a más de 2.300 personas; aparecieron adulterados. Manos prolijas, dedicadas, sepultaron bajo látex opaco las palabras “memoria” y “ex centro clandestino”, de modo que sólo se lea, en letras blancas, La Perla. “No tenemos dudas, con ésto intentan intimidarnos, borrar la memoria. Pero quienes sean los responsables, ya deberían saberlo: es demasiado tarde para volver atrás”, le dijo a Clarín Emiliano Fessia, director del Museo de la Memoria de La Perla que se inauguró el 24 de marzo de 2009.

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Viernes, 30 de julio de 2010.

Tres muertes clave marcan el juicio a Videla y Menéndez

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Hay tres crímenes que son clave en el juicio que se les lleva a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices, por fusilar a 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en una cárcel cordobesa entre abril y noviembre de 1976.

Son los de Raúl Bauducco; Miguel Hugo Vaca Narvaja, acribillado junto a dos compañeros; y el del médico santiagueño René Moukarzel.

De forma más o menos detallada, los 15 testigos que ya se sentaron frente al tribunal que preside Jaime Díaz Gavier, se refirieron a ellos; así como echaron sombras –y acusaciones directas– sobre la actuación durante la dictadura, de algunos funcionarios de la Justicia Federal, y del ya muerto Cardenal Raúl Francisco Primatesta.

¿Qué distingue a estos asesinatos? La saña con la que fueron cometidos y la cantidad de testigos que sobrevivieron para contarlos.

En el caso de Bauducco hay más de cuarenta personas –entre presos comunes y políticos—que pueden dar fe de su asesinato a quemarropa en una requisa en el patio de la cárcel de San Martín. En el de Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil, al hermano de éste último, Eduardo, lo dejaron vivo sólo para que contara, al regresar a la prisión, el destino que les esperaba a todos. En cuanto al crimen del doctor Mouzarkel, la crueldad y el modo que eligió el verdugo para matarlo: lo estaqueó desnudo en el patio del penal en pleno invierno.

En las últimas jornadas, un coro de voces ha reconstruído las últimas horas de este hombre cuyo suplicio algunos vieron por las rendijas de las ventanas, y otros escucharon desde la oscuridad de sus celdas.

“Lo estaqueó (Gustavo Adolfo) Alsina el 14 de julio (de 1976). Moukarzel era un hombre de unos dos metros de estatura y, como era solidario y encima médico, lo respetaban desde los presos hasta la gente del servicio penitenciario”, contó Fermín Rivera, un ex detenido político al que habían dejado hemipléjico luego de una sesión de torturas, y oyó sus quejidos desde una camilla de la enfermería. “Era terrible. Como era asmático, se podían oír sus estertores, su lucha por respirar en el silencio de la noche”. ¿La falta? Le había aceptado una bolsa con sal a un preso común. Alsina se había ocultado para pescarlo in fraganti: los detenidos tenían prohibido comunicarse o intercambiar cosas.

“Le habían puesto piedras debajo de la espalda y le echaban baldazos de agua para que se muriera congelado”, contó el enfermero de la cárcel, Julio Eduardo Fonseca, quien recordó el miércoles frente al juez que “a la tarde Alsina me llamó y me pidió que lo vea. Lo estamos matando a Moukarzel, me dijo”.

Cuando al anochecer lo llevaron a la enfermería mediomuerto, Fonseca intentó ayudarlo: “No pude. Alsina me empujó contra una pileta. Que se atienda solo, total es médico, me dijo”. El hombre –quien admitió que aún tiene miedo por todo lo que vio desde su puesto– coincidió con lo dicho por Rivera, que fue el otro testigo directo. “Alsina estaba como loco con él. Le saltaba encima y aún después de muerto le siguió pegando patadas y se mataba de risa. La pagaste, hijo de puta, le gritaba”.

Cuando el abogado defensor del imputado le preguntó a Fermín Rivera si estaba seguro de que se trataba de su cliente y no de otra persona, el ex detenido le respondió: “Mire, pasaron treinta y cuatro años. Hay cosas que no recuerdo con precisión; otras que incorporé como propias de compañeros que me las contaron; pero hay otras de las que no me puedo olvidar, y una de ésas es al teniente Alsina”.

Luego de esto, un ex compañero del militar que pidió reserva para su nombre, le confió a Clarín que “él siempre ha disfrutado de estaquear gente. Lo hacía con los conscriptos a su cargo”.

A propósito de este crimen, al menos cuatro testigos revelaron que días después, Alsina, autodefinido como veterano de la Guerra de Malvinas, “estaqueó a una mujer en el mismo penal”.  La víctima sobrevivió y es una de los 128 testigos que están esperando para declarar en el juicio más grande y trascendente de la historia cordobesa.

Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, en tanto, cuando no se duermen en sus butacas –algo que se les ha vuelto hábito– escuchan impertérritos los delitos cometidos por los subordinados de lo que ambos coincidieron en definir como su “ejército victorioso”.

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Una ex detenida enfrentó a Videla en el juicio oral

Soledad García le reclamó cara a cara por su compañero desaparecido

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Por primera vez en lo que va del juicio, una mujer enfrentó cara a cara a  Jorge Rafael Videla y lo confrontó su sentencia de 1977, cuando el entonces dictador dijo ante un grupo de periodistas extranjeros, aquéllo de “los desaparecidos no están, no existen, no son. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”.

Soledad García, ex presa política y una de las principales dirigentes del gremio de los maestros de Córdoba, le espetó: “No señor. No son una entelequia. Ellos tenían vida y ustedes se las quitaron.  Tenían proyectos y ustedes los llevaron a la muerte. Ahora, que ya que nada puede reparar lo que pasó, que no les puedo pedir coraje civil, ni humanidad, por lo menos demuestren que les queda algo de honor y dígannos dónde están sus cuerpos. Dónde están los datos. Devuelvan los nietos a las abuelas que están vivas. Devuélvanme el cuerpo de mi compañero (Eduardo Requena). Muestren un resto de humanidad”, le reclamó. Videla no dejó de mirarla aunque, incómodo, se revolvía en su butaca.

Reconocida en esta provincia por su firmeza y militancia, Soledad García recordó cómo la secuestró una patota de unos doce hombres de civil el 9 de marzo de 1976, cuando iba a una reunión en su Citroën que “fue interceptado cerca de la Fiat , en Ferreyra”. Cómo la torturaron en la D-2 , y las condiciones de terror que vivió en la cárcel de San Martín, donde 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) fueron asesinados en supuestas fugas.

En el pabellón de mujeres, “el 14”, García detalló cómo — junto a otras presas– fue sometida a tormentos, “requisas vejatorias” y al menos en dos oportunidades, las sacaron al patio, las desnudaron y simularon fusilamientos.

“Yo ví cómo torturaron a (René) Moukarzel; y cómo se ensañaron con Diana Beatriz Fidelman, por ser judía. La insultaban y la amenazaban de muerte todo el tiempo”, detalló. También contó acerca de los partos de sus compañeras en la prisión,  y citó los de Marta del Carmen Rosetti de Arquiola, y Marta Juana González de Baronetto, cuyos bebés “gatearon en los pisos de la cárcel”. Ambas fueron asesinadas. “Con Marta (de Baronetto) cantábamos para darle ánimos a las demás, de celda a celda. La poesía fue para mí un arma para sobrevivir”, remarcó.

Por la tarde declaró Gloria Alicia Di Rienzo, otra ex presa, quien coincidió con ella en los tormentos sufridos. Entre sus torturadores reconoció a la única mujer entre los 31 acusados, Mirta “Cuca” Antón, quien trabajaba en el D-2, “y tenía especial predilección por retorcerme los pezones”, acusó.

Di Rienzo y Soledad García precisaron los detalles del traslado a la cárcel de Devoto “en un avión muy frío, atadas, tiradas en el piso, nos gritaban que en cualquier momento nos iban a tirar al río”.

En  su testimonio, Di Rienzo se emocionó –y a la gente en la sala– cuando recordó las últimas horas del doctor René Moukarzel: “El estaqueador (Gustavo Adolfo Alsina) quería que él gritara viva el ejército, muera Cuba. El no lo hizo. Pasaron horas y horas. No dijo nada. Llegó la noche y se escuchaban sus quejidos… Qué triste es la victoria para un verdugo cuando la víctima no se rinde”.

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Domingo 8 de agosto de 2010.

Juicio a Videla y Menéndez

Las mujeres hablan, los represores se esconden

Soledad García Quiroga. Foto: Marcelo Cáceres.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Nada es lo mismo cuando una testigo mujer aparece en la escena del juicio. Luego de los reconocimientos de rigor, la mayoría de los represores piden al juez ejercer su derecho de pasar a una sala contigua y observar por un circuito cerrado de televisión.

Y tienen porqué. A diferencia de los hombres, las ex detenidas les enrostran dolores y delitos, como hizo la líder docente Soledad García ante el mismísimo Jorge Rafael Videla: “Los desaparecidos no eran una entelequia –como él declaró en 1977– tenían vida y ustedes se las quitaron”. O Stella Grafeuille, que en la audiencia del miércoles se paró frente al represor Enrique Mones Ruiz, y le obligó: “¡Míreme, por favor!”, cuando el reo se empeñaba en mantener la cabeza baja, la cara semioculta en una de sus manos.

No debe ser fácil enfrentarlas, ni aún para quienes parecen convencidos y no expresan –o demuestran– arrepentimiento alguno.

Según coinciden los testimonios de las cuatro sobrevivientes de la causa que declararon hasta ahora, las mujeres de la UP1 parían esposadas a la cama, los ojos vendados, como Marta González de Baronetto; a quien fusilaron el 11 de octubre de 1976; y habían torturado poco después de dar a luz. “Mientras la picaneaban –afirmó su esposo y ex detenido– le hacían tocar unos dedos. Le decían que eran de la manito que le habían cortado al bebé apenas nacido”.

Las mujeres de la UP1, eran vejadas: “Nos desnudaban y hacían simulacros de fusilamiento en el patio de la cárcel. Nos manoseaban”, declaró Gloria Alicia Di Rienzo. Y a diferencia de las celdas de los hombres, cuyas puertas y ventanas fueron selladas para que no vieran lo que ocurría afuera; a ellas hasta les abrían los postigos de par en par para que observaran los tormentos. Así, Stella y Gloria vieron cómo torturaban al médico René Moukarzel, a quien estaquearon hasta la muerte. “(Gustavo Adolfo) Alsina me dijo que eso pasaría con nosotros. Yo no lloré porque sabía que si lo hacía, me podían matar”, recordó Grafeuille. “Yo ví cómo se llevaban a Marta Rosetti de Arquiola –declaró Gloria–. Cuando iba por la mitad del patio, y aunque ella sabía que la iban a matar, volteó la cabeza y me sonrió. Esa sonrisa dio fuerzas para resistir. Fue un deber para sobrevivir”.

Las mujeres de la UP1 se cantaban de celda a celda para darse ánimos. “Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja/ como un aullido interminable/ interminable./ Nunca te quedes ni te apartes/ junto al camino nunca digas/ no puedo más y aquí me quedo/ y aquí me quedo/”, Soledad García había elegido Palabras para Julia, del poeta Juan Goytisolo. Y las que podían la acompañaban. Una canción que en medio del horror viajó hasta el campo de concentración de La Perla, según contó años después otro detenido, Eduardo Porta, a la periodista María Rosa Grotti. Las jóvenes prisioneras que llegaban desde la UP1 la llevaban consigo como único equipaje y consigna.

Las presas de la UP1, cuando les daban permiso para ir al baño, “5 minutos por día”, debían elegir entre ducharse o usar el inodoro: “Y preferíamos bañarnos, así nos sentíamos más vivas, más seres humanos”, explicó Norma San Nicolás.

Las mujeres de la UP1, dicen, resistieron pensando en las que mataron –como a Diana Fidelman “con quien se ensañaron por ser judía”; en los hijos, “algunos gatearon en el penal”; en el compañero y en las de afuera. Las que “patalearon en los cuarteles, rogaron ante la Iglesia, o le dieron vueltas a la Plaza”, como Rosario, la esposa de Pablo Balustra que antes de terminar su testimonio –uno de los más estremecedores que se hayan escuchado– agradeció “la oportunidad de hacer el duelo y creer en la Justicia”. ¿Los imputados? Con Videla y Menéndez a la cabeza, sólo se atrevieron a verla por tevé.

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La causa. Los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices, están imputados por el fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en la cárcel cordobesa de San Martín entre abril y noviembre de 1976; y por las torturas a seis policías en la D-2.

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Jueves 5 de agosto de 2010.

Córdoba: el Juez Garzón asistirá al juicio a Videla

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Baltazar Garzón, el juez español que abrió el dique a los procesos judiciales contra los represores argentinos en su país cuando aquí las leyes de Obediencia Debida y Punto Final los volvían imposibles, asistirá el martes al juicio que se le sigue a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices por delitos de lesa humanidad.

Será la tercera vez que Garzón visite Córdoba. Antes lo hizo en 2003, cuando le entregaron el título doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba, y en 2008 cuando, acompañado por el gobernador Juan Schiaretti, recorrió el campo de concentración de La Perla , hoy Museo de la Memoria.

En diálogo con Clarín, Claudio Orosz, uno de los querellantes en el actual juicio al ex dictador Jorge Rafael Videla –y en los dos que condenaron a perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez– le dijo a Clarín que “además de que su sola presencia  engalana la ciudad, fue esencial para que en Argentina se tomara conciencia que esto se había transformado en una gran cárcel para los represores. Si salían de las fronteras, sabían que automáticamente iban a ser detenidos y deportados a España, porque tenían captura librada por la Interpol. Esto ayudó a que nuestros funcionarios comprendieran que había que cumplir con nuestra obligación internacional de juzgar a tamaños criminales”.

En esta oportunidad, Baltazar Garzón llegará acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, con quien ya compartido en las últimas semanas, varios actos. Entre ellos, el homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA.

Aunque goza de un gran prestigio internacional, el juez Garzón fue suspendido por la Justicia de su país por “presunta prevaricación al investigar crímenes cometidos por el franquismo”. Una medida que le ha valido a la justicia española, el repudio interno y externo, ya que ha sido interpretada como una excusa para no revisar el pasado y a los responsables vivos de los asesinatos perpetrados por las huestes del dictador Francisco Franco Bahamonde desde 1939, hasta noviembre de 1975.

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Consejo

Sorpresa en la sala. Ocurrió ayer ni bien comenzó la audiencia en el juicio a Rafael Videla. Uno de los imputados, Gustavo Adolfo Alsina, acusado entre otros crímenes de estaquear hasta la muerte a un médico, intentó hablar por tercera vez. En las dos anteriores, se había extendido durante horas. Ayer, ni bien se disponía a arrancar, la mayor parte del público y los abogados querellantes se levantaron de sus asientos y se retiraron de la sala. Abochornado, el reo desistió “por consejo de su defensor”.

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Miércoles 11 de agosto de 2010.

Entre vivas a las falanges fascistas del dictador Francisco Franco

Seguidores de Menéndez insultan a Garzón en Córdoba y hubo incidentes

Baltazar Garzón en el juicio a Videla. Foto: Daniel Cáceres.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“Intenso”, fue la palabra que eligió el juez español Baltazar Garzón para calificar su paso por Córdoba. Y el adjetivo pareció más que acertado, ya que en pocas horas el hombre que con sus investigaciones desde 1996 le abrió el cauce a los juicios por crímenes de lesa Humanidad en la Argentina, recogió aplausos y homenajes; se reunió con el gobernador Juan Schiaretti; padeció el repudio –silencioso, masivo– de los represores; y hasta los insultos y gritos de una pareja simpatizante de los reos. Uno de los cuales hasta le pegó a un periodista.

A las diez de la mañana, acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el juez Garzón se sentó en una butaca detrás de la jaula de cristal que protege al ex dictador Jorge Rafael Videla, al represor Luciano Benjamín Menéndez y a otros 29 cómplices acusados de fusilar en una cárcel a 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) durante la última dictadura.

Ni bien el testigo del día, el diputado provincial Enrique Asbert, terminó con la formalidad del reconocimiento; los represores solicitaron el derecho a retirarse a una sala contigua.

Fue así que, por primera vez en las 16 audiencias que lleva el juicio, los 31 imputados, con Videla y Menéndez a la cabeza, abandonaron la sala en masa. El juez español los miró irse sin un gesto de sorpresa, aunque la imagen de la jaula vacía resultó impactante.

Luego, y ya en conferencia de prensa, Garzón aseguró: “Yo no sé si salieron por mi presencia, pero es un derecho que tienen los acusados. En España suele ocurrir con bastante frecuencia. No, no me produce ninguna sensación el que se queden o se retiren. Sus defensas están presentes y sus derechos garantizados”.

Sobre los juicios que se están llevando a cabo en Córdoba, Capital Federal, Mendoza y La Pampa, el juez no ocultó su satisfacción por haber dado “el puntapié inicial”, y afirmó que “Argentina está dando un ejemplo al mundo entero. Demuestra que no se rompe una sociedad por estos juicios, sino que se refuerza”.

Consultado acerca de una “posible cooperación con la justicia” que le habría propuesto el canciller Héctor Timerman, Baltazar Garzón señaló: “Me he reunido con él más como amigo. Es cierto que me lo ha pedido, pero no hay nada concreto aún”. En cuanto a la postulación de las Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz, consideró que “ya está ganado, suceda lo que suceda”.

Minutos antes de la conferencia que se desarrolló en la Biblioteca del Juzgado Federal, dos personas aprovecharon su paso por el hall para agredirlo. Se trató de Liliana Rafe de Fernández Cutielo, viuda de un militar muerto en el ataque al cuartel de La Tablada en 1989 –integrante del grupo de Cecilia Pando– y de Alberto Aprea, un hombre que desde hace años se autodenomina “secretario del general Menéndez”. Mientras ella le espetó que se “vaya a juzgar a los terroristas de la ETA”; Aprea optó por insultarlo y vivar a “los falangistas” del dictador Francisco Franco.

Cuando Aldo Omar Blanco, un periodista de Radio Nacional Córdoba, intentó tomar fotos de ambos, Aprea le lanzó manotazos a la cara, uno de los cuales le dio “debajo de uno de los ojos” a Blanco. Esto motivó la reacción de HIJOS y de integrantes de agrupaciones de Derechos Humanos que cantaron consignas contra los represores; hasta que la policía hizo entrar a la pareja en una oficina.

Por la tarde, las voces de repudio se multiplicaron. El propio gobernador Schiaretti dijo “repudiar con todas mis fuerzas las agresiones que sufrió el Juez Baltasar Garzón”, e incluyó “las agresiones a un periodista. Los nostálgicos de la dictadura no nos van a intimidar”.

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Viernes 13 de agosto de 2010.

Presiones sobre la prensa

Los periodistas que cubren el juicio presentaron una nota al presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier y al presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Luis Rueda en la que manifestaron “preocupación” por la presencia de Alberto Aprea, el hombre que el martes agredió al periodista de Radio Nacional Aldo Blanco durante la visita del juez español Baltazar Garzón, y ayer increpó al fotógrafo de Clarín, Daniel Cáceres, para que la corresponsal Marta Platía “corrija” la nota en la que crónico los incidentes.

En el escrito, los trabajadores de prensa acreditados mencionaron que “Alberto Aprea es habitual concurrente a las audiencias del juicio”. En la nota también relataron que Aprea al día siguiente de agredir a Blanco, “se apersonó en la sede de Radio Nacional buscando al periodista” quien no se encontraba, ya que estaba radicando la denuncia penal en tribunales. “Sepa usted comprender nuestra inquietud sobre la presencia de este sujeto, y la posibilidad de que genere alguna nueva situación”. Por último, enviaron copias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , la Provincia , la Municipalidad , la Legislatura y el Concejo Deliberante.

Aprea es un hombre que, desde hace años, se ufana de ser “el secretario privado de (Luciano Benjamín) Menéndez” y, en ésa supuesta función, ha asistido a los dos juicios anteriores –en 2008 y 2009– y no se pierde audiencia del actual, en el que se vuelve a juzgar su jefe y al represor Jorge Rafael Videla por los fusilamientos de 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), durante abril y octubre de 1976.

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Jueves, 19 de agosto de 2010.

Conceden a Menéndez la prisión domiciliaria

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

La Cámara Nacional de Casación Penal le devolvió ayer el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Luciano Benjamín Menéndez que está preso en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer desde el 24 de julio de 2008, cuando fue condenado por la causa “Brandalisis”.

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército que tuvo a su cargo más de diez provincias argentinas durante la última dictadura, está siendo juzgado en ésta capital junto al ex dictador Jorge Rafael Videla, por el fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

¿La razones de la vuelta a su casa del barrio Bajo Palermo?: ninguna de las cuatro condenas a cadena perpetua que ha sumado por delitos de lesa Humanidad: dos en Córdoba: en 2008 y 2009, y dos en Tucumán; aún están firmes, por lo que la Cámara le devolvió el privilegio de la prisión domiciliaria de la cual gozaba antes de ésos procesos judiciales. Las otras: la edad del imputado, “más de 70 años” –en junio cumplió 82– y su estado de salud  ya que, según informó su  defensor, Alejandro Cuestas Garzón, presenta “un diagnóstico de neumonía pulmonar doble con riesgo de muerte”.

En rigor, Luciano Benjamín Menéndez compartió pocas noches en la prisión de máxima seguridad de Bouwer con su ex jefe Jorge Rafael Videla, desde que comenzó el actual juicio el 2 de julio. Su dolencia lo tuvo internado, sólo “para dormir y los fines de semana”, en el Hospital Militar, desde donde lo trasladan todos los días para que presencie el juicio. Y si bien se lo nota algo desmejorado, su aspecto cotidiano  no deja ver los signos de la gravedad que mencionó su defensa; y nunca faltó a las audiencias.

Pasadas las ocho de la noche,  y durante la manifestación de repudio  que realizaron la agrupación HIJOS  y organizaciones de Derechos Humanos cerca de su casa de calle Ilolay al 3.200 –a la sazón rodeada de casetas con vigilancia permanente– Menéndez volvió a su casa en una ambulancia custodiada por tres móviles policiales.

Pocas horas antes y en Tribunales Federales, el abogado querellante Claudio Orosz opinó que “el árbol no nos tiene que tapar el bosque: que él regrese a prisión domiciliaria no significa que no hayamos avanzado muchísimo”. Orosz cuestionó “los tiempos” de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Con Martín Fresneda (su colega) presentamos dos prontos despachos que fueron rechazados. La primera de las sentencias fue el 24 de julio de 2008, y todavía esperamos. No dudo de la legalidad de ésta medida, pero sí de su legitimidad”.

Otros juristas que pidieron reserva para su nombre, deslizaron ante Clarín que “aquí de lo que se trata es prolongar, dilatar las cosas hasta el fin de la vida de este hombre. Y el porqué es muy claro: si cualquiera de las sentencias llegara a quedar firme, él perdería su grado militar de general. Y, por lo que se sabe, eso es lo único que le preocupa a esta altura de las cosas”.

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Jueves 26 de agosto de 2010.

Vejaciones a prisioneras en Córdoba.

Videla: denuncian complicidad judicial

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“Mirá, si vos no querés hablar y encima no te querés bajar la bombachita, así no te vas a ir más”. La que podría ser la frase de uno de los tantos torturadores de la cárcel de San Martín; fue pronunciada en mayo de 1976 por el abogado Eduardo Enrique Molina, según contó ayer María Teresa Sánchez: la testigo 43 del juicio que se les lleva al ex dictador Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y a otros 29 represores en los tribunales Federales de Córdoba por el fusilamiento de 31 presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

“Marité” Sánchez, como aquí se la conoce, es abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba y en su testimonio no sólo describió las crueldades de los verdugos; sino también la complicidad en la que incurrieron funcionarios judiciales durante la última y más sangrienta dictadura militar.

Desde el comienzo de éste proceso, el 2 de julio, tanto los imputados como las víctimas coincidieron en una media docena de nombres de jueces, fiscales y penalistas que habrían colaborado con el Terrorismo de Estado, ya sea por acción u omisión de sus deberes públicos.

A Sánchez la detuvieron embarazada y junto a su esposo el 24 de febrero de 1976. A ambos los torturaron en la D-2. Marité contó que a su esposo “que no tenía militancia alguna”, le habían dibujado “una esvástica con birome en el pecho”, y que Miguel “el Gato” Gómez, les hacía gritar “heil Hitler” entre paliza y paliza.

La abogada fue una de las tantas prisioneras que parió a su hija “tabicada, con ambas manos esposadas a una cama” en la Maternidad Provincial, “y con fórceps por lo que mi hija nació con sufrimiento fetal”.

Por la tarde, y en otro estremecedor testimono, Graciela Galarraga, de Río Cuarto, cómo sus torturadores la llevaron a declarar ante el “juez Federal de Río Cuarto” vendada y con las manos atadas a la espalda. “No, no le ví nunca la cara a ése juez. No sé quién era. Además, no pude decir nada. Los que hacía unos minutos me habían dado una paliza, estaban atrás mío, en la misma sala”.

La mujer fue también testigo directo del estaqueamiento hasta la muerte del médico santiagueño René Moukarzel; y de María del Rosario Muñoz, quien sobrevivió y daría su testimonio en las próximas semanas.

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Viernes 19 de septiembre de 2010.

Videla: “Fuimos crueles, nadie lo dude, pero no sádicos”

Mirada fija. El dictador Videla observa ayer al fotógrafo de Clarín en el juicio que se le sigue en Córdoba. Foto: Marcelo Cáceres.

Por Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

El ex dictador Jorge Rafael Videla volvió a reivindicar el terrorismo de Estado. Con tono desafiante remarcó ayer: “Que fuimos crueles, nadie lo dude. Lo hicimos en el marco de crueldad que impone toda guerra por su propia naturaleza. Pero no fuimos sádicos ni integramos una asociación ilícita”.

Videla habló nuevamente ayer –ya lo había hecho el martes— para defenderse y a los otros 30 represores que están acusados junto a él, y a Luciano Benjamín Menéndez, por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria N 1 (UP1).

En un segundo intento de deslegitimar el juicio -el martes habló de un hipotético renacer de los Montoneros- ahora salió en “defensa” del Ejército.

En su alocución tachó de “inconstitucional” al Tribunal Oral Federal que lo juzga desde el 2 de julio; y afirmó que “no hay un ejército bueno y un ejército malo. Ejército es uno solo”. De allí pasó sin escalas a comparar “el de las guerras de la independencia” con el del “Proceso de Reorganización Nacional” que comandó durante la dictadura más sangrienta de la historia argentina.

Denunció “una campaña sistemática de desprestigio del Ejército con vistas a su destrucción como institución de la República, objetivo intermedio para subvertir la Nación al mejor estilo de (Antonio) Gramsci”, el pensador comunista italiano que pregonaba la revolución cultural antes que el uso de la violencia.

Y negó que las tropas a su cargo hayan tenido nada que ver con la represión dentro de la UP1. Según afirmó, “no es cierto que el personal del Ejército cumpliera tareas permanentes allí y que le permitiera dar golpizas (…) Ni la Justicia lo hubiera tolerado, ni el Ejército consentido”, desestimando así los demoledores testimonios de los sobrevivientes de la cárcel de San Martín donde torturaron y fusilaron, aplicándoles lo que llamaban la “ley de fugas”, a 31 presos políticos entre abril y octubre de 1976. Nada menos que el motivo central del juicio.

Según Videla, el Ejército “sólo fue apoyo del servicio penitenciario que se vio desbordado” y fue llamado para que “colaborara esporádicamente en requisas con su presencia disuasoria”. Hasta llegó a decir que “los presos políticos continuaban, dentro de sus celdas haciendo tareas de entrenamiento de combate, adoctrinamiento y planeamiento”.

En otro tramo también elogió —sin nombrarlo— al teniente Gustavo Adolfo Alsina —el estaqueador del médico René Moukarzel y de Rosario Muñoz: una mujer que logró sobrevivir al suplicio— “por su valentía y coraje” en el fallido “incidente de recusación del juez” José María Pérez Villalobo. A diferencia del martes, su voz fue recobrando su volumen y tono marcial. Para el remate de su arenga citó la frase de un militar, Nicolás Rodríguez Peña, que colaboró con San Martín en la liberación de Chile: “Que fuimos crueles, ¡vaya con el cargo! Mientras tanto tienen ustedes la Patria (…) Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres”.

Ese fue el pie que le llevó a admitir ante el juez Jaime Díaz Gavier: “Señor presidente, que fuimos crueles, nadie lo dude. Pero no fuimos sádicos ni integramos una asociación ilícita”. Un concepto que, en el Juicio a las Juntas de 1985, rebatió su ex colega Alejandro Agustín Lanusse, cuando dijo que no era su ejército el que “salía disfrazado por las noches a secuestrar y desaparecer gente”.

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Sábado 18 de septiembre de 2010.

Córdoba: los represores denuncian falta de seguridad.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“Inseguros y con temor por sus familias”. Así reiteraron sentirse ayer –sólo que esta vez por escrito y ante la Justicia Federal–, el ex dictador Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y los 29 represores que están siendo juzgados en ésta capital por delitos de lesa humanidad; en la continuación de la clara maniobra que ejecutan para descalificar el proceso judicial que se les lleva aquí desde el 2 de julio.

La fiscal Federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, fue la encargada de recibir el documento que firmaron todos los reos en el Tribunal Oral Federal Nº 1 que los juzga.

Este, por ahora, fue el corolario de la denuncia verbal que hizo el martes pasado el propio Videla, cuando pidió la palabra para afirmar que, a raíz de una reunión de ex Montoneros en Córdoba, en la cual se habría dicho que “las armas no están enterradas”; temía por  su seguridad, la de sus “camaradas”, y la de su familia.

Ni bien terminó de hablar, la jaula de cristal que comparte con los otros 30 imputados, se llenó de manos en alto adhiriendo al reclamo.

La reunión que le dio pie al discurso de Videla — quien está sentado en el banquillo de los acusados por primera vez desde el Juicio a las Juntas en 1985—, ocurrió el viernes 10 y tuvo como protagonistas a los ex montoneros Roberto Cirilo Perdía y Guillermo Martínez Agüero.

Fue éste último quien habría dicho la frase “no hemos enterrado las armas aunque no es el momento para ellas”. Manifestaciones que fueron rechazadas por el penalista  Miguel Hugo Vaca Narvaja “por desubicadas, inoportunas, además de contribuir a abonar la teoría de los dos demonios de la cual ahora se toman los imputados”.

A ése discurso de Videla, le siguió otro más virulento el jueves por la tarde, cuando el ex dictador volvió a reivindicar el Terrorismo de Estado y admitió ante el juez Jaime Díaz Gavier la crueldad con la que actuó el ejército bajo su mando: “Fuimos crueles pero no sádicos” afirmó, aunque las 65 víctimas que ya declararon han refrendado –también — el último calificativo de modo aplastante.

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Ordenan un arresto por amenazas

Córdoba. Corresponsal.

La Justicia Federal ordenó ayer el arresto de un hombre acusado por haber amenazado de muerte a Claudio Orosz: uno de los abogados querellantes en el juicio a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices.

El fiscal Federal Nº 1, Enrique Senestrari, le dijo a Clarín que “la esposa del padre de Orosz había recibido un llamado de amenaza el 5 de julio pasado. Averiguamos el origen de la llamada, la propia casa del ahora imputado,  y la mujer le reconoció la voz”.

¿La amenaza? “El general Menéndez dice que en vez de 30 mil tendrían que haber matado 5 mil más, y entre ellos a Claudio   que debería estar mirando crecer las margaritas desde abajo”, contó a éste diario el propio Orosz.

El detenido se llama Carlos Sonzini y es empleado de la Fuerza Aérea en la Fábrica Militar de Aviones.

Claudio Orosz fue uno de los pilares de la querella en los dos juicios en los que Luciano Benjamín Menéndez resultó condenado a cadena perpetua en cárcel común.

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Lunes 20 de septiembre de 2010.

Videla, como una sombra en la cárcel de Córdoba

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“Es curioso lo que pasa con Videla. Está ahí, pero no está. Es como un fantasma. No tiene la onda agresiva que destila Menéndez, ni tampoco su cara de piedra. Es más, cuando algo lo sorprende durante el juicio, hace algún que otro gesto como diciendo eh, pero cómo pudieron hacer eso … Como si recién se enterara y no tuviera la culpa de nada de lo que pasó…”.

El que habla es un empleado judicial de los tantos que desde el 2 de julio –cuando comenzó el juicio a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros, acusados por la tortura y el fusilamiento de 31 presos políticos– tienen que “lidiar con esta enorme banda de acusados” en la que se mezclan militares y policías.

Videla cumplió 85 años el 2 de agosto en la prisión cordobesa de Bouwer, una cárcel de máxima seguridad , ubicada a 20 kilómetros al sur de esta capital. Su celda es la “primera de la derecha” del pabellón MD2. Allí, en un espacio de dos metros por tres, Videla tiene un camastro de metal beige empotrado a la pared, una mesita del mismo material y, cerca de la única ventana –cubierta por una chapa cribada por pequeños orificios–, un inodoro y un lavabo grises. ¿Su paisaje cotidiano? Con voluntad, y la nariz pegada a la chapa, la nada de un descampado que se lleva el viento.

“Se porta muy bien. Es solidario, respetuoso con los demás. Eso sí, mantiene su distancia.

Pero no es altanero y mandón como Menéndez que por ejemplo, hasta que lo dejaron volver a su casa, agarraba el control remoto de la tele, y dale con los partidos de polo”, deslizó uno de los guardias del penal. Eso sí: aún encerrados, mantienen la verticalidad de sus jerarquías. Cuando Videla llegó a Bouwer, Menéndez le cedió la cabecera de la mesa en la que todos comen y lo recibieron cuadrándose, haciéndole la venia.

“Videla no molesta. Toma mate cocido, camina, es educado y hasta se lo ha visto barriendo . ¿Menéndez? No, él no toca la escoba…”, contó otro guardia. Es más, se sabe que el ex jefe del Tercer Cuerpo llegó a tener “su propia oficina” en una de las celdas vacías. Por su antiguedad en Bouwer, o por la vieja rivalidad con Videla, sería él quien manda en lo que los guardias y presos llaman “el D3”.

Según algunos de los defensores, si bien el ex presidente de facto no acepta notas con periodistas, sí “ha recibido a jóvenes o a personas que pidieron visitarlo y lo admiran”. Incluso, aceptó que su defensora de oficio sea una mujer nacida en los 70.

Su esposa y dos de sus seis hijos lo visitan a menudo. Cada semana le llegan “los medicamentos oncológicos para su tratamiento de próstata”. Lee “libros religiosos” y, una vez cada siete días, “lo va a ver un capellán del Tercer Cuerpo de Ejército”, a quien prefirió en lugar del de la prisión.

“Cierto, no son presos comunes, pero no tienen privilegios”, aseguró a Clarín un funcionario penitenciario, aunque admitió que “por la edad y los achaques de algunos, hay que cocinarles dietas especiales y estar atentos con los médicos”.

Un preso que tuvo que ir a declarar a los tribunales, lo refutó quejoso: “¿Que somos todos iguales? Pero no… Si ellos comen pollo y otras cosas ricas, y a nosotros nos dan esas sopas con un fideo de vez en cuando”.

En las últimas semanas, Videla ya no se duerme en el juicio. Dicen que ha decidido retirarse a la sala contigua “para evitar el papelón de dormirse de nuevo y salir fotografiado en los diarios”.

Moviéndose como una sombra y en la parábola de su vida, el hombre cuyo régimen desapareció a miles de personas, intenta ahora ser invisible.

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Miércoles 29 de septiembre de 2010.

Videla: cuentan cómo detuvieron a De la Sota

Ex carceleros cuentan cómo se llevaron a Vaca Narvaja para fusilarlo

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Es extraño cómo las rejas pueden dividir el olvido del recuerdo. Mientras que barrotes adentro todos se acuerdan de cada detalle; para afuera, la mayoría parece haberlo olvidado todo”, reflexionó ante éste diario, Natalia Brusa, de los Tribunales Federales.

En la jornada de ayer, ex empleados administrativos de la Unidad Penitenciaria N 1 (UP1) abonaron su tesis; aunque hubo dos carceleros que a pesar del “miedo” que declararon padecer aún hoy, se animaron a hablar.

Entre accesos de llanto, José Pascual Castillo, “de casi 80 años”, repasó la tarde en la que “se llevaron a (Miguel Hugo) Vaca Narvaja”, el hermano de la actual embajadora en México.

“Eso todavía me duele. Era un chico. Me abrazó y me dijo: Don Castillo, don Castillo, me van a matar. Era un chico. Se lo llevaron con los De Breuil (Alfredo y Gustavo) y uno de los Toranzo (Higinio). A la vuelta, llegó uno solo de los De Breuil (Alfredo). Llorando me contó que los habían matado a todos y que lo dejaron a él para que les cuente a los presos lo que habían hecho”.

Según Castillo, el recuerdo de ésos días todavía lo enferma. “Yo les daba agua. Quedaban hechos mierda, pobre gente. No quiero acordarme”. El hombre ha sido nombrado por varios de los sobrevivientes como “alguien humanitario”.

Poco antes de él, su colega Nisemio Santos Camino, aunque no tuvo la misma predisposición al relato, sí se explayó en su “conocimiento” de presos políticos célebres como el penalista “Carlos Hairabedián, detenido en el Pabellón 10”; y el ex gobernador José Manuel De la Sota. “A de la Sota lo tuvimos una semana. Me acuerdo que cada día lo sacaba del Pabellón 8. El me preguntaba muy serio: ¿Qué, me llevan para matarme? Y yo le contestaba, no sé doctor, no sé. Y lo llevaba adonde me pedían los militares. Por suerte a él no lo mataron”.

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Martes 12 de octubre de 2010.

“Charlie” Moore, el testigo más enigmático del juicio contra Videla

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Quebrado, traidor, una víctima más de la tortura, un paria, un sobreviviente. Así, y según de quien se trate, definen en Córdoba a Carlos Raimundo “Charlie” Moore: el testigo más enigmático que ha declarado en el juicio que en esta ciudad, se les lleva a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices acusados por delitos de lesa humanidad.

Por video-conferencia, el testimonio de Charlie Moore fue uno de los más esperados. ¿Las razones? El hombre (sobre) vivió en la D-2, desde el 13 de noviembre de 1974 cuando fue secuestrado; hasta su fuga a  Brasil: el 12 de noviembre de 1980.

Sobre su declaración hecha el 14 de noviembre de ése año ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se ha basado gran parte de éste juicio: en especial en lo que se refiere a la llamada causa “Gontero-Menéndez”, sobre las torturas en la sede de la D-2 donde incluso, se atormentó y asesinó a policías que se negaron a cometer crímenes.

A lo largo de su cautiverio, el hombre recolectó datos “en la memoria y en papelitos de cigarrillos para armar” y los “fue filtrando” a los familiares y amigos.

“Jamás pensé que iba a poder contar mi historia”, dijo un  Moore de 59 años, todavía pelilargo y atropellado en su verba, desde el consulado argentino en Londres. Miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Moore fue secuestrado por la patota del D-2, acusado por el copamiento a la Fábrica Militar de Villa María. “Apenas llegamos nos molieron a palos en el patio. Ahí supe que Mónica, mi mujer que no estaba en nada, había sido chupada el día antes. Ella se aguantó todas las torturas hasta las seis de la mañana porque pensaba que yo me iba a ir de la casa donde estaba. Pero me dormí y me agarraron”. Tan simple, tan desolador como eso. Moore recordó que luego de golpearlo lo metieron en un “bañito donde me orinaban encima de las heridas” y donde permaneció “rodeado de cucarachas y ratas” durante semanas. Allí presenció “tres violaciones” y supo que a Mónica “la hicieron abortar a patadas”. Uno de los hechos más traumáticos, quizás fundadores de lo que luego vendría, fue lo que él llama “el asesinato de la pendejita judía”: una adolescente de unos 17 años que habían detenido en la calle por averiguación de antecedentes. No había nada en su contra, pero la mataron igual: “Le reventaron el cráneo”. Una de las primeras tareas de Moore, fue “recoger con sus manos los restos encefálicos y meterlos en un balde”, le contó a Clarín el policía de Homicidios Miguel Robles: un hombre que viajó hasta Inglaterra el año pasado para entrevistarse con Moore.

Robles creció convencido de que a su padre –también policía– lo habían matado los Montoneros. Cuando empezó a investigar, su meta fue llegar a Charlie Moore “el hombre que más sabe” de la Gestapo cordobesa. Él le despejó las dudas: “Lo mató del D-2. Eso es un hecho”, le dijo por teléfono y lo desafió a que lo visite en Inglaterra. Fruto de las más de 16 horas de entrevista, Robles escribió “La Búsqueda, un reportaje a Charlie Moore”: un libro de escritura ágil, precisa, de sólo 100 ejemplares, y que se agotó el mismo día que fue presentado en la Feria del Libro y que se reeditará en las próximas semanas.

Es que en sus 300 páginas, el ex guerrillero describe minucioso lo que esperó contar a lo largo de 34 años.

“Cuando ocurrió el primer juicio a Menéndez, supe que algo cambió en el país. Allí volví a tener esperanzas”, afirmó Moore en la teleconferencia durante el juicio.

En un relato vertiginoso, Moore contó cómo se ganó la confianza de los verdugos de la D-2,  “convirtiéndome en un esclavito: yo cebaba mate, tipeaba muy bien, y así accedí a todos los archivos. Viví en una celda con mi mujer. Y  esperé”.

Contó también cómo los represores “ponían bombas en noviembre de 1975 por toda Córdoba, para que creyeran que eran los Montos”. Reveló que el torturador Miguel Angel “el Gato” Gómez y Alberto “cara con rienda” Lucero, “pusieron una bomba en Cinerama en noviembre de 1975, aún sin que Menéndez la hubiera autorizado. A todas las armaban en las mesas del patio de la D-2, mientras yo les cebaba mate. Como me iban a matar, no se cuidaban para nada cuando hablaban”.

Contó cómo torturaban con “más saña” a las mujeres y especialmente si eran judías. “Una noche ví al Gato achurando a una mujer grande y al marido le habían pintado una esvástica en el pecho”. Destacó que durante un asado en uno de los patios de la D-2, “se burlaban de lo boludas que eran algunas mujeres de militares” por no preguntar de dónde les llegaban los bebés. Y que allí se enteró de que “los bebés de las presas que nacían en el Hospital Militar iban para las mujeres de ellos que no podían tener chicos; y a los del Policlínico Policial, los vendían”.

En su declaración de más de cinco horas, reveló que “hasta montaron una financiera, en la Avenida Colón al 100, con la plata y las cosas robadas a los detenidos”; y que “a veces me usaban de psicólogo: Todos estaban afectados en sus relaciones sexuales con sus propias mujeres. Sólo podían con prostitutas. El más complicado era (Carlos) el Tucán Yanicelli. Ese sí que tenía una tara durísima, pero mejor me la reservo” deslizó. Y en el tono de su voz quedó claro que todavía siente el poder que da el conocimiento profundo del otro. Sin embargo, confesó que ni él mismo “nunca pudo recuperarse”  de lo que vio y que su vida sexual “también quedó afectada para siempre”.

Como varios testigos del juicio lo señalaron como colaborador en las torturas, Moore se defendió: “Ellos estaban tabicados y los torturadores usaban mi nombre, como usaron el de otros compañeros. Yo nunca torturé a nadie. Incluso ante (Luis) Baronetto, cuando cayó en 1976, tuve que montar un show: le grité que no me iba a ir del D-2 hasta que no quedara ni un solo perretista (integrante del PRT). Pero no podía hacer otra cosa –se justificó–: tenían amenazada a mi familia y yo sabía que tenía que resistir”.

Lo concreto es que luego de seis años de cautiverio, Moore se fugó y lo primero que hizo fue la declaración más amplia y detallada que se conozca sobre el accionar del D-2 en Córdoba.

En diálogo con éste diario, Miguel Robles lo definió como “un sobreviviente. Eso es para mí Charlie Moore. Un hombre que convivió con el horror que todavía no lo ha abandonado. Como los de los campos de concentración de los nazis. Para la entrevista fuimos a una cabaña, lejos del lugar donde vive. Y por las noches, era muy difícil tenerlo cerca. Grita dormido, llora, se sacude. Creo que se ha quedado detenido en el tiempo. Que todavía, aún cuando está lejos, sigue encerrado en el D-2” .

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Miércoles 20 de octubre de 2010.

Internaron a Videla y a Menéndez en Córdoba

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal

Internados en el hospital Militar. Así permanecían al cierre de esta edición los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, de 85 y 83 años de edad respectivamente. Ambos están siendo juzgados en Córdoba junto a 29 cómplices, por delitos de lesa humanidad.

“Videla amaneció con moretones en todo el cuerpo por los anticoagulantes que debe aplicarse por una afección coronaria. No es grave, pero está en observación al menos por dos días” –explicó a este diario uno de sus defensores– y aclaró que esta “esto no tiene que ver” con el cáncer de próstata que padece desde hace un par de años, y por el que recibe medicación oncológica en el penal de Bouwer, donde está alojado desde el 29 de junio.

Por su parte, Luciano Benjamín Menéndez ingresó a la terapia intensiva del mismo hospital el miércoles pasado: “Su neumopatía se agravó, es crónica y es un pronóstico difícil, casi terminal para un hombre de su edad”, aseguró con tono grave su abogado Alejandro Cuestas Garzón.

Lo concreto es que ninguno de los dos estuvo ayer presente en la audiencia, por lo que los defensores plantearon que los testigos que tenían que declarar sobre la causa “UP1-Videla”, se pospusiesen para cuando el ex dictador regrese al banquillo. Una petición que fue aceptada por el juez Jaime Díaz Gavier.

En la recta final de las testimoniales –ayer se tomó declaración al testigo 101 de los 110 previstos– una de las exposiciones más impactantes la de María Cristina Tobares, de 59 años, esposa de Nelo Antonio Gasparini, un gremialista desaparecido.

La mujer que tuvo que huir a Brasil con su hija de 4 años en 1977, contó que declaró ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que funcionaba en el “edificio de la curia de San Pablo” y que, como no quiso asilarse ni en Suecia ni en Holanda, se “fue quedando en Brasil” y estableció lazos con otros refugiados argentinos y el arzobispo (Paulo) Evaristo Arns: un religioso que habría recibido una carta de su colega cordobés Raúl Francisco Primatesta. “Recuerdo que fue en una Navidad. Arns dijo ´me acaba de mandar una nota el Arzobispo Primatesta, pidiéndome que me deshaga de ustedes, que deje de albergar subversivos en la curia´. Nosotros nos quedamos asombrados de que él nos dijera eso. Después supimos que era real, que Primatesta le pedía que no albergara subversivos”, refrendó la mujer y agregó que poco después el sacerdote brasileño les recomendó no volver al país.

Por la mañana declaró el periodista y escritor Mariano Saravia, director de Radio Nacional Córdoba y autor del libro “La sombra azul”, sobre la historia de Luis Urquiza: el policía del D-2 que fue baleado y torturado por sus propios compañeros por negarse a inflingir tormentos. Un hombre que ya dio su testimonio en éste juicio. Saravia detalló los lazos que unieron al imputado Carlos “Tucán” Yanicelli, de la Gestapo cordobesa, con el entonces ministro de gobierno de Ramón Mestre, Oscar Aguad, quien lo había nombrado jefe de la policía en 1994. A raíz de la publicación del libro en el que precisó el modus operandi de la policía local durante la dictadura, Saravia fue amenazado e intimidado en varias oportunidades al punto de, entre otras cosas, tener que cambiarse de casa.

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Viernes 22 de octubre 2010

Nuevas denuncias contra jueces en el juicio oral a Videla

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Luis Reinaudi, un reconocido abogado de esta provincia, aportó otra mancha a la actuación de la justicia Federal cordobesa durante la última dictadura, en el juicio que aquí se les lleva a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 acusados por delitos de lesa humanidad.

Reinaudi fue defensor de José Cristian Funes, un obrero metalúrgico de 24 años que fue fusilado en la UP1, el 30 de junio de 1976, en un supuesto “intento de fuga”, junto a Marta Rosetti de Arquiola. Dos años después, el propio Reinaudi fue secuestrado, torturado y llevado al campo de concentración de La Perla.

“Ejercí una defensa dolorosamente ineficaz, porque lo mataron”, afirmó con pesar el testigo, y contó su propio trajín “de joven abogado” desde la cárcel UP1, donde Funes estaba detenido e incomunicado, y el Juzgado Federal Nº 1 de aquél entonces. “Los policías no me dejaban hablar con Cristian. Repetían que estaba incomunicado. Y en el juzgado me aseguraban que no pesaba sobre él incomunicación alguna”. Reinaudi pidió varias veces en el juzgado que le extendieran un certificado o que, incluso, lo acompañaran a la prisión para que los carceleros accedieran a que tuviera contacto con el detenido. “A este muchacho lo deben estar matando”, alegaba. Pero “la entonces secretaria civil (y ex jueza Federal) Cristina Garzón de Lascano, “que entraba y salía del despacho del juez (el ya muerto Adolfo Zamboni Ledesma) me dijo que “nada podían hacer”.

La insistencia de Reinaudi logró que el 15 de marzo, le tomaran declaración a su defendido en el juzgado. Allí otro bochorno: “No estaban presentes ni el juez, ni el secretario (Carlos Otero Álvarez); sino un escribiente de apellido Giraudo que, ni siquiera pudo convencer a los policías de la custodia que le sacaran las esposas a Funes para que firmara su propia declaración”.

Fue el padre del preso político quien, meses después, llegó una tarde al diario Córdoba   donde Luis Reinaudi era periodista, el que le avisó que habían matado a Cristian.

Miembro del Colegio de Abogados de Córdoba, y afiliado al Partido Comunista, el 21 de septiembre de 1978 Luis Reinaudi fue secuestrado por una patota que asaltó  “revolvió y saqueó mi casa frente a mis dos hijos y a mi esposa”. Lo llevaron a La Perla. Reinaudi fue interrogado por “un tal Vega” (Héctor Vergés) y por (Guillermo) Barreiro. Una semana después lo cargaron en un camión esposado y tabicado y le anunciaron que iba “al pozo, al muere”. No fue así: lo llevaron a la UP1, donde se encontró con varios de sus colegas, también defensores de presos políticos: Salomón Gerchunoff, Roberto Yankilevich y Carlos Hairabedián.

Meses más tarde y en “un vuelo espantoso, esposados a una cadena,  tabicados y hacinados en la panza de un Hércules que llegaron a abrir para simular que nos iban a tirar”, llegaron a La Plata. Lo liberaron en Caseros el 6 de septiembre de 1979.

Cuando uno de los fiscales le preguntó qué había hecho el Colegio de Abogados por él y sus colegas, Reinaudi afirmó que “el entonces presidente (Enzo) Bearzotti hizo gestiones individuales ante Menéndez y (el arzobispo) Raúl Primatesta, pero nada como institución.  No lo cuestiono a él, sino a su criterio. “Creo que hizo mucho más la valentía del entonces director del diario La Voz del Interior Jorge Remonda, que publicó de inmediato nuestros secuestros”.

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Miércoles 10 de noviembre de 2010.

Militares rompen el pacto de silencio por un crimen

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal

“Hago responsable de haberme arruinado la vida a los 20 años al Ejército Argentino que me envió a un lugar (la UP1) para el cual yo no estaba preparado (…) También digo, escuchando las declaraciones del (teniente Pedro) Mones Ruiz, que la responsabilidad no se delega, se asume. Que el cabo no es culpable de todo”.

Así, de un tirón, y con los nervios de punta, el cabo Miguel Ángel Pérez, el hombre que fusiló de un balazo a quemarropa en la cara al estudiante de periodismo Raúl “Paco” Bauducco el 5 de julio de 1976, frente a otros 300 presos políticos, le respondió a su otrora “superior” quien, en audiencias anteriores y ayer mismo en una recorrida por la cárcel de San Martín –ex UP1– le echó todas las culpas del crimen con más testigos de la historia de Córdoba. Mones Ruiz repitió una y otra vez que él no estuvo en el patio en el momento del asesinato.

Sin embargo, más de cuarenta testigos que declararon en el juicio dieron fe de que ése día, el propio Mones Ruiz, le habría dado “la venia” para que matara a Bauducco cuando éste no podía levantarse del piso luego de un atroz golpe en la cabeza que lo dejó casi desvanecido.

Quebrado y nervioso Pérez se defendió de la acusación diciendo que “se le escapó un tiro por accidente” –una hipótesis que abonó su ex jefe y el también militar Vidente Meli–; y que todo este tiempo mintió “sobre éso de que Bauducco me había querido arrebatar el arma porque así me dijeron que lo diga. Pero no es justo seguir con eso: encima de víctima, lo quieren hacer culpable de algo que no había hecho”, argumentó intentando aliviar una eventual condena a cadena perpetua.

Algunas horas antes de la declaración de Pérez, tres penalistas adelantaron a Clarín “la bronca” del imputado quien, cuando Mones Ruiz “lo dejó pegado diciendo que él no dio la orden de muerte porque no estaba en el patio”, separó su defensa de la de su ex teniente.

“A mí me arruinaron la vida. Y mi situación en la cárcel es distinta a la de ellos que sí son los responsables de lo que pasó en el país”, recriminó; haciendo más visibles las grietas que, al calor del final del juicio, se vienen abriendo entre los superiores y sus subordinados. El caso de Mones Ruiz y Pérez es emblemático: el primero en romper el pacto de silencio es un teniente; en tanto que el cabo se hunde sin el piso de una obediencia debida hecha añicos.

Otro dato: Pérez pidió perdón a la familia de la víctima. “Quiero perdirle perdón a Diego y a la señora Dorys de Bauducco por haberles arruinado la vida”, dijo, convirtiéndose en el primer represor que lo hace en los tres juicios por delitos de lesa humanidad que se han desarrollado en Córdoba desde 2008.

Mientras, y desde el banquillo de los acusados, el ex dictador Jorge Rafael Videla, quien asumió “todo lo hecho” durante el Terrorismo de Estado, y hasta llegó a jactarse admitiendo: “Fuimos crueles, pero no sádicos”; está viendo saltar por los aires las esquirlas de la obediencia debida que aún le quedaban a su “ejército victorioso”.

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Miércoles 17 de noviembre.

En el juicio a Videla comienzan los alegatos

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal

En el clima de sálvese quien pueda previo al comienzo de los alegatos del juicio contra el ex dictador Jorge Rafael Videla y otros 30 imputados, el represor Luciano Benjamín Menéndez pidió la palabra para desautorizar un documento militar que lo incrimina y que –el 14 de septiembre– publicó Clarín en exclusiva.

“Se me adjudican expresiones que no son mías. Se trata de un escrito en un papel sin membrete”, dijo, refiriéndose a dos fojas del Comando en Jefe del Ejército (CJE) de junio de 1978, en el cual se relata cómo el entonces teniente Gustavo Adolfo Alsina estaqueó hasta la muerte al médico René Moukarzel el 14 de julio de 1976.

Según Menéndez, “en el centro de ese papel, dice que ´el teniente Alsina al preso lo estaqueó, lo mojó y luego falleció´.Yo nunca he dicho eso. Siempre consideré al Teniente Alsina ajeno a la muerte de Moukarzel”, lo defendió.

La breve argumentación del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército tiene su eje en la importancia del documento: es nada más ni nada menos que la confirmación militar de que el crimen existió. De hecho,  a Alsina le dieron tres meses de suspensión por el asesinato.

Según dijo a este diario el fiscal Maximiliano Hairabedián, “ese documento es una de las pruebas más contundentes que existen por los crímenes cometidos en la ex UP1”.

Si bien los reos están acusados de haber torturado y fusilado a 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), hay tres asesinatos que se destacan por la cantidad de testigos presenciales, la saña con que fueron cometidos, y de los cuales ahora todos están tratando de despegarse: el de Raúl “Paco” Bauducco que presenciaron más de 300 presos en el patio de la prisión, el 5 de julio de 1976, y por el cual se rompió el pacto de silencio cuando el ex teniente Pedro Mones Ruiz acusó al cabo Miguel Angel Pérez; el fusilamiento de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil –a cuyo hermano, Alfredo, dejaron vivo “para que lo cuente en la prisión”–; y la matanza de Moukarzel.

El martes 23  los abogados querellantes María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja iniciarán la etapa de los alegatos.

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Miércoles, 24 de noviembre de 2010.

Córdoba: Arrancaron los alegatos

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal

Aún cuando a cada rato se dormía sobre su silla, el ex dictador Jorge Rafael Videla escuchó ayer los primeros alegatos en su contra; mientras que el represor Luciano Benjamín Menéndez dio un nuevo parte de enfermo –“neumopatía doble”, según el  diagnóstico– y sólo regresará para los alegatos de los fiscales.

Los querellantes María Elba Martínez  y Hugo Vaca Narvaja, ocuparon toda la jornada: ambos representan 13 víctimas de la UP1, y a Luis Urquiza, el policía que fue torturado por sus propios compañeros, en la D-2, la Gestapo cordobesa, entre otros.

Nombre por nombre, Martínez fue desgranando las pruebas aportadas por los 110 testigos en las 51 jornadas del juicio que comenzó el 2 de julio. “Cada salida de la UP1 era una muerte abstracta”, dijo la penalista, en referencia a los fusilamientos que llamaban “ley de fugas”. Sobre este punto, destacó que  “a los militares les desestabilizó la naturaleza de los crímenes” de Raúl Bauducco, fusilado a quemarropa ante más de 300 testigos; y el estaqueamiento del médico René Moukarzel, torturado hasta la muerte en el patio de la cárcel, “porque desvirtuaba” lo que ellos querían hacer creer: que los presos políticos morían en supuestos enfrentamientos armados cuando sus compañeros querían rescatarlos.

Así, se escucharon las historias de vida y el final común de Luis Verón, Ester “Tati” Barberis –quien tenía sólo 19 años–,  Mirta Abdón de Maggi y Luis Verón. La abogada se quebró y debió pedirle ayuda a Vaca Narvaja para leer la carta de Rosa, la novia de Claudio Zorrilla, uno de los fusilados, en la que contó su última noche con él: “Oíamos a los presos comunes que cantaban mientras hacían el pan. De pronto el mundo se paralizó cuando la marcha militar quebró el silencio. El comunicado número 1. No dormimos en toda la noche, teníamos el presentimiento de que nunca más nos veríamos. Nunca más íbamos a compartir nuestros sueños. El último abrazo, chau´. Esta fue la última vez que un familiar vio con vida a Claudio, lo asesinaron el 19 de junio de 1976 y tenía sólo 21 años”, leyó el abogado.

Con el peso de su historia, fue Hugo Vaca Narvaja quien protagonizó uno de los momentos más estremecedores de ayer: en nombre de su propio padre Miguel Hugo Vaca Narvaja, fusilado el 12 de agosto de 1976; trazó un perfil de su progenitor y señaló a los dos principales imputados por el crimen: Osvaldo César Quiroga y Francisco D´Aloia. Vaca Narvaja padre tenía sólo 35 años cuando lo mataron junto a Higinio Toranzo y a Gustavo De Breuil. La prueba sobre su fusilamiento es demoledora: los asesinos dejaron vivo a Alfredo De Breuil, hermano de Gustavo,  “para que volviera y lo contara en la cárcel”. Cosa que no sólo hizo entonces; sino ahora, ya que fue uno de los principales testigos de este juicio.

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30 de noviembre de 2010

Los fiscales piden hoy la condena de Videla

Córdoba. Corresponsal.

“Seguramente se pedirán condenas duras, ya que los hechos están probados y acreditados”, le dijo ayer a Clarín, Maximiliano Hairabedián, uno de los dos fiscales que alegarán hoy en el juicio que se lleva adelante en Córdoba a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices por la tortura y el fusilamiento de 31 presos políticos.

“Videla y Menéndez han asumido la responsabilidad ; y ningún imputado ha negado seriamente que los hechos se hayan producido”, dijo. El fiscal agregó que “se ha acreditado incluso el estaqueamiento, castigo y muerte de un preso, René Moukarzel, por parte de (el ex teniente Gustavo Adolfo) Alsina. La prueba sobre este asesinato, como en el caso de (Raúl) Bauducco (el crimen con más testigos de la historia de Córdoba), es abrumadora”.

A su turno, los abogados querellantes solicitaron “cadena perpetua en cárcel común” para el máximo jerarca de la última dictadura militar. En uno de los pasajes más incómodos para Videla desde que comenzó el juicio, el abogado Elvio Zanotti aludió a las palabras que pronunció el represor cuando igualó a su “ejército victorioso” con el sanmartiniano: “Estoy convencido señor juez, de que si San Martín los hubiese juzgado los hubiese fusilado”.

Con tono suave pero firme, el querellante siguió: “Afortunadamente ya no hay pena de muerte, este es un tribunal civil y San Martín descansa en paz sin haber derramado sangre argentina, como sí lo hizo el ejército comandado por este hombre”. Irritado, con el rostro descompuesto, Zanotti fue al último querellante al que Videla escuchó en la sala.

Antes, la penalista María Elba Martínez -quien lleva causas contra el terrorismo de Estado desde hace 28 años-, acompañada de Hugo Vaca Narvaja (h) -cuyo padre fue torturado y fusilado en la UP1-, todavía pudieron mirarle a la cara cuando solicitaron perpetua para él, Menéndez, otros once militares y siete policías.

Por su parte, Claudio Orosz -quien ya ha recibido dos amenazas de muerte durante el juicio- citó a Hanna Arendt en su libro sobre Eichmann: “Estos  delitos fueron cometidos en masa no sólo en víctimas (…) el grado de responsabilidad aumenta a medida que nos alejamos de quien sostiene en sus manos el instrumento fatal”.

El veredicto se conocerá el 21 de diciembre.

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Martes 30 de noviembre de 2010. Clarín on-line  17:32

Juicio a Videla: el pedido de condena recién se conocera el jueves

Se debe a que uno de los abogados defensores no pudo estar presente en la audiencia de hoy debido a la muerte de un familiar. El fiscal anticipó que “se pedirán condenas duras, ya que los hechos están probados y acreditados”.

Por Marta Platía, corresponsal en Córdoba

Por la muerte de un familiar de un abogado defensor que no pudo estar presente en la audiencia, los pedidos de condenas de los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, se concretarán recién el próximo jueves y no hoy, como estaba previsto.

En tanto, y a poco de su exposición, el fiscal Hairabedián le adelantó a éste diario que “la prueba que se ha recibido demuestra que los hechos existieron, están probados y por lo tanto se solicitarán penas duras. Tanto es así que Videla y Menéndez han asumido la responsabilidad; y ningún imputado ha negado seriamente que los hechos se hayan producido”.

Hairabedián apuntó que “se ha acreditado incluso el estaqueamiento, castigo y muerte de un preso, René Moukarzel, por parte de (el ex teniente Gustavo Adolfo) Alsina. La prueba sobre este asesinato, como en el caso de (Raúl) Bauducco (el crimen con más testigos de la historia de Córdoba), es abrumadora”.

La megacausa que ha entrado en su fase final, y cuya sentencia sería el 21 de diciembre; tiene como protagonistas a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices, que están acusados de torturar y fusilar, aplicándoles lo que llamaban “ley de fugas”, a 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo en una cárcel cordobesa entre mayo y octubre de 1976. A lo largo de 51 jornadas en las que declararon 110 testigos, estos son algunos de los testimonios que más comprometen a los represores:

Enrique Asbert. Actual legislador provincial. Era uno de los 300 prisioneros presentes en la requisa en la que el cabo Miguel Ángel Pérez, con el asentimiento de Pedro Mones Ruiz, fusiló a quemarropa a Raúl Bauducco, el 5 de julio de 1976. Contó además cómo fingió una enfermedad para que lo llevaran con un médico de la prisión que era amigo de su esposa. En su boca llevaba “un caramelito”—en la jerga carcelaria un mensaje envuelto– que le deslizó en un bolsillo para que su mujer se lo entregase a Monseñor Francisco Primatesta. Ese mensaje atravesó los muros del penal y llegó, incluso, a manos de Rodolfo Walsh, quien denunció el fusilamiento de Hugo Vaca Narvaja en su legendaria “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”. Walsh, incluso, había dado a conocer el asesinato de Bauducco en un cable de su Agencia de Noticias Clandestina, ANCLA, de fechado en Buenos Aires el 27 de agosto de 1976.

Luis “Vittín” Baronetto. Entre otros crímenes, fue testigo junto a Enrique Asbert, de la golpiza que dejó cuadripléjico a Pablo Balustra a quien luego fusilaron aduciendo que quiso fugarse. A la esposa de Baronetto, Marta Juana González, la asesinaron poco después de parir a su bebé en cautiverio.

Fermín Rivera. Hizo uno de los testimonios más completos del juicio. Lo habían dejado hemipléjico en una sesión de tortura, y desde su camilla de la enfermería del penal, pudo ver cómo Alsina le negó al enfermero Fonseca asistir a Moukarzel, y cómo “lo remató a culatazos”.

Julio Fonseca, enfermero. Contó que Alsina le dijo en la mañana del 14 de julio de 1976: “Venga que estamos matando a Moukarzel”, y que lo torturó durante todo el día. Dio fe de cómo “le saltó encima del pecho hasta rematarlo mientras se reía como un loco”.

Rosario Miguel Muñoz  “Charo”. Describió cómo fue estaqueada y torturada por Alsina pocos días antes de que éste hiciera lo mismo con Moukarzel. La mujer denunció que la sodomizaron en la D-2, e hizo una presentación aparte en la Justicia.

Eduardo Alfredo De Breuil. Relató cómo en un “traslado” por el cual están imputados los ex militares Osvaldo César Quiroga y Francisco D´Aloia, los represores tiraron una moneda al aire para ver si lo dejaban con vida a él o a Gustavo, su hermano menor. Luego del fusilamiento, Alfredo fue obligado a ver los cuerpos acribillados de Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y el de su hermano, “para que vuelva a la cárcel y cuente que eso nos iba a pasar a todos”.

Carlos Esteban, coronel retirado. Declaró, ante el estupor de Videla y Menéndez, que él “nunca supo de ataques a los convoyes donde se trasladaba a los prisioneros”, derrumbando así una de las principales coartadas de los represores, que siempre sostuvieron que los presos políticos morían en las balaceras que se producían cuando supuestos comandos guerrilleros intentaban rescatarlos.

A estas voces se suman en la valoración de los fiscales, los testimonios de Soledad García –que increpó cara a cara a Videla cuando le tocó declarar–; Gerardo Otto, quien enfrentó a Mones Ruiz en la recorrida de la UP1 ni bien éste intentó negar su participación en el crimen de Bauducco; y el de Roberto Aballe, actual ministro de Juan Schiaretti, y de Rosario de Balustra, la esposa de Pablo Balustra, a quien le aplicaron la “ley de fugas” aún cuando lo habían dejado cuadripléjico; entre otros.

-Algunos de los aspectos que quedaron al descubierto en éste juicio, fue la complicidad de algunos funcionarios de la Justicia y miembros de la Iglesia católica. En el plano judicial,  fueron reveladores los testimonios de la abogada María Teresa Sánchez, a quien su defensor de entonces, Eduardo Luis Molina, le pedía favores sexuales a cambio de representarla; y el del también abogado Luis Reinaudi, quien denunció cómo mientras defendía a Cristian Funes, uno de los fusilados en la UP1, no fue auxiliado por el entonces juez Adolfo Zamboni Ledesma. Pocos meses después de que mataron a Funes, el propio Reinaudi fue detenido y torturado por la dictadura militar.

http://www.clarin.com/politica/Juicio-Videla-condena-conocera-jueves_0_381562107.html

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Miércoles, 1º de diciembre de 2010.

Polémica por el pedido de absolución de un militar

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Aunque se esperaba que los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella pidieran ayer duras condenas para los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 imputados por crímenes de lesa humanidad; la muerte de un familiar de uno de los abogados defensores que no pudo estar presente en la audiencia postergó el pedido de la fiscalía para este jueves.

De todos modos, Hairabedián adelantó en su detallada, prolija exposición, que pedirá duras condenas para los militares, y hasta una absolución “por falta de certeza” para el militar Francisco D´Aloia: uno de los dos imputados, junto a Osvaldo César Quiroga, del asesinato de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil, el 12 de agosto de 1976.

Hernán Vaca Narvaja, uno de los hijos de Hugo –quien tenía 35 años cuando lo fusilaron– le dijo a Clarín que la acusación de la fiscalía le pareció “un bochorno, a-histórica y hasta contradictoria, ya que el propio Hairabedián afirmó en su alegato que el testimonio de Eduardo Alfredo de Breuil, que sobrevivió a la matanza de mi padre y dos compañeros, era lógico y contundente. Y él ubicó a D´Aloia en la escena del crimen. Ahora esperamos que el Tribunal no comparta su criterio”.

El fiscal comenzó su alegato señalando “las responsabilidades” del ex dictador Jorge Rafael Videla “asumidas por él mismo en este juicio”. Su rol en “la estructura del terrorismo de Estado” y apuntó que “no existen dudas en cuanto al plan estructurado de eliminación de opositores”. También encuadró jurídicamente los delitos cometidos durante ése período, como de “lesa humanidad”.

Hairabedián remarcó “las falacias sobre las comunicaciones oficiales de los fusilamientos”, en los que se los quería hacer pasar por “enfrentamientos armados con guerrilleros”, cuando se trataba de asesinatos a personas “atadas de pies y manos, tabicadas, y sin posibilidad de defensa alguna”. Se creían dioses y reducían a la nada a los detenidos. “Esa es la esencia del totalitarismo” dijo, citando a Hanna Arendt.

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Martes, 7 de diciembre de 2010.

Juicio a Videla: nuevas amenazas contra los testigos

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

“Antes de la sentencia del 21, nos vamos a liquidar a uno”, amenazó una voz en el teléfono a un testigo y ex preso político del juicio que se le sigue en Córdoba a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices del terrorismo de Estado.

Esta nueva amenaza se sumó a las dos padecidas por el abogado querellante Claudio Orosz, y hasta al mismísimo secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez. De allí que ayer el gobernador Juan Schiaretti mantuviera una reunión con entidades de Derechos Humanos y varias de las personas intimidadas, y prometiera “refuerzos en las custodias, mayor protección”, y continuar “con el compromiso con los Derechos Humanos como política de Estado”. Schiaretti aseguró además que “profundizará la investigación” en cuanto a las amenazas que se suceden desde que comenzó el juicio, el 2 de julio.

En diálogo con Clarín, Raúl Sánchez fue mucho más directo: “Nosotros como gobierno hemos hecho tareas de inteligencia y estamos en condiciones de afirmar que uno de los principales responsables de las amenazas es Carlos (“Tucán”) Yanicelli, quien fuera segundo jefe de la policía cordobesa hasta mitad de los ´90”. De hecho, Yanicelli debió renunciar en medio de un escándalo en 1997, cuando el ex policía Luis Urquiza –torturado durante la dictadura y testigo en este juicio– lo denunció como integrante del D-2.

Yanicelli había sido ascendido como Jefe de Inteligencia por el entonces Ministro de Asuntos Institucionales de Ramón Mestre, el actual diputado Oscar Aguad.

Siempre en esa línea, Sánchez denunció que “Yanicelli sigue conspirando, actuando desde la cárcel, ya que todavía tiene adeptos entre las filas policiales”. Por su parte, Claudio Orosz contó a este diario que “a los mensajes que le dejaron a mi padre –una  amenaza de muerte el 5 de julio y un panfleto nazi hace tres semanas— ahora me dejaron volantes en la playa de estacionamiento donde guardo el auto. Parece claro: ante la proximidad de una sentencia condenatoria muy fuerte, reaccionan como ellos saben, con violencia”.

El juicio a Videla continuará hoy con los alegatos de los abogados defensores.

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Jueves 9 de diciembre, 2010.

Videla: las defensas apelan a la teoría de los dos demonios

Videla, en Córdoba, escuchando el alegato de los defensores. Foto: Daniel Cáceres.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

La desacreditación de los testimonios de los sobrevivientes; la revitalización de la llamada “teoría de los dos demonios”; la negación de que los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado sean delitos de lesa humanidad; o la directa negación de que esos crímenes hayan sido cometidos, son el denominador común de los alegatos de los defensores en el juicio al ex dictador Jorge Rafael Videla.

Ernesto Gaudín, el penalista que representa entre otros, a Carlos “Tucán” Yanicelli –ex miembro de la D-2, la Gestapo cordobesa– fue paradigmático. Según su hipótesis, su defendido no cometió delitos de lesa humanidad, sino “delitos comunes que ya prescribieron por el tiempo transcurrido”. De allí que pidió la nulidad de la imputación y la absolución del reo. También adujo –a pesar de lo abrumador de la prueba– “falta de certezas”.

Julio Deheza, el defensor de los represores Víctor Pino Cano y Juan Húber, se ocupó de desacreditar lo dicho por los 110 testigos que pasaron por el juicio desde el 2 de julio. Deheza afirmó que “la mayoría de los testimonios son inverosímiles”; y hasta se preguntó si “realmente han existido estos hechos en la UP1″, provocando murmullos y malestar en la sala donde estaban presentes algunos de los sobrevivientes de las torturas en ésa cárcel, entre abril y octubre de 1976. Mientras, Videla dormía, ajeno y placido, con la cabeza echada hacia atrás como si estuviera en el living de su casa ante una película aburrida.

El defensor, como viene ocurriendo con casi todos sus colegas, pidió entonces la absolución para sus clientes en un rápido punteo: “Primero, no participaron en lo que se les imputa. Segundo, no existieron los hechos. Y tercero, si existieron, se trató de severidad en el tratamiento carcelario y no de tormentos”. ¿Vejaciones a las mujeres? Admitió que sí, que “pudieron haber ocurrido”, pero no las enmarcó como torturas.

Tanto él como los defensores Leguiza y Gaudín, coincidieron en tachar de “quebrado, colaboracionista y mendaz” al testigo Carlos Raimundo “Charlie” Moore: el hombre que sobrevivió seis años en la D-2, y declaró por videoconferencia desde Londres. Una figura clave que, en su momento, el fiscal Carlos Gonella se encargó de definir –y defender– como “una víctima a la que se quebró mediante la tortura, y cuyo testimonio es tan válido como el de cualquier víctima”. Adelantándose a lo que esgrimirían las defensas, el fiscal razonó: “Si el hombre fue quebrado en su voluntad, es que fue torturado. Y si fue torturado, hubo quienes lo hicieron”.

Ayer Osvaldo Viola –quien representa a Carlos Poncet y al estaqueador Gustavo Adolfo Alsina– aportó su particular visión de la ”teoría de los dos demonios” que durante décadas ha intentado negar el terrorismo de Estado: “Para mí no son dos demonios sino uno con dos manos. Con la izquierda, el demonio disuelve; con la derecha, consolida” dijo, ante el estupor de la audiencia.

Los defensores también pusieron en tela de juicio, la teoría del dominio del hecho del alemán Claus Roxin en la cual se basaron las sentencias del Juicio a las Juntas de 1985, y los cuatro procesos que se le llevaron a Luciano Benjamín Menéndez aquí y en Tucumán.

Una teoría que esgrimió el jueves pasado el fiscal Maximiliano Hairabedián, cuando pidió cadena perpetua para Videla, Menéndez y otros 16 imputados. Sólo que Hairabedián tuvo un argumento extra: las propias declaraciones del ex dictador cuando, durante éste juicio, se atribuyó “la responsabilidad por todo lo actuado” durante la última dictadura militar: nada más ni nada menos que la admisión de una culpabilidad que hasta ahora, jamás había expresado.

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Para hoy y mañana, respectivamente, están previstos los alegatos de Natalia Bazán, la defensora oficial del ex dictador Jorge Rafael Videla; y Alejandro Cuestas Garzón: el abogado del represor Luciano Benjamín Menéndez. Bazán es una joven profesional nacida en La Rioja en 1975. Fue designada por la Defensoría General de la Nación, ya que Videla, al desconocer a la Justicia civil para su juzgamiento, no contrató defensor particular. Una actitud que, en su momento, tuvo también Menéndez a quien en el juicio de 2008, por la causa “Brandalisis”, lo representó de oficio también una joven abogada, Mercedes Crespi. Pero tal vez la primera de sus –ya cuatro– condenas a prisión perpetua en cárcel común, lo llevó a revalorizar la Justicia Federal, y en los dos últimos juicios en ésta provincia contrató al reconocido penalista Cuestas Garzón.

http://www.clarin.com/politica/Videla-defensas-apelan-teoria-demonios_0_386961336.html

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Viernes, 10 de diciembre de 2010.

En Córdoba pidieron la absolución de Videla

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

A exactos 25 años de que se lo condenara a cadena perpetua en el histórico Juicio a las Juntas, la defensora de oficio de Jorge Rafael Videla pidió su absolución “de todos los delitos que se le acusan” apelando al principio de “cosa juzgada” que, según argumentó, ocurrió cuando el ex dictador fue condenado junto a los otros ex comandantes.

Vestido con un saco claro, camisa rosada y una corbata roja, el represor no perdió palabra de la joven penalista Natalia Bazán –designada por la Defensoría General de la Nación— quien hizo una prolija, ajustada defensa técnica.

Bazán arrancó admitiendo la inminente, eventual condena de su defendido –de hecho los fiscales y las querellas pidieron cadena perpetua—, por lo que se apuró a plantear la supuesta “inconstitucionalidad de la prisión perpetua”. Dijo que “si bien en la Argentina no existe la pena de muerte; por la edad que tienen (los reos) se los está condenando hasta que se mueran”.

La abogada no negó que en la dictadura liderada por Videla haya existido “un plan sistemático de exterminio, lo que integra un delito continuado”; pero de inmediato se amparó en las causa 13 del Juicio a los Comandantes, “la causa Bártoli” en la cual Videla fue absuelto, para esgrimir “la cosa juzgada”.

En cuanto al hecho principal por el que Videla está sentado en el banquillo de los acusados en Córdoba, el secuestro, tortura y fusilamiento de 31 presos políticos a disposición del PEN entre abril y octubre de 1976, cuando él era el presidente de facto, Bazán optó por la negación y la traslación de la culpa.

Afirmó que “no es tan así que estuviesen a disposición del PEN (ergo, de Videla); sino que hubo algún grado de participación de la Justicia (Federal) en todo eso”. En este punto, la defensora prefirió seguir la misma cómoda, trillada senda de varios de sus colegas y no pocos imputados: echarle la culpa a la desidia –cuando no complicidad— de gran parte de la justicia Federal de entonces; y liberar así de culpa y cargo a quien era el jefe del Poder Ejecutivo.

Ayer fue un día extraño para Videla: a 25 años del Juicio a las Juntas —y con 85 sobre el cuerpo—, una mujer nacida a mitad de los ´70 bregó por su absolución designada por la Justicia de un gobierno democrático.

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Sábado, 11 de diciembre de 2010.

Reclamaron la absolución de Menéndez en Córdoba

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal

El abogado defensor de Luciano Benjamín Menéndez pidió la absolución del represor por “la violación al derecho de su juez natural”; la supuesta “direccionalidad de la instrucción del juicio” (por parte de la ex jueza Cristina Garzón de Lascano); “el principio de cosa juzgada, y la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo” ya que –al igual que sus colegas– consideró los crímenes cometidos en la UP1, como “comunes” y no de lesa humanidad.

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –quien no asistía a la audiencia desde el alegato del fiscal Maximiliano Hairabedián el jueves pasado–, lo escuchó hombro a hombro con el ex dictador Jorge Rafael Videla.

Ambos asintieron cuando Cuestas Garzón arguyó que “existe contra mi defendido una verdadera persecución judicial”, y calificó a la Argentina “como un país zigzagueante en el que no podemos tener seguridad jurídica. A mi defendido y a todos los imputados les cambian las leyes en medio del mar”. El penalista alabó el “Indulto del gobierno de Carlos Menem” que benefició a un Menéndez que, desde el 24 de julio de 2008, ya ha sumado cuatro condenas a cadena perpetua en Córdoba y Tucumán. Y culpó a Néstor Kirchner por “la reapertura de estos juicios”.

Como ya hicieron sus colegas y algunos de los imputados –especialmente los ex policías de la D-2— cuestionó la actuación de la Justicia Federal durante la dictadura: “Ellos sabían perfectamente adónde iban los presos desde la UP1, el campo de La Ribera o la D-2” acusó; e hizo blanco de sus dardos a la ex jueza Cristina Garzón de Lascano, quien instruyó los llamados “Juicios de la Verdad” y gran parte de los tres últimos, incluido el actual.

Entre otras cosas, le achacan haber sido secretaria del polémico y ya muerto juez Adolfo Zamboni Ledesma, en 1976. Un cargo que desempeñó sólo durante un mes, en reemplazo de Carlos Otero Alvarez. La estrategia no es nueva y ha sido repetida por todos los defensores: pedir la nulidad del juicio, en virtud de la intervención de la ex jueza por el supuesto “direccionamiento de la causa para encubrir y encubrirse”.

El pedido de absolución de Menéndez, se sumó a idénticas solicitudes para la totalidad de los imputados que hicieron, en masa, los defensores en esta última semana. Las sesiones se reanudarán recién el martes 21, cuando los acusados ejerzan el derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de que –el miércoles 22– el Tribunal Oral Federal N° 1, presidido por Jaime Díaz Gavier, pronuncie el veredicto.

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Lunes 20 de diciembre de 2010.

Juicio a Videla en Córdoba: son abogados y defienden a sus padres fusilados

Juntos en la pelea: Ceballos - Vaca Narvaja en Córdoba. Foto: Daniel Cáceres

Por Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Hugo Vaca Narvaja y Miguel Ceballos tienen mucho en común: ambos son abogados, tienen apenas cuarenta y pico, y son los primogénitos de sus padres de quienes llevan idénticos nombres. Los dos defienden, en el juicio contra los represores Jorge Rafael  Videla,  Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 cómplices, la causa de sus progenitores que tuvieron un  atroz destino común: fueron torturados y fusilados en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1), entre agosto y octubre de 1976.

Vaca Narvaja padre era defensor de presos políticos, y tenía 35 años y tres hijos cuando –en noviembre de 1975– lo secuestraron en las escalinatas de tribunales a plena luz del día. Miguel Ceballos contaba 37 cuando fue a parar a la UP1. Había sido activo militante durante el Cordobazo,  estudiaba economía y también tenía tres hijos cuando lo fusilaron en un simulacro de fuga el 11 de octubre junto a otros cinco compañeros.

En diálogo con Clarín, Hugo Vaca Narvaja recuerda que tenía 9 años cuando su familia logró huir de Córdoba y refugiarse en la Embajada de México, antes del exilio: “Eramos 26. A los chicos nos pusieron debajo de las mesas ya que afuera, en plena Capital Federal, el Ejército rodeaba el edificio y tenían miedo de que nos dispararan”.  Y niega: “No, nunca quise ser abogado. Es más, mi madre dice que debajo de ésa mesa yo repetía que nunca iba a ser abogado. Parece que como el chico que era, relacionaba la actividad de mi papá con lo que nos pasaba”. Lo que les pasaba: ya con el padre preso, el zarpazo recayó en su abuelo. También abogado y ex ministro de Arturo Frondizi, lo secuestraron pocos días antes del golpe de Estado del 24 de marzo, lo asesinaron y decapitaron. Su cabeza apareció en las vías de un tren.

Miguel Ceballos, en cambio, siempre supo lo que sería: “Había en mi familia dos palabras muy fuertes: justicia e injusticia. A mi papá lo habían metido preso varias veces después del Cordobazo. Mientras crecía, yo apenas lo ví. Mi mamá estudiaba medicina y con nosotros –dos hermanitos más– lo siguió hasta Rawson para estarle cerca. Tengo de él el recuerdo de una sola semana, allá en el sur. Yo habré tenido 5 años”.

Ahora, en el nombre de esos padres, ambos recalcan que la defensa que hacen “es mucho más amplia, más abarcativa”. Y de hecho lo es: entre los dos litigan por los familiares de diecisiete de los 31 fusilados junto a sus progenitores.

Vaca Narvaja llegó a la abogacía luego de “varios años en biología” y muchos años después de aquél pataleo debajo de la mesa de la embajada. ¿La memoria de sus células pudo más? “Sí, puede ser. Mi hermano Hernán es periodista, y mi hermana artista plástica. Alguien tenía que hacerlo y allí estaba yo”.

Desde el 2 de julio, cuando comenzó el juicio, los querellantes están sentados a pocos metros de los jerarcas y verdugos que les cambiaron –como a miles– la vida para siempre. ¿Qué cómo llegaron hasta allí? Ambos coinciden en que arrancaron en la causa trabajando con dos de los “decanos en este tema en Córdoba”: los abogados María Elba Martínez (Vaca Narvaja), y Rubén Arroyo (Ceballos), quienes  llevan más de 30 años en este tema. “Para mí, ser el Sancho Panza de una Quijote como María Elba Martínez, ha sido y es un honor –apuntó Vaca Narvaja–. Ella fue a buscarnos al aeropuerto cuando regresamos del exilio en 1983. En ése momento nunca hubiera imaginado que estaría codo a codo con ella frente a un Tribunal y menos por éste tema”.

¿Qué se siente? “La necesidad de justicia es lo que mueve, lo que guía los pasos. Sí claro, se cruzan dolores, ausencias personales –admite Miguel Ceballos–. Pero a pocas horas del veredicto, la Justicia lo llena todo”. Vaca Narvaja, entonces, sonríe una sonrisa apretada que le empequeñece aún más los ojos y dice como para sí mismo: “Ese día…Sí. Será como decirles a nuestros padres, a nuestras familias, misión cumplida. Y un arrancar de nuevo”.

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Mañana, los 30 represores imputados por delitos de lesa humanidad en el juicio a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez tendrán el derecho a decir sus últimas palabras. Uno de ellos, un médico acusado de encubrimiento, fue apartado del juicio -tuvo un infarto-, por lo cual se le seguirá un proceso aparte. Para el miércoles, está anunciado el veredicto del Tribunal Oral Federal Nº 1 encabezado por el juez Jaime Díaz Gavier.

Los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella pidieron 17 cadenas perpetuas, incluyendo al ex dictador y a Menéndez; cuatro absoluciones: un militar y tres policías “por falta de certezas”; y para el resto solicitaron penas de entre 25 y 9 años de prisión.

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Miércoles, 22 de diciembre de 2010

En su alegato final, Videla reivindicó la represión y justificó sus métodos

Jorge Rafael Videla, foto Daniel Cáceres.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

En sus últimas palabras antes de la sentencia de hoy, el represor Jorge Rafael Videla volvió a reivindicar el terrorismo de Estado y justificó los crímenes de lesa humanidad que se le imputan: dijo que libró “no una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado”. También repitió lo que viene afirmando desde que comenzó el juicio el 2 de julio: que “los enemigos derrotados ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país”. Un claro ataque para el Gobierno.

En su discurso de 48 minutos, leído de pie en el marco del juicio que se le sigue por el asesinato de 31 presos políticos en Córdoba durante la dictadura, Videla no se refirió ni a los desaparecidos ni a los bebés robados mencionados en la sala. Y repitió aquello de la “necesaria crueldad” de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, que se jacta de haber conducido.

Vestido con un traje azul, camisa blanca y corbata roja, el ex dictador de 85 años exhibió un sorprendente estado físico. Ni bien arrancó con su alegato ­con el timbre claro, marcial de otros tiempos­ cuestionó el alegato del querellante Hugo Vaca Narvaja, de quien, dijo, “hizo un peligroso revisionismo histórico”.

Es que Vaca Narvaja ­quien defiende la causa de su padre torturado y fusilado­ le apuntó “al lastimoso papel del Ejército Argentino” desde la Conquista del Desierto, pasando por los fusilamientos de obreros de la Patagonia, el Proceso y la Guerra de Malvinas.

En tren de una defensa que negó como tal, Videla no se privó de hacer su propio repaso de la historia: “El Estado de caos del país desde octubre de 1975″; la firma del decreto de “Aniquilación del terrorismo” suscripto por la ex presidente Estela Martínez de Perón e Italo Lúder ­a quien primero le elogió el “coraje cívico” y luego deploró su “posterior interpretación semántica del término aniquilar”­; y no dejó títere con cabeza a la hora de arrojar responsabilidades acerca del accionar del Ejército. Desde Juan Domingo Perón, cuando “echó a los Montoneros de la Plaza diciéndoles imberbes”; su Documento Reservado, luego del asesinato de José Rucci, y las palabras de un diputado de entonces, de apellido Stocco, que “les daba vía libre a las FF.AA. para perseguirlos a guaridas como a ratas porque no merecen vivir en este suelo”.

Una de las grandes sorpresas fue cuando Videla relató una supuesta reunión con el líder radical Ricardo Balbín “en casa de un amigo común” a “exactos 45 días del inicio del Proceso. Me expresó su preocupación por la situación caótica que vivía el país y sin mediar palabra me dijo: `Frente a esta situación, van a dar el golpe ¿sí o no?’. Le respondí que si por dar el golpe, sabíamos fecha y hora de su ejecución, no sabía el día y la hora.

Me interrumpió y me dijo: `Si ésto es así, háganlo cuanto antes, evítenle al país, una larga agonía. No pretendan el aplauso de un viejo dirigente político frente a la interrupción del orden constitucional, pero estén seguros que tampoco sembraré piedras en el camino’”.

Videla aseguró que hubo “dentro de ésa orgía de violencia” unos “seis atentados” contra su vida, y aseguró que “el primero fue en marzo de 1976 comandado por (el periodista Horacio) Verbitsky”.

Según la versión del represor, “el Perro”­como lo llamó­ luego habría sido “enjuiciado severamente” por los Montoneros “por no haberse quedado a comprobar los resultados de la operación”.

Otro de sus blancos fue el actual Procurador General de la Nación, Esteban Righi, a quien señaló como “inspirador del decreto que dejó libres a mil quinientos terroristas con la amnistía de (Héctor) Cámpora, a su llegada al gobierno, el 25 de mayo de 1973″.

Videla tampoco quiso dejar afuera a la “sociedad argentina”. La calificó de “protagonista de la guerra antisubversiva”, otorgándole calidad de cómplice en lo sucedido durante la dictadura.

Antes de descalificar, una vez más, al Tribunal Oral Federal N 1 que lo juzgó y condenaría hoy, repitió lo que había dicho en otra de sus intervenciones: que “los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país e intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci”, el pensador italiano que impulsaba la revolución a través de la cultura.

A punto de recibir su segunda condena, el jerarca no se arrepiente de nada. Nombró al Papa, a Dios y a la Biblia cuantas veces pudo, y felicitó a todos sus compañeros de juicio. A todos excepto al cabo Miguel Angel Pérez ­el hombre que se arrepintió de haber asesinado a Raúl Bauducco y pidió perdón–, a quien con desprecio calificó de “inoperante”.

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Hoy, la lectura de la sentencia

Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz será uno de los presentes hoy cuando el Tribunal Oral Federal N 1 dicte la sentencia a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 28 cómplices (uno fue apartado del proceso, ya que ha sufrido un infarto) de haber secuestrado, torturado y fusilado a 31 presos políticos. Todos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1). Los asesinatos fueron cometidos entre abril y octubre de 1976.

Antes de que el juez Jaime Díaz Gavier lea el veredicto, hablará Luciano Benjamín Menéndez. Desde temprano, una gran cantidad de familiares de las víctimas, y otro tanto de los victimarios, colmarán la Sala donde, desde el 2 de julio se está juzgando al ex dictador.

Afuera de los Tribunales Federales, habrá una concentración a partir de las tres de la tarde, frente a una pantalla gigante donde se podrá seguir lo que ocurra en el recinto. La fiscalía de los doctores Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella solicitaron 17 condenas a prisión perpetua (incluyendo a Videla y Menéndez), cinco absoluciones, y para el resto, penas que van desde los 9 a los 25 años.

Un empleado judicial le confió a Clarín que “Videla está ansioso por regresar a Campo de Mayo –su anterior sitio de detención, desde que fuera encarcelado por robo de bebés–. Quiere estar cerca de su familia para la Navidad y que su mujer lo visite más asiduamente”. Desde el 29 de junio, el ex dictador está detenido en Córdoba, en la celda 1 del Módulo MD2 de Bouwer, que está acondicionado para presos por delitos de lesa humanidad. Allí comparte sus días y noches con sus ex subordinados. Menéndez, en cambio y por un diagnóstico de “neumopatía doble”, está gozando de prisión domiciliaria. “El es un hombre calmo, hasta amable. Colabora con los quehaceres del pabellón –siguió el funcionario–, pero ya se lo ve impaciente. Al resto, más bien de mal humor. La cercanía de las fiestas los pone mal como a cualquier preso”. Desde ayer, cuando Videla repudió públicamente al cabo Miguel Angel Pérez –quien hasta ahora es el único represor que ha mostrado arrepentimiento y pedido perdón a la familia de las víctimas en los juicios por el terrorismo de Estado– no son pocos los que se preguntan qué será de su vida en el MD2.

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Clarín, miércoles 22 de diciembre

Los argumentos de Videla

Presentó a la sociedad como cómplice

Por Alberto Amato

El alegato del dictador Jorge Videla ante la justicia de Córdoba fue sorpresivo, pero no sorprendente. La decisión de Videla de hablar en su favor se comprende sólo en su afán de responder a uno de los abogados querellantes, familiar de una familia masacrada por la dictadura que encarnó el reo.

Lo que Videla dijo no difiere en nada de los argumentos usados por otros militares de su época; entre elllos, uno de sus enemigos favoritos, el hoy muerto Emilio Massera.

Videla justificó ayer la represión ilegal a la subversión, aunque lamentó “las consecuencias que deja toda guerra”. Se responsabilizó por todo sin admitir culpa de nada. Y se amparó en un supuesto apoyo al golpe por parte de la sociedad civil. Habló incluso de un aval dado por Ricardo Balbín, a quien citó, durante una reunión que los radicales siempre negaron pero que muchas fuentes dan por cierta.

Aquella Argentina de entonces dio de alguna manera la bienvenida al golpe militar. Este diario reveló hace 12 años las brutales internas dentro del gobierno de Isabel Perón, que llegaban a los oídos atentos del embajador de Estados Unidos.

El peronismo de entonces veía venir el golpe sin atinar casi a defensa alguna. Balbín usó la cadena nacional que le cedió Isabel para anunciar “yo no tengo soluciones”, ya en las vísperas del asalto al poder por parte de la cúpula militar.

Otro dirigente prestigioso de la época, Oscar Alende, ex frondicista y brillante gobernador de Buenos Aires en los años 50 y 60, también manifestó su impotencia frente a una realidad inconstrastable: enfrentamientos armados casi diarios entre grupos de la izquierda guerrillera y la derecha paramilitar y parapolicial, una inflación incontenible que se comía los salarios y hacía trepar los precios a las cumbres, un desabastecimiento brutal que desguarnecía todavía más a la sociedad.

Susana Rinaldi, en el escenario del Embassy, bromeaba con feroz ironía: “¿Vio señora? Ya no hay papel higiénico en las góndolas… Total, para lo que una come…” El país estaba a punto de perder aquella inocencia.

La mañana del 24 de marzo de 1976, un suspiro de alivio recorrió las calles enfriadas por un ramalazo de otoño y copadas por vehículos militares que lucían enigmáticos símbolos en papel autoadhesivo blanco: círculos, cuadrados o triángulos.

Si alguien esperaba una encendida defensa popular del último gobierno peronista de la década, se equivocaba. La sociedad y su dirigencia optaron entonces por el astuto consejo de Juan Perón cuando el golpe militar de 1966 y desensilló hasta que aclarara.

Sólo que nunca aclaró y únicamente quienes padecieron de inmediato la furia de los dictadores, intuyeron el carácter criminal que tenía aquello que fue bautizado con un nombre de anestésico: Proceso de Reorganización Nacional.

Pretender escudarse en el apoyo social o en el aval de los partidos políticos para justificar los crímenes, es un acto de cinismo feroz.

Videla sigue peleando su propia guerra sucia, alegando que la victoria militar fue el prólogo de una derrota política.

Ya en los escalones finales de su vida, el anciano ex general se mostró ayer como siempre fue y no como el hombre moderado, devoto, austero, parco e intachable que dibujó en sus años de poder absoluto.

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Jueves, 23 de diciembre de 2010

Dictan otra perpetua para Videla y sigue preso en una cárcel común

De espaldas, Videla y Menéndez. Foto: Daniel Cáceres.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Los labios le temblaron al ex dictador Jorge Rafael Videla cuando el juez Jaime Díaz Gavier le leyó la condena: prisión perpetua en una cárcel común e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por los 31 secuestros, torturas y asesinatos en la UP1 cordobesa, entre abril y octubre de 1976. Es la segunda sentencia que recibe a 25 años del histórico Juicio a las Juntas Militares.

A su lado, y con el rostro sombrío, el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez —todo un habitué en juicios— escuchó su quinta sentencia a perpetua. Los pesados párpados del ex dueño de la vida y la muerte en 10 provincias argentinas, ni siquiera pestañearon, salvo cuando el juez le dio la sorpresa: “Deberá hacerse un chequeo médico en el hospital público de Clínicas –del legendario barrio del Cordobazo— para constatar el estado de su “neumopatía doble”, diagnóstico por el cual goza de prisión domiciliaria, “para evaluar su retorno” a la prisión común de Bouwer, en esta provincia.

Además de Videla y Menéndez, el Tribunal dictó otras catorce perpetuas (a 9 militares y 7 policías de la ex D2), siete condenas a prisión de entre 6 y 14 años, y siete absoluciones. Las dos más polémicas “por falta de certezas”, fueron las de los militares Francisco D´Aloia y Osvaldo César Quiroga, acusados del crimen de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo De Breuil (Ver recuadro).

“Esto es más importante que el jucio de Nüremberg, porque aquí los jueces son nuestros, y las leyes también, incluso, son las que regían hace 30 años, cuando se cometieron los hechos. En Alemania, en cambio, los que juzgaron fueron tribunales aliados –le dijo a Clarín Enzo Stivala, ex presidente del Colegio de Abogados— Esto es único en el mundo”, aseguró. Un concepto con el cual, en su visita a éste tribunal, coincidió el juez español Baltasar Garzón.

Otro de las sentencias inesperadas –y más festejadas— fue prisión perpetua al ex teniente Gustavo Adolfo Alsina, imputado entre otros delitos, por estaquear hasta la muerte al médico René Moukarzel. Si bien la fiscalía había solicitado 25 años, por “tortura seguida de muerte”, según el encuadramiento de aquéllos años; el Tribunal consideró que la saña de su crimen ameritaba más.

Marta Moukarzel, la hermana del hombre que padeció una de las muertes más crueles de la UP1, lloró abrazada a otros familiares de las víctimas: “No me esperaba ésto. Siento que ahora mi familia va a poder empezar a sanar tanta pena”, sollozó aún incrédula ante éste diario.

En la sala la tensión se podía tocar en el aire casi irrespirable. Es que los familiares de los 30 reos se agrupaban detrás de la cabina de cristal que los ha protegido durante el juicio; mientras que en el costado izquierdo, los de las 31 víctimas aguardaban expectantes. Entre los presentes se destacaron Luis Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos; el intendente Daniel Giacomino; Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Juan Schiaretti; Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo; y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.

En Córdoba ayer, y parafraseando título del cuento de Rodolfo Walsh asesinado por la dictadura en 1977, se vivió “otro luminoso día de justicia”. Uno que él, con su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar –en la que  denunció los crímenes de la UP1 en Córdoba– también se encargó de hacer realidad.

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Anuncian que apelarán las absoluciones

El fiscal Carlos Gonella anticipó que una vez que se conozcan los fundamentos de las absoluciones de Osvaldo César Quiroga y Gustavo Salgado apelará la decisión.

También va a apelar una de estas absoluciones, Hugo Vaca Narvaja, el hijo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. La absolución de Quiroga, uno de los dos imputados por el crimen junto al también absuelto Francisco D´Aloia, cayó como un balde de agua fría para la familia Vaca Narvaja. “Quiroga firmó un papel entregando a mi padre y a otros dos compañeros, por lo menos debió haber sido partícipe necesario del crimen. Da la impresión de que necesitan una foto de lo sucedido para dar crédito a lo que dijo el testigo”, afirmó Vaca Narvaja.

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En el juicio que culminó ayer fueron condenados a prisión perpetua:

Jorge Rafael Videla y los represores Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Alsina, Enrique Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Alberto Lucero, Calixto Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna, Juan Molina, Miguel Angel Gómez, Carlos Yanicelli.

Hermes Rodríguez y Víctor Pino Cano fueron condenados a 12 años de prisión; José San Julián a 6 años; Juan Huber a 14 años; Carlos Híbar Pérez a 10 años; Mirta Antón a 7 años; Fernando Rocha a 8.

Resultaron absueltos: Francisco D`Aloia; Osvaldo César Quiroga (aunque no quedará en libertad, porque tiene otra causa pendiente), Luis Rodríguez, Luis Merlo, José Paredes, Ricardo Cayetano Rocha y Gustavo Salgado.

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Menéndez, con un alegato final de tono golpista

Horas previas a su quinta condena a prisión perpetua, el represor Luciano Benjamín Menéndez repitió, más o menos aggiornado, su discurso de siempre: sólo que esta vez le dio un final de claro tono golpista encubierto en una arenga “pro constitucional”.

Es que según él, “el gobierno está en manos de los terroristas de los´70″, por lo que es necesario “la marcha de los argentinos para volver a inaugurar una nueva etapa democrática”, y retomar “la senda de la Constitución”. El ex hombre fuerte de Córdoba y otras diez provincias argentinas durante la última dictadura, afirmó que “ellos (el gobierno nacional) nos quieren imponer un régimen autoritario, vitalicio y comunista”.

En eso estaba, cuando la querellante María Elba Martínez lo interrumpió y le solicitó al juez Jaime Díaz Gavier que el reo dejara de mirar al público, “ya que sus palabras finales deben estar dirigidas al Tribunal”. Menéndez le lanzó una mirada fulminante, y de inmediato se disculpó ante el juez: “No sabía las reglas”, dijo, algo que provocó risas en la sala: “Este es su quinto juicio y ya debió haber aprendido”, se escuchó entre el público.

La influencia del represor Jorge Rafael Videla se notó también en su alegato: Menéndez mencionó a Antonio Gramsci ­una constante en las alocuciones del ex dictador, cuando afirma que en el país “se está produciendo una revolución cultural”–, y en la variante de “el comienzo de la guerra antiterrorista”, que adelantó en “un año antes del 24 de marzo”. Cuando los jueces estaban a punto de retirarse al cuarto intermedio previo al veredicto, Videla sorprendió subiéndose al atril, y allí “salvó un error que se deslizó” en su discurso del martes. “Dije que por el secuestro de los hermanos (Jorge y Juan) Born los Montoneros cobraron 60 millones de pesos, cuando en realidad fueron 60 millones de dólares” corrigió en un detalle que, en el día del fin del juicio y su segunda condena, pareció importarle sólo a él.

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En Córdoba hubo festejos en la calle tras conocerse el fallo

Claro que estamos felices. Es un paso más en nuestra lucha de tanto tiempo. Han sido los asesinos más brutales de la Argentina, pero en medio de esta alegría, considero que estamos a medio camino: ahora vamos por los juicios por el robo de nuestros nietos”, le dijo a Clarin Sonia Torres, apenas salió de la sala donde los represores Jorge Rafael Videla y Menéndez fueron condenados.

Afuera, en la calle, unas dos mil personas festejaron con cánticos: apiñados, pudieron ver y escuchar la lectura de las condenas por tres pantallas instaladas en el frente de los Tribunales Federales.

Sara Waitman, de 55 años y ex presa política, le dijo a este diario: “Festejamos la alegría de haber llegado al juicio y de haber podido contar nuestra historia y lo que ha pasado. Pero también tenemos tristeza por tantas absoluciones”.

Cuatro pibes, Sofía Piñeiro, una estudiante de danzas de 20 años, y los tres hermanos López Gaviola, con sus rostros pintados de colores, dijeron haber vivido la tarde “con mucha euforia y con mucha gratitud. Es un día histórico. Hoy se ven los logros de todos los que siguieron luchando después de la dictadura. Hubo veredictos emocionantes, pero otros nos parecieron injustos. De todos modos, es un día de alegría”.

Juan Manuel Ceballos, un estudiante de música, dijo que “pedimos a los abogados que no se rindan. Que sigan apelando lo que crean injusto. No tengo familiares en todo esto, pero me siento parte de esta lucha”.

Para Carlos Vicente, el viceintendente, “es otro gran paso para la justicia de Córdoba y del país. En nuestra ciudad, la condena a perpetua de Carlos Yanicelli ­represor del D2 y ex jefe policial durante el gobierno de Ramón Mestre­-, es muy importante”.

Por su parte, Soledad García, la mujer que enfrentó cara a cara a Videla cuando le tocó declarar, y le reclamó por los cuerpos de los desaparecidos, entre ellos el de su compañero Eduardo Requena, dijo: “A mí todo esto me parece un avance en materia de justicia.

Pero me queda una sensación agridulce por la absolución de Quiroga (imputado en el crimen de Miguel Hugo Vaca Narvaja). No me la esperaba ni en broma. Eso es muy triste. Pero ahora, en este momento, yo lo que celebro es la justicia”.

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Viernes 24 de diciembre de 2010

Tras la condena, Videla volvió a la cárcel de Campo de Mayo

Marta Platía. Córdoba. Córdoba.

Con su flamante condena a prisión perpetua en cárcel común, el ex dictador Jorge Rafael Videla volvió a Capital Federal la misma noche del veredicto.

Lo trasladó el Servicio Penitenciario Federal, por vía terrestre, y lo acompañó uno de sus hijos, Fernando Videla.

“El tenía todo preparado en su celda de Bouwer: sus trajes de invierno y los de telas más livianas. Sus efectos personales para higiene, sus papeles y  los libros con los que incluso, preparó sus últimas palabras”, le confió a este diario un funcionario judicial.

La prisión de Campo de Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, era su meta. Desde hacía semanas que el hombre acusado –y ahora condenado– por el secuestro, tortura y asesinato de 31 presos políticos en la UP1 cordobesa durante sus años como presidente de facto, “soñaba con volver a lo que se le ha convertido su prisión natural –siguió el informante—Es que ahí lo pueden visitar más asiduamente su esposa y sus seis hijos. En Bouwer se sentía muy solo”.

Consultada por Clarín, su abogada defensora de oficio, Natalia Bazán, dijo que “la despedida con él fue correcta y acotada, como fue nuestro diálogo durante todos estos meses. Me dio la mano y sí, estaba muy parco. Educado, como siempre, pero parco y sombrío”.

Su ex lugarteniente y ahora también, ex compañero de juicio, el quíntuple condenado Luciano Benjamín Menéndez durmió en su casa, donde está gozando del beneficio de la prisión domiciliaria en razón de un cuadro de “neumopatía doble”. Un diagnóstico que el juez Jaime Díaz Gavier, como parte de la sentencia, ordenó chequear a través de “una junta médica en el Hospital Nacional de Clínicas”. Ese examen se haría en las próximas horas y, de acuerdo al resultado, Menéndez volvería o no a Bouwer, adonde el miércoles y  por tercera vez, lo envió la Justicia de Córdoba.

La histórica sentencia dejó al menos dos sorpresas. La primera fue la perpetua a Gustavo Adolfo Alsina: el ex teniente acusado de estaquear hasta la muerte al médico René Moukarzel, ya que la fiscalía había pedido sólo 25 años.

La segunda en cambio, tuvo un impacto amargo y con sabor a impunidad para los familiares de las víctimas: fue la absolución de Osvaldo César Quiroga, uno de los imputados en el fusilamiento de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil. El abogado querellante e hijo de uno de los fusilados, Hugo Vaca Narvaja, le adelantó a este diario que apelará ni bien tenga los fundamentos del fallo, lo cual se espera para fines de febrero.

Por su parte, el gobernador Juan Schiaretti se quejó del “nulo” apoyo que –aseguró—recibió del gobierno nacional para custodiar a los testigos. “Lo tengo que decir con todas las letras: actuamos en absoluta soledad, porque no hubo ningún organismo del Estado que acudiera para preguntarnos qué necesitábamos frente a las amenazas a los testigos”. Schiaretti se quejó durante un acto en el que ascendió a algunos jefes policiales, y elevó la Dirección de Protección de las Personas, a Departamento.

Desde el 2 de julio, cuando comenzó el proceso a los represores, tanto testigos como abogados querellantes recibieron múltiples amenazas de muerte. El más agredido fue el abogado Claudio Orosz.

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Notas publicadas en El diario del Juicio de HIJOS

http://201.235.255.27/~eldiario/?q=cronicas-del-recinto/2%2B19/161

Septiembre, 2010

Juicio a Videla y Menéndez

De crueldades y sadismo

Por Marta Platía.

El ex dictador volvió a pararse sobre sus pies y lanzó: “Fuimos crueles, pero no sádicos”. La aseveración no surgió de la nada: ambos adjetivos fueron el denominador común en más sesenta testimonios –de los 149 previstos– en el juicio que se le lleva en Córdoba por delitos de lesa humanidad.

En el diccionario de María Moliner, el adjetivo cruel “es aplicado a personas capaces de hacer padecer a otros, o de ver padecer sin conmoverse o con complacencia”; en tanto que señala como sádico a alguien afectado de “una perversión psíquica de carácter sexual que consiste en experimentar placer con el padecimiento de otra persona”.

Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y los otros 29 imputados por las torturas y el fusilamiento de 31 presos políticos en una cárcel cordobesa; deberían preguntarse entonces si fue cruel o sádico, por ejemplo, que un grupo de soldados  “encabezados por el cabo (Carlos Hibar) Pérez”,  violaran durante toda una noche en una celda de castigo a Graciela Galarraga, lastimándola al punto de dejarla inconsciente durante varios días. “Cuando desperté, estaba ensangrentada. Me habían metido un cuchillo en la vagina y me habían dejado la funda de cuero adentro”.  Galarraga, entre otras secuelas, tuvo una infección que casi la mata.

¿Será un acto cruel o sádico el de Miguel Angel “el Gato” Gómez, de la D-2, quien antes de violar a sus víctimas gustaba de sacarles la venda y presentarse: “Mirame bien, yo soy el Gato, tu torturador”?

¿Habrá sido cruel o sádico, sodomizar y estaquear a Rosario “Charo” Muñoz? “El 10 de julio de 1976, (Gustavo Adolfo) Alsina se enfureció conmigo porque una celadora me había llevado un plato de comida. Yo estaba castigada y hacía ocho días que me tenían a pan y agua. Como no quise decirle el nombre de la persona que había tenido un gesto humanitario conmigo, me llevó al patio, me hizo desnudar y me estaqueó. Hacía mucho frío y viento”.

El ex militar que Videla calificó de “valiente y corajudo”, se dedicó entonces a tirarle baldazos de agua a la mujer inmóvil en el piso de cemento. Pero eso no le pareció suficiente: “Me quemó el cuerpo con cigarrillos y obligó a algunas de mis compañeras a que me arrojaran agua fría. Para ellas fue terrible y para mí también. Una no podía, así que miré su cara de horror y le grité: “Hacé lo que él te dice”.

Charo logró sobrevivir. El médico René Moukarzel, cuatro días después, no soportó el mismo tormento. ¿Por su asma tal vez? ¿Por las piedras bajo su espalda desnuda? ¿Habrá sido el frío? ¿O porque ya en la enfermería, el teniente Alsina no dejó que nadie lo auxiliara y lo remató a golpes con la culata de su fusil? “Cuando ya estaba muerto, le seguía saltando encima del pecho mientras se reía como un loco y lo insultaba”, describió todavía aterrado, Eduardo Fonseca, un enfermero de entonces.

Tal vez el máximo jerarca de la última dictadura argentina, debería reconsiderar si fue cruel o sádico decirle a Marta González de Baronetto, mientras la picaneaban poco después de que haber parido a su bebé, esposada y tabicada: “Esos deditos que estás tocando son del nene. Le cortamos una mano apenas nació”. O que el ex carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro le preguntara a Jorge De Breuil en el campo de concentración de la Ribera, “qué me  había parecido la orgía de sangre que hicieron con mi hermano Gustavo y con (Hugo) Vaca Narvaja; y que iban a hacer lo mismo con mi padre”.

¿Fue cruel o sádico, atar una cuerda a los testículos de un bebé y tirar de ella para hacer hablar a su madre, tal como contó el ex detenido José Martín Nitzschmann? ¿Y arrojar ratas en la celda de las mujeres; o torturar hombres hasta dejarlos cuadripléjicos, como a Pablo Balustra, a quien aún discapacitado –o quizás por eso– después asesinaron en un  supuesto intento de fuga? ¿Y sacar hombres y mujeres a un patio, “hacerles tacto” a ellas y  vejarlos a ellos, para después simular fusilamientos o –directamente– balearlos a quemarropa como le ocurrió a Raúl Bauducco, a quien asesinaron  frente a unos 300 testigos?

Crueles sí, sádicos no, dijo Videla. De un calificativo se jacta. Al otro lo niega.

Del arrepentimiento, ni vestigios.

Mientras –y frente a los jueces de varias provincias– los que padecieron los crímenes de su “ejército victorioso”, no necesitan de ningún diccionario para saber de qué están hablando.
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14 de julio de 1976.

Relato coral de la muerte de Moukarzel

Por Marta Platía

René Moukarzel tenía 29 años y era médico. Culpable para sus torturadores de haber recibido un paquete de sal de manos de un preso común, fue castigado por el entonces teniente Gustavo Adolfo Alsina, quien ordenó estaquearlo en la mañana del 14 de julio de 1976. La temperatura mínima de ése día fue de 2 grados bajo cero.

Moukarzel permaneció todo el día estaqueado y desnudo en el patio del Pabellón 14, donde estaban alojadas las presas políticas, muy cerca de la enfermería, y a la vista de otros pabellones con presos comunes.

Su torturador le arrojaba agua con un balde que llenaba en una canilla cercana –u ordenaba que otros lo hicieran–  para que muriera congelado. El castigo duró todo el día. A pesar de su asma, el hombretón de casi dos metros que era Moukarzel, resistió el suplicio hasta la una de la madrugada del 15 de julio.

Cada testigo, desde su lugar de cautiverio, aportó su voz en este coro griego que reconstruyó durante el Juicio, la agonía de un hombre.

“Le habían puesto piedras debajo de la espalda y le tiraban baldazos de agua para que se congelara. Le ordenaban que gritara ¡Viva el Ejército, muera Cuba! El no lo hizo. Creo que no quiso desanimarnos. Qué triste victoria la de los verdugos, cuando la víctima no se rinde”. Graciela Di Rienzo.

“A nosotras, las mujeres, nos abrieron las ventanas para que lo viéramos morir. El propio teniente Alsina nos amenazó: Esto les va a pasar a todos. No lloré. Sabía que si lo hacía, me iban a matar”.  Stella Grafeuille.

“Alsina me llevó de un brazo a la ventana para que lo viera. Era muy largo, sólo ví su torso, la mitad de su cuerpo. Así van a morir todos, me dijo. Norma San Nicolás.

“Yo ví con el periscopio (una carga de birome vacía con una hojita de afeitar en la punta que pulían como un espejo) cómo Moukarzel fue atrapado cuando recibía un paquete de sal de un preso común”. Luis “Vittín” Baronetto.

“Cuando se hizo de noche, en el silencio, podíamos escuchar cómo hacía fuerza para respirar. Moukarzel era asmático”. Soledad García.

“Ví cuando lo trajeron mediomuerto a la enfermería. Ya era de noche. Lo tiraron sobre una camilla. Yo estaba ahí, hemipléjico, después de una sesión de tortura. El enfermero (Julio Eduardo) Fonseca lo quiso ayudar, ponerle oxígeno. Pero Alsina lo empujó. Que se atienda solo, total es médico, gritó. Después le pegaba en el pecho y hasta le saltó encima para rematarlo”. Fermín Rivera.

“Cuando el hombre murió, se mataba de risa, le saltaba sobre el pecho y le gritaba, ¡Hijo de puta, al fin me las pagaste!. Julio Eduardo Fonseca.

“Lo habían tirado patio y lo cubrieron con una capa verde, de ésas que usaba el Ejército. Dos horas después, llegó un camión y lo tiraron en la parte de atrás, envuelto en la capa. Nos dijeron que era un médico santiagueño”. Roberto Aballe, actual ministro del gobierno cordobés, que por entonces cumplía con su servicio militar.

“Más tarde, Alsina entró a las celdas mostrando como un trofeo en alto los lentes ensangrentados de Moukarzel. Gritaba:Esto es todo lo que quedó de él, coincidieron Baronetto, Rivera, García y Jorge De Breuil.

El martes 9 de noviembre de 2010, treinta y cuatro años después de que lo vio vivo por última vez, Marta Moukarzel, una de las hermanas del médico asesinado, pudo pararse por primera vez sobre el lugar exacto donde mataron a su hermano.

A pocos metros, el estaqueador Gustavo Adolfo Alsina no negó el crimen. Inmerso aún en su lógica asesina, y enterrándose a sí mismo en cada palabra dicha, trató de demostrar, señalando paredes, árboles y ángulos inverosímiles, que nadie pudo ver lo ocurrido en ese patio.

Nada más ni nada menos que la muerte artesanal de un hombre al que ejecutó con sus propias manos.

(Hay más notas en la sección  Inicio de éste blog de lectura).

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Este es el alegato de  Hugo Vaca Narvaja en el juicio a los represores Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 acusados por delitos de lesa humanidad en Córdoba, desde el 2 de julio al 22 de diciembre de 2010.

Según se quejó Videla, “el doctor Vaca Narvaja realizó un peligroso revisionismo histórico”.

Hugo Vaca Narvaja

Alegato del juicio Videla/Menendez (UP1 y Gontero)

Parte económico/histórica. María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja.

La Zanja de Alsina y la UP1.

A partir de 1870 se llevó a cabo la llamada “conquista del desierto” bajo la presidencia de Julio Argentino Roca.

La Sociedad Rural financió aquella campaña. Mientras el ejercito avanzaba sobre las tierras tehuelches, mapuches y ranqueles, La Sociedad Rural, uno de cuyos miembros activos y ex presidente era José Martínez de Hoz, alambraba y se apoderaba de esos territorios usurpados.

Uno de los responsables de llevar adelante aquel exterminio contra los pueblos originarios fue Adolfo Alsina, ex Ministro de Guerra de Avellaneda.

44.000.000 de hectáreas fueron sustraídas a los antiguos habitantes y usufructuarios de aquel “desierto”, nada menos que la pampa húmeda.

Para mantener a los pueblos originarios fuera del territorio conquistado, se ideo la “Zanja de Alsina”, una fosa de dos metros de profundidad por tres o cuatro metros de ancho, de 650 kms de largo;  aunque solo llegaron a excavarse unos 300 km, a muy alto costo.

La primera “Ley de Fuga” se aplica en ésta época, en la tropa del Regimiento 3 de infantería en Villa Mercedes, San Luís, comandada por el hermano de Julio Argentino Roca: Rudesindo Roca, luego de cobardes golpizas y tormentos a 60 ranqueles, los encierra en un corral para hacienda y los fusila, “justificando la masacre, como intento de fuga”, que la prensa en general avaló, con excepción del diario La Nación, que informó:

“En tres de línea ha fusilado, encerrados en un corral, a sesenta indios prisioneros, hecho bárbaro y cobarde, que avergüenza a la civilización y hace más salvajes que a los indios a las fuerzas armadas que hacen la guerra de tal modo sin respetar las leyes de humanidad ni las leyes que rigen el acto de la guerra. Deshonra al ejército cuando no se protesta el atentado. Muestra una crueldad refinada e instintos sanguinarios y cobardes en aquellos que matan por el gusto de matar”

La Nación 17 nov. 1878.

Mitre se postulaba por aquel entonces a la presidencia de la nación, y necesitaba diferenciarse. Por eso la fidelidad informativa del conocido periódico.

Los sobrevivientes de las masacres, mujeres y niños ranqueles y mapuches, fueron “administrados” por la Iglesia y la Sociedad de Beneficencia católica, integrada por las damas de alcurnia y señoras de los terratenientes.

El “eterno retorno” de Nietzsche parece corporizarse, cuando en 1976, un teniente de nombre Gustavo Adolfo Alsina se hace cargo de la vigilancia de la UP1.

Detrás de los muros del penal se desataría un infierno para los “detenidos especiales”. La ley de fuga sería puesta en práctica otra vez, ahora sobre los “subversivos”. El “estaqueamiento”  volvería a ser utilizado, esta vez sobre dos internos del Penal: Charo Miguel Muñoz y Renee Moukarsel.

Los “detenidos especiales” comenzaron a poblar los pabellones de la cárcel de San Martín a desde fines de 1974, luego del lamentable golpe de estado provincial comandado por el jefe de policía del gobierno peronista de Obregón Cano, Domingo Navarro.

La vergonzosa declinación de Perón y el posterior aval del Congreso Nacional que legitimó la intervención federal a la Provincia desataron la represión sobre militantes afines al gobierno derrocado, sindicatos, partidos políticos y militantes sociales y religiosos de diversa índole.

Accionan los grupos paramilitares conocidos como el Comando Libertadores de America y las Alianza Anticomunista Argentina, o triple A. Asesinan a Atilio López, el vicegobernador derrocado, desaparecen a René Salamanca, del Sitrac-Sitram, Agustín Tosco muere en la clandestinidad, perseguido por estos grupos.

La cárcel de Barrio San Martín, Campo de concentración.

A partir del 24 de marzo de 1976 las condiciones de los presos políticos detenidos dentro del penal de Barrio San Martín  cambiarían sustancialmente.

La cárcel se convirtió en un campo de concentración. Los internos fueron privados de la comida, del aseo, de la movilidad elemental, de la comunicación, de todo elemento de confort; situación infrahumana que llevó a muchos de ellos a pérdidas graves de peso y de salud. (Asbert, Diaz, Rivera, perdidas de mas de treinta kilos).

Las golpizas, tremendas, continuadas, permanentes eran un calvario constante e ininterrumpido para los internos.

Vivian a golpes y apenas les dejaban decir que eran quienes eran.

La cárcel estaba ocupada por personal militar. Tenían el mando y el control del penal. Los jefes de las guardias y sus subordinados fueron identificados por todos los detenidos especiales: Gustavo Adolfo Alsina y “Jaime Kloner” , o “el zatiro del zapato” Carlos Hibar Pérez que impostaba la voz por un lado, y Pedro Enrique  Mones Ruiz y Miguel Angel Perez, el que asesinó a Paco Bauducco.

No se los identificó por sus señas particulares, ni por sus atuendos ni modales, sino por su saña para torturar a los internos.

Ambos Pérez eran tremendos pegadores, fajadores consustanciados con su tarea destructiva sobre los castigados cuerpos de los internos.

Alsina y Mones Ruiz eran las voces de mando,  con estilos distintos: desequilibrado, histérico y fanatizado el primero, sobrio y frio el segundo.

Dos estilos, un mismo fin: la destrucción física y psíquica de los internos, como lo había previsto y advertido el General Sassiain en su visita a la Cárcel después del golpe de estado y manifestar a los internos que no se pusieran contentos, que los iban a matar a todos, como a las ratas, para que se arrepintieran de haber nacido (test. Baronetto y varios coincidentes).

La amenaza comenzó a materializarse a partir de mayo de ese fatídico 1976.

Los traslados y posteriores “leyes de fuga” fueron sucediéndose hasta octubre. Murieron 30 personas. 30 detenidos que nunca pudieron siquiera intentar fugarse. 30 detenidos arteramente torturados y asesinados a sangre fría, que vieron de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte.

La UP1 fue uno mas de los cuatrocientos cincuenta campos de exterminio de la dictadura. Un engranaje mas del sistema de terror instaurado por las élites dominantes a través de las Fuerzas Armadas.

El teniente Gustavo Adolfo Alsina fue sancionado por su conducta en la Cárcel. El Coronel Edgardo Benjamín Carloni informó a Menendez que “Al causante le impuse una sanción disciplinaria de tres meses de suspensión de mando por excederse en el ejercicio de sus funciones siendo jefe de seguridad en la cárcel número 1, comprometiendo ante la opinión pública la figura del oficial y la imagen del ejercito.

Esto ocurrió en el mes de julio de 1976 en cuya oportunidad este joven oficial, estando de seguridad en la carcel sometió a un preso a castigos corporales no reglamentarios”. Así figura en la nota del 27 de junio del 78, en el sumario agregado a esta causa.

Por eso los testigos declararon que no lo vieron más en la UP1.

Terrorismo de Estado como método de cambio social.

Si la “campaña del desierto” había garantizado a la Sociedad Rural millones de hectáreas de tierras, el golpe de estado del 76 debía garantizar a las clases dominantes la tranquilidad de poder esquilmar al país sin que hubiera reacciones sociales que impidieran el saqueo.

La inteligencia policial y militar se centro en los “articuladores sociales” (como correctamente lo determina Feierstein), es decir, en los estudiantes, obreros, profesionales, militantes y religiosos que podían interactuar entre sí, y lograr movimientos sociales que en su momento se plasmaron en el cordobazo (1969) y el viborazo (1971).

Desde antes 1969 y hasta entrados los 70, la policía y el ejército se dedicaron a realizar inteligencia sobre todas las organizaciones sociales existentes: sindicatos, centros de estudiantes, partidos políticos, grupos religiosos, etc.

Desatada la represión, en Córdoba desde fines del 74, los grupos que denominarían “subversivos” estaban perfectamente individualizados.

El D2 de la Policía de la Provincia era el organismo encargado de obtener, recopilar y clasificar la información sobre las organizaciones populares que pudieran oponer resistencia a la “reorganización nacional” del proceso.

Con una metodología absolutamente sistematizada y coordinada, los “sospechosos de siempre” eran buscados en sus hogares, sorprendidos en altas horas de la madrugada o al llegar de sus trabajos o estudios, por varios integrantes de los grupos de calle del D2, quienes los secuestraban, sin orden de allanamiento alguna, encapuchados y atados.

Estos grupos han sido correcta y minuciosamente descriptos e identificados por Carlos Raimundo “Charlie” Moore en su declaración de San Pablo de 1980, agregada en autos y ratificada en la video conferencia realizada en esta audiencia de debate.

La misma se complementa perfectamente con la realizada por Luis Urquiza en su denuncia y testimonio, quien realizó algunas guardias en el D2 y pudo constatar el funcionamiento de ese organismo.

La maquinaria del terror comenzaba con cinco a diez días de interrogatorios en “Informaciones” bajo torturas como submarino, mojarrita, picana eléctrica o fuertes golpes en todos los lugares del cuerpo, particularmente los genitales. La desnudez permanente, el tabicamiento visual y la falta de alimentos buscaba disminuir psíquica y físicamente al detenido.

Allí, la cobardía de los torturadores se vería amparada por los apodos: El Gato, el Tucán, Sérpico, el Turco, el Negro, Chocolate, la Cuca, la Tía, Cara con Rienda, Yogurth, etc. etc.

Sin embargo, serían identificados por sus victimas, que circunstancialmente pudieron verlos, identificarlos por la voz, o enterarse posteriormente quienes eran sus torturadores.

Del D2, pasarían a distintos destinos. La UP1, la Rivera, La Perla, la desaparición o la muerte.

Esta forma de proceder está claramente diagramada en el manual de acción psicológica utilizado por la dictadura, que determinaba en su art. 2004 que la acción compulsiva “será toda acción que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas, actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre (lo inconciente). La presión insta por acción compulsiva, apelando casi siempre al factor miedo. La presión psicológica engendrará angustia. La angustia  masiva y generalizada podrá derivar en terror y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior.

El ocultamiento y la clandestinidad, propio del terrorismo de Estado, constituyen un mecanismo de acción psicológica condicionante.

El objetivo: instaurar el terror como forma de dominación y de cambio social, para modificar las conductas sociales, y pasar de un modelo solidario e integrador a otro individualista y atomizador.

La guerra contra la subversión

Con el pretexto de llevar adelante una guerra contra un enemigo al que los golpistas clasifican como “la subversión marxista”, se desató la represión masiva  en el país.

En esta audiencia, el imputado Pedro Mones Ruiz manifestó que en 1974 existían 2 100 combatientes armados del ERP.

Ya para fines del 75 la guerrilla estaba en franca extinción, pero constituía para los grupos de poder el pretexto ideal para abalanzarse sobre un gobierno tambaleante como el de Isabel Perón, acusándolo de ineficiente para llevar adelante este “combate”.

¿cuál era en 1976 el peligro para la Nación que contaba con un ejercito de ciento cincuenta mil hombres, mas las fuerzas policiales provinciales, para combatir a una supuesta “subversión armada” que no habría superado los mil quinientos integrantes, diseminados por todo el país?

En 1975 las Fuerzas Armadas declararon haber aniquilado a dicho “enemigo” después de los sonados sucesos de Monte Chingolo y  el operativo independencia de Tucumán.

Plan Económico.

El golpe civico-militar pone en marcha un plan económico que buscaba reinsertar a la Argentina como país exportador de materia prima, debilitando a la industria mientras se incrementaba exponencialmente el número de bancos y financieras que harían grandes negocios especulativos con la “tablita” y las enormes tasas de interés que se pagaban, a la par de una inflación galopante que devoraba los salarios de los trabajadores.

Obviamente, una de las primeras medidas fue la rebaja de las retenciones a las exportaciones de granos.

Entre 1978 y 1979 se autorizo la apertura de 1197 sucursales financieras, mientras que el PBI per capita se encontraba estancado.

El endeudamiento sistemático de las empresas del estado fue una constante para ingresar dólares frescos que luego desaparecerían.

La deuda externa creció de manera exponencial, de 6.500 millones de dólares en 1976 a 45.OOO millones en 1983, lo que condicionaría el futuro del país en lo sucesivo y bien entrados los años de democracia, hasta terminar en la crisis política y económica de 2001.

La participación de los trabajadores en el PBI cayó del 45% al 26%.

Al concluir el Proceso, en 1983, el PBI eran inferior al de 1974. La industria manufacturera había decrecido el 12% y la construcción el 28%. Eso si, la producción primaria se había incrementado un 20%.

La inflación nunca descendió del 100% anual, y en 1983 llegó al 350% anual. El desempleo era del 10%

Los sectores de altos ingresos aumentaron su participación en el ingreso total del 28 al 35%.

La Unión Soviética se convirtió en el principal cliente argentino, llevándose en 1981 un tercio del total de  las exportaciones.

Estos indicadores económicos jamás hubiesen podido consolidarse sino bajo el terrorismo de estado.

Los sectores de poder económico, liderados por la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio  y la Sociedad Rural fueron co-autores y principales beneficiarios del plan económico implementado al amparo del genocidio.

Los medios de comunicación, diario, revistas, radio y televisión  colaboraron entusiastamente con la política de terror instaurada. Se instaló el “algo habrán hecho” o “por algo habrá sido” para justificar el accionar de la represión.

En Córdoba los diarios locales se limitaban a publicar los escuetos comunicados del Comando del Tercer Cuerpo ante cada fusilamiento disfrazado de intento de fuga, sin cuestionamiento alguno.

La conducción golpista militar designó como ministro de economía a José Alfredo Martínez de Hoz, heredero de la enorme fortuna familiar (recordemos que fueron beneficiarios del reparto de 1.200.000 hectáreas después de la campaña del desierto, alcanzando en total unas 2.500.000 ha.).

Una de sus primeras medidas, fue la eliminación del impuesto a la herencia, en beneficio propio ya que recientemente había fallecido su padre. Este era el grado de arbitrariedad e impunidad con que se manejaban los beneficiarios del nuevo modelo.

Los artífices de la “fabricación” de la deuda externa fueron, entre otros,  el Dr. Guillermo Walter Klein (del estudio Klein y Mairal), Adolfo Diz, presidente del Banco Central, Alejandro Reynal, Francisco Soldati, Enrique Folcini y Domingo Cavallo, por nombrar a algunos de los civiles que integraban la sociedad estatal para el esquilamiento y el saqueo de la Nación, al que bautizaron Proceso de Reorganización Nacional.

Decía Videla en1977 que “por el sólo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también el que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores (…) El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas”.

En esta audiencia, quien comandara a los encargados del trabajo sucio del modelo, dijo intentando justificar el accionar de sus subordinados, que “nadie duda que fueron crueles. Lo hicieron en el marco de una crueldad que impone toda guerra en su marco de naturaleza. No fueron sádicos”.

Occidentales y cristianos

Los detenidos especiales de la UP1 no eran occidentales y cristianos para Videla. Eran “subversivos”.

Aliados imprescindibles de los genocidas en esta “lucha contra el mal”, fueron la iglesia católica y la justicia.

Ya el 23 de septiembre de 1975, el vicario castrense de las Fuerzas Armadas, Victorio Bonamin, decía, en presencia del General Viola: “saludo a todos los hombres de Armas aquí presentes purificados en el Jordán de la Sangre para ponerse al frente de todo el país. El ejercito está expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querra Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén mas alla de su función?”

La iglesia en Córdoba, dirigida por Raúl Francisco Primatesta, fue avalista incondicional del genocidio mediterráneo, invalorable aliada y verdadero sostén espiritual para los planes de exterminio comandados en la Provincia por Luciano Menéndez.

Ambos compartieron después, su condición de palqueros permanentes en los actos oficiales del radicalismo gobernante en el periodo 1983 a 1999.

Se ha comprobado en esta audiencia como Primatesta ignoró los reclamos de los familiares de los presos en la UP1, e inclusive advirtió a sus pares brasileños sobre no cobijar a supuestos “subversivos” en sus iglesias.

Las ostias repartidas por los sacerdotes estaban bañadas, no en la sangre de Cristo, sino en la de víctimas de la represión.

Las campanas de la Catedral perforaban los tímpanos de los detenidos, ahogaban sus gritos y marcaban el ritmo de las torturas en el D2 de Informaciones,  que se encontraba a solo veinte metros de distancia. Los obispos no obispaban.

La Justicia de Córdoba, aliada imprescindible, incondicional  y obsecuente de las autoridades de facto, otorgaba la libertad a los detenidos para entregarlos, con asombrosa sincronización,  al area 311 garantizando de esta manera  la continuidad de sus padecimientos.

Ante las persistentes denuncias de los presos sobre los apremios ilegales sufridos, los gentiles magistrados y sus secretarios, como también los defensores oficiales recomendaban, complacientes y comprensivos, que mejor callaran, que denunciar la tortura agravaría su situación procesal.

Eudoro Vázquez Cuestas, Carlos Otero Álvarez, Miguel Puga, Adolfo Zamboni Ledesma, Ricardo Haro, Luis Molina, Luis Rueda y otros son los nombres de la ignominia.

Los funcionarios que no funcionaban.

¿Por que demoró tanto esta causa?. La actuación de la justicia federal de entonces no puede catalogarse menos que de vergonzante. Escandalosamente cómplice. Participe necesaria del silenciamiento. Encubridora de los delitos de tormentos, torturas,  vejaciones y fusilamientos que se han mantenido impunes durante treinta y cuatro años.

La justicia  valía menos, infinitamente menos que el orín de los perros, y la justicia tenia menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, diría León Felipe (pero ya no hay locos).

¿Qué era ser occidental y cristiano?

¿Y que tendría que hacer? ¿Buscar un protector, tomar un amo y como una hiedra oscura que rodea un tronco lamiéndole la corteza, subir con astucia en vez de elevarme por la fuerza? ¡No gracias! ¿Dedicar, como todos hacen, versos a los financieros? ¿Convertirme en bufón con la vil esperanza de ver nacer una sonrisa amable en los labios de un ministro? ¡No, gracias! ¿desayunar todos los días con un sapo? ¿tener el vientre desgastado de arrastrarme y la piel de las rodillas sucias de tanto arrodillarme? ¿Hacer genuflexiones de agilidad dorsal? ¡No, gracias! ¿Tirar piedras con una mano y adular con la otra? ¿Procurarme ganancias a cambio de tener siempre preparado el incensario? ¡No gracias! ¿subir de amo en amo, convertirme en un hombrecillo y navegar por la vida con madrigales por remos y por velas, suspiros de amores viejos? ¡No gracias!

Los internos. El sistema. La resistencia.

No cabe la menor duda de que los internos de la UP1 fueron eficaz y eficientemente seleccionados. Se trataba de personas verdaderamente peligrosas para el sistema instaurado en aquel entonces. Opositores acérrimos al régimen, no solo por lo que pensaban, sino por lo que hacían.

Son, como lo hemos dicho, “articuladores sociales”. Muchos de ellos integran en la actualidad gobiernos provinciales, cátedras universitarias, asesorías legislativas, secretarías sindicales, direcciones escolares y el gobierno nacional. Su formación intelectual y política ha quedado expuesta en la audiencia, y fue reconocida durante su detención por los guardiacárceles.

La dignidad, la integridad y el valor con que afrontaron las situaciones extremas a las que fueron sometidos produce admiración y contrasta de manera evidente con la cobardía que no abandona a los victimarios, que hasta hoy ocultan el paradero de los desaparecidos.

La organización de los presos políticos dentro de la cárcel les permitió mitigar el hambre, o a veces simplemente compartirlo en igualdad;  la incomunicación fue quebrada a través del lenguaje de las señas, las “palomas” o los “caramelos”,  mensajes escritos que circulaban entre los presos o hacia el exterior de la prisión.

La solidaridad de los “comunes” les proveyó en algunos momentos de algo de sal, azúcar o chocolates.

“La prisión se vive como una experiencia colectiva”, dijo Jorge De Breuil en esta audiencia.

Ante la ausencia de libros, se contaban películas que tenían en su memoria. Atesoraban las noticias del exterior gracias a una radio que escondían bajo una baldosa. Una verdadera praxis de manual de supervivencia.

Se mantuvieron firmes. Resistieron. Libraron sus batallas, como dijo Horacio Samamé, en una mesa de torturas, contra cinco o diez torturadores, o en la cárcel, contra el hambre y las golpizas. Y sobrevivieron.

“Lo que no te mata, te fortalece” (Niestzche).

Muchos de ellos han comparecido aquí, ante sus victimarios, a contar al Tribunal su experiencia vivida, treinta y cuatro años después.

Treinta y cuatro años que tuvieron que pasar detenidos, luego proscriptos y señalados, después excluidos, para hoy, finalmente, reivindicar su militancia y sus ideales ante una sociedad que se construye sobre los cimientos de justicia, verdad y memoria, y no sobre las endebles  plataformas de la impunidad.

Los dos demonios

La teoría de los dos demonios intentó justificar que la violencia de un lado, originó la violencia del otro.

Que los golpistas tuvieron que intervenir para poner orden. Que si no hubiese habido guerrilla, no hubiese existido el Proceso de Reorganización Nacional. Que existió “…uno u otro lado de la violencia”.

(Así lo dio a entender Ernesto Sábato en el libro “Nunca Mas…” cuando sostuvo: “Nuestra misión no era la de repudiar sus crímenes (los del “terrorismo que precedió a marzo de 1976”) sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia”).

Ha quedado suficientemente claro en este debate, que las personas detenidas en la UP1 pertenecían a diversos sectores sociales, a organizaciones legales, sindicatos y centros de estudiantes, o acaso eran personas sin militancia, pero con “sensibilidad social”, como lo expusiera Dora Cafieri en esta audiencia.

El pretexto ha quedado en evidencia, y la finalidad del Proceso también: el vaciamiento económico del país utilizando a las Fuerzas Armadas como herramienta útil para controlar las reacciones sociales no puede ser ocultada.

La ambición por apoderarse del “botin” ha quedado expuesta en esta audiencia en todos sus niveles: mientras en los allanamientos la policía se llevaba alhajas, dinero, prendas o cualquier objeto de valor, Jaime Lockman fue encarcelado con el exclusivo objeto de arrebatarle su fortuna, por orden directa de Sassiain y Menéndez, y los grupos de poder engrosaron sus bolsillos en forma sideral.

Lamentamos que por no considerarlo el Tribunal “pertinente”, se nos haya privado de conocer las razones por las que  la estructura del D2 subsistiera en democracia, hasta 1997 por lo menos, pero no pudimos interpelar al entonces Ministro de Gobierno del Dr. Ramón Mestre, el Dr. Oscar Aguad. Esta querella lo consideraba no solamente pertinente, sino absolutamente imprescindible para la dilucidación de la extensión del daño producido tanto al querellante Luis Urquiza como a las demás víctimas de la policía provincial.

La guerra  ¿Cuál guerra?

Hemos visto que la guerra contra la subversión que reivindica Benjamín Menéndez en su confesión, llevada adelante por sus “dignos subordinados” consistió, en el caso de la UP1,  en secuestro, tortura y muerte de militantes, estudiantes, profesionales y trabajadores.

La “guerra” dentro del penal consistió en golpizas y maltratos de toda índole, requisas donde las detenidas fueron obligadas a desnudarse, en presencia de sus hijos menores, y ser sometidas a vejaciones varias.

Mientras tanto,  militares asignados al patrullaje de la ciudad, como el mayor Carlos Daniel Esteban, entre otros, afirmaron en esta audiencia no haber participado jamás en un enfrentamiento en aquellos años en Córdoba. ¿dónde estaban los guerrilleros?

El General Fernández Torres reconoció haber participado en una sola guerra, la de Malvinas.

“La guerra es un arte, y quienes participan en ella son artistas” afirmó el general.

Los artistas fracasaron estrepitosamente en Malvinas, mandando a la muerte a jóvenes sin experiencia, sin pertrechos y sin armamento adecuado, a enfrentar a un ejercito profesional del imperio británico.

Munido a un vaso de Whisky, el General Jorge Fortunato Galtieri certificó el epílogo de un gobierno esquizofrénico,  que declaró la guerra a los padres del sistema occidental, mientras exportaba su producción agropecuaria a la Unión Soviética, nada menos que el supuesto enemigo principal de occidente.

La “guerra” de Videla, Menéndez y Compañía fue lisa y llanamente un exterminio. Un genocidio llevado adelante contra un sector político claramente determinado que no tuvo posibilidad alguna de defensa. Autores calificados (Harff y Gur, libro de Feierstein)  llaman a esto “politicidio”, es decir, la exterminación de un sector político cuidadosamente seleccionado.

Se verificó en esta audiencia, que los atentados atribuidos a diversas agrupaciones “guerrilleras”, no eran mas que actos propagandísticos para justificar la represión, llevados adelante por miembros del D2, como la muerte del Comisario Robles y la explosión de la Galería Cinerama, entre muchos otros.

Los autores de la masacre aquí sentados, son genocidas. Los delitos son de lesa humanidad, imprescriptibles.

Gracias a la vigencia del sistema democrático, al fortalecimiento institucional de estos últimos años, hoy están aquí sentados, acusados, y se les ha dado un juicio constitucional, con derecho a ser oídos, a la defensa técnica, y a interponer todo tipo de recursos y argumentos en su defensa.

Derecho que ellos negaron sistemáticamente a sus víctimas.

La triste y vergonzante historia de la UP1 al fin ha sido contada. Ahora todos sabemos lo que pasó. Quien quiera oir que oiga, ya nadie puede decir que no está enterado. La impunidad termina después de 34 años de vigencia. Caducan el olvido y el silencio. Fenece la hipocresía. La verdad emerge contundente, acusadora, responsabilizadora “como un pulso que golpea las tinieblas”.

Por las  30 víctimas  de la cárcel de San Martín.

Por los miles de torturados y fusilados del proceso.

Por los treinta mil compañeros desaparecidos.

Pedimos justicia.

Y SERÁ JUSTICIA.

…

Bibliografía:

Feierstein Daniel “El genocidio como práctica social”, edit. Fondo de cultura económica, Buenos Aires 2008.

Ferrer Aldo “La Economía Argentina”, edit. Fondo de Cultura económica, Buenos Aires, 2010.

Basualdo Eduardo M. “Deuda externa y poder económico en la Argentina, edit. Nueva America, Buenos Aires, 1987.

Rapoport Mario “Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia. Booket, Artesud, Buenos Aires 2010.

Olmos Alejandro “Todo lo que Ud. quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron”, Edit. De los argentinos, Buenos Aires 1995.

Mántaras, Mirta, “Genocidio en Argentina” edit. Coop. Chilavert, Buenos Aires, 2005.

Rostand, Edmond “Cyrano de Bergerac”.

Celaya, Gabriel, “La poesía es un arma cargada de futuro”

Gelman, Juan: himno de la victoria (en ciertas circunstancias) en abierta oscuridad, siglo veintiuno editores, 1993.

Nietzsche Friedrich, algunas de sus grandes frases e ideas.

A Raquel Haydee Velazquez, por su tesis “en recuerdo de un lirio”, Julio 2010.

Gracias Gustavo, Maru, Tania, Isabel, Loli, Ma y Hernán por su valiosa colaboración. A mi familia por tener paciencia. Gracias Comisión de Homenaje UP1. Y a todos los compañeros que estuvieron presentes en las audiencias, apoyando este proceso.

Para ver y escuchar un fragmento del alegato que subieron los compañeros de Cónclave Político y se emitió por Canal 10:

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Clarín, sábado, 26 de marzo de 2011.

Juicio a Videla en Córdoba.

Apelan absoluciones

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Maximiliano Hairabedián, el jefe de la fiscalía en el juicio que se les llevó en Córdoba a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, apeló ante la Cámara Nacional de Casación Penal las absoluciones de dos de los imputados por delitos de lesa humanidad: los militares Osvaldo César Quiroga, de 65 años, y Víctor Pino Cano, de 79.

De éstas, la más polémica fue la de Osvaldo Quiroga, quien estaba imputado por el traslado y fusilamiento de tres presos políticos, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil: un crimen emblemático de la penitenciaría UP1, donde asesinaron aplicándoles la llamada “ley de fuga” a 31 detenidos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), entre abril y octubre de 1976, y por los cuales Videla, Menéndez y otros 16 represores, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común el 22 de diciembre pasado.

En el traslado que dirigió Quiroga, hasta hubo un sobreviviente, Eduardo de Breuil, hermano de uno de las víctimas, a quien dejaron vivo luego de arrojar una moneda al aire, y hasta le hicieron ver el cuerpo de los masacrados,  “para que volviera y contara cómo terminarían todos”.

Si bien en los fundamentos del fallo el Tribunal Oral Federal Nº 1 encabezado por Jaime Díaz Gavier se afirmó, entre otros considerandos, que Quiroga quedó absuelto “por un estado de duda insuperable”, y porque “nadie puede ser tan tonto de autoincriminarse estampando su firma y su grado en el documento que deja constancia de unas personas, sabiendo que van a ser asesinadas”. Pero el fiscal no estuvo de acuerdo con el razonamiento. Hairabedián estimó que los jueces incurrieron en “contradicciones”, ya que “por un lado dicen que Quiroga no puede ser culpable porque firmó un documento; pero consideraron que otras personas fueron responsables por firmar traslados. Lo que para uno fue garantía de inocencia, para otros fue sinónimo de culpabilidad”.

El fiscal le apuntó también a “el desglose de los tramos del traslado” que hicieron los jueces, algo que ya se había discutido durante las jornadas del juicio que duró seis meses. El propio Quiroga admitió haber participado “en el primer tramo”, aunque negó haber recorrido el segundo que culminó con los fusilamientos. Sobre este punto,  Hairabedián calificó de “arbitrario” el razonamiento del Tribunal que le da el beneficio de la duda por haber participado “sólo” en el primer tramo: “Es que aún cuando Quiroga hubiese participado sólo en la primera parte, no hay dudas de que él sabía de que los llevaban a la muerte. Y los presos también.

De hecho, (Miguel Hugo) Vaca Narvaja dejó cartas de despedida para sus familiares”. Los guardiacárceles tampoco tenían dudas. Durante el juicio, un ex empleado de la UP1, de apellido Castillo, contó cómo el joven abogado poco antes de que se lo llevaran, se abrazó a su cuello diciéndole “me van a matar, don Castillo, me van a matar”.

Uno de los hijos de la víctima, Hugo Vaca Narvaja, quien representó a su padre y a otros 14 fusilados en el juicio como abogado querellante,  apuntó que “a Quiroga debieron condenarlo al menos como partícipe necesario. Su absolución es absurda e injusta”. Vaca Narvaja adelantó a Clarín que este lunes también apelará ésa parte de la sentencia.

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Revista Viva, domingo 8 de mayo de 2011.

Miguel Hugo Vaca Narvaja:

En el nombre del padre

Miguel Hugo Vaca Narvaja junto a su padre que fue fusilado en un simulacro de fuga el 12 de agosto de 1976.

Por Marta Platía.

Fotos: Marcelo Cáceres.

Miguel Hugo Vaca Narvaja tiene 44 años, casi un metro noventa de estatura, el porte de un espadachín de novela de caballería, y una historia familiar atravesada por los años más duros de la historia argentina.

Cuando apenas había cumplido nueve, su abuelo y su padre, de quienes lleva idéntico nombre por ser el primogénito, fueron secuestrados, torturados y asesinados por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar.

Junto con otros veinticinco miembros de su familia, encabezados por la abuela-matriarca Susana Yofre, el pequeño Hugo supo temprano lo que significaba “pasar a la clandestinidad”, huir en medio de la noche “porque era una cuestión de vida o muerte”, y pedir asilo en México: donde vivió hasta el regreso, “el mismísimo día de octubre en que Raúl Ricardo Alfonsín ganó la presidencia”.

El año pasado, y en una estremecedora parábola del destino en el que tal vez, como escribió Jorge Luis Borges, el rigor ya había tejido la madeja, Hugo Vaca Narvaja defendió como abogado la causa de su padre fusilado en el juicio que se les llevó en Córdoba al ex dictadorJorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 represores acusados por delitos de lesa humanidad.

“Nunca imaginé que algún día iba a estar sentado frente a un tribunal representando a mi padre y a otros 14 asesinados en la misma cárcel en la que él estuvo (la llamada Unidad Penitenciaria 1, UP1, en el barrio San Martín de Córdoba). Fue de ésas vueltas de la vida que no te esperás. Pasó que María Elba Martínez, una de las abogadas decanas de éstas causas en Córdoba, me pidió ayuda. Soy abogado y ahí estuve. Ella es una Quijote y yo fui su orgulloso Sancho Panza”, dice de un tirón.

Vaca Narvaja habla rápido, pero con voz suave y firme. Mientras desgrana un relato de ésos donde el nosotros supera al yo, sus enormes manos parecen fagocitarse cada uno de los pocillos de café que se bebe en dos sorbos. Y cuenta que quien lo conoce sabe de la paradoja: que él nunca quiso ser abogado.

-¿Cómo es eso?

-Quería ser biólogo marino como Jacques Cousteau. Bucear en los mares del sur o en el Caribe. Pero –bromea– la vida me puso otros especímenes para investigar… ¿Sabés? Mi madre siempre me cuenta que mi vocación de abogado nació por la negativa. Que cuando aquél 23, 24 de marzo invadimos como familia el Consulado mexicano, los militares y la policía rodearon el edificio armados hasta los dientes. Eramos veintiséis en total. Como nuestros mayores tenían miedo de que dispararan, a los trece chicos nos protegieron debajo de una mesa. Ella dice que ahí tuve un ataque de nervios. Que gritaba y pataleaba: no voy a ser abogado, no voy a ser abogado. Parece que relacionaba la profesión de mi padre con lo que nos pasaba.

Lo que les pasaba: su papá, Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 35 años, apoderado del Peronismo Auténtico y defensor de presos políticos, había sido secuestrado por una patota a plena luz del día en las escalinatas de los tribunales cordobeses el 20 de noviembre de 1975. Lo torturaron en las mazmorras del Cabildo histórico de Córdoba, la “D-2”, y una semana después su destino fue la UP1 donde, por su apellido (era hermano de Fernando Vaca Narvaja, uno de los jefes de Montoneros), lo sometieron a sesiones extras de tormentos. Lo llevaron al muere el 12 de agosto de 1976 junto con otros tres compañeros: Higinio Toranzo, Gustavo de Breuil y el sobreviviente Eduardo Alfredo de Breuil, a quien los militares dejaron vivo para que volviera y contara a los demás detenidos “lo que les esperaba a todos”.

Pero meses antes del fusilamiento, y cuando la familia aún no se reponía de la detención de “Huguito” –como le llamaban al joven abogado que había sido Procurador del Tesoro del gobierno Ricardo Obregón Cano– el zarpazo se repitió aún más feroz: en la madrugada del 10 de marzo de 1976, un comando militar entró reventando puertas y ventanas en la casona del abuelo, Hugo Vaca Narvaja, en Villa Warcalde.

El hombre había sido ministro de gobierno de Arturo Frondizi, y dos veces presidente del Banco de Córdoba. Sabía que algo podría sucederle y, previéndolo, le dejó una carta a la esposa: “Deberás poner freno a tu propia reacción, entregar tu dolor como un tributo a la pacificación general, templar los sentimientos. Que mi muerte sirva para algo en el tiempo, pero que jamás se convierta en factor de represalia”. (*)

Se cree hasta hoy, que fue su cabeza la que arrojaron, envuelta en una bolsa de naylon, en las vías del ferrocarril Belgrano de la capital cordobesa.

Susana Yofre, su esposa y madre de sus 12 hijos, tomó una única decisión por todos: “Esto es cosa de vida o muerte, nos vamos”, les dijo a sus nueras y al resto de la prole. “Tuntuna”, como la bautizó su primer nieto, jamás pudo despedirse de quien fuera su hombre durante 36 años, y tuvo además que superar el desgarro que le significó dejar a su hijo Hugo aún preso en la UP1.

-¿Cómo se enteraron de la muerte de tu padre?

-La “Tuntu” y mi madre –Raquel Altamira– nos reunieron en un cuarto del hotel “San Diego” donde el gobierno mexicano nos había asilado hasta que consiguiéramos dónde vivir. Alguien las había llamado por teléfono desde Córdoba al día siguiente del fusilamiento. Habían leído (el diario) La Voz del Interior, donde los militares publicaban los supuestos enfrentamientos en los que mataban a los presos. Decían que mi padre había intentando fugarse (en juicio, el testigo sobreviviente relató que a todos los llevaron atados de pies y manos, y que los fusilaron tabicados y maniatados). Cuando nos dijeron que lo habían asesinado, no dije nada y me fui del cuarto. Es mi madre la que me recuerda lo que pasó después porque yo lo tengo borrado: dice que no lloré, pero que tampoco hablé con nadie durante varias horas.

Hugo tiene dos hermanos: Hernán, periodista, y Carolina, artista plástica. “A mí me tocó defender la causa de mi padre en juicio porque de los tres soy el que siguió Derecho. Pero Hernán y Carolina lo hacen cada día desde sus propias trincheras” arguye, serio, este hombre que siempre asistió al juicio acompañado por su padrino Gustavo: uno de los once hermanos de su padre, entre los que también se cuenta la actual embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja.

Jueves 24 de noviembre de 2010. Treinta y cuatro años después de aquél pataleo debajo de la mesa del consulado mexicano, HugoVaca Narvaja pareció alcanzar uno de los picos de su vida: esgrimió, como abogado querellante, su alegato final contra Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y una veintena de asesinos.

Repasó la historia del Ejército argentino desde lo que se llamó la Conquista del Desierto; la represión a las huelgas obreras de la Patagonia; hasta llegar al de la última dictadura: ese ejército golpista tan afecto al terror –”esas bandas que salían disfrazadas de noche”, según lo describió el propio Alejandro Agustín Lanusse en el Juicio a las Juntas de 1985–, y tan lejano a los de San Martín, Belgrano o Güemes.

La fuerza de su texto fue tal, que a la salida de la sala familiares, amigos y el público de la audiencia coreó su nombre como si estuviera en un estadio.

Fue entonces cuando los casi dos metros de “Huguiiiito”, como le cantaban, por fin se deshicieron en en llanto. Su esposa y el mayor de sus tres hijos, asomaban emocionados entre el enjambre de abrazos. Era imposible escapar a la sensación de que algo en la historia de este hombre y de su familia, acababa de cerrarse en un perfecto, restallante círculo de justicia.

A su turno, y en sus últimas palabras antes de que el 22 de diciembre lo condenaran a prisión perpetua en cárcel común por delitos de lesa Humanidad, el propio Videla se quejó. Dijo que “el alegato del doctor Vaca Narvaja, fue de un peligroso revisionismo histórico”.

-¿Qué significación tuvieron esos dos días?

-La jornada del alegato tuvo una gran carga simbólica. Porque como hijos, como personas, a pesar de todo lo que nos hicieron no pudieron arruinarnos la vida. Nuestros mayores no nos criaron en el odio, así que pudimos desarrollar carreras universitarias y formar nuestras familias. Sentí también mucho agradecimiento hacia Néstor Kirchner, porque gracias a él hubo un giro copernicano en todo este tema desde 2003 y por eso, y por la acción del juez español Baltazar Garzón, que nos visitó durante el juicio,estábamos ahí. En cuanto a lo que dijo Videla, para mí fue como recibir un Oscar. Que él critique mi alegato, quiere decir que lo que escribí tuvo la dirección correcta.

-Sin embargo, el fin del juicio no fue todo lo satisfactorio que esperabas.

-No. En realidad fue un golpe terrible. Los tres principales acusados por el asesinato de mi padre, Higinio Toranzo y Gustavo de Breuil quedaron absueltos y, a mi entender, impunes: (Osvaldo César) Quiroga, Víctor Pino Cano y (Pablo) D´Aloia. En el caso de éste último lo esperábamos, ya que el fiscal había pedido su absolución. Pero no la de Quiroga. El Tribunal arguyó que este militar no pudo ser tan tonto como para firmar un documento en el cual quedaba asentado que él los trasladaba hacia la muerte. Incluso llegaron a decir, en los fundamentos del fallo, que tal vez no sabía que los iban a matar. Y eso no es cierto. Todos en la UP1 sabían qué pasaría con ellos. Mi padre llegó a decirle a (Enrique) Asbert (actual legislador provincial): “Turco, velame en vida porque soy boleta”. Antes de que se lo llevaran, dejó a los compañeros su campera: un bien muy preciado dentro de la cárcel para protegerse del frío y de las golpizas. Y hasta escribió cartas para mi madre y nosotros. ¿Cómo se puede decir entonces que Quiroga no sabía que los trasladaba hacia la muerte y que no hubiera sido tan tonto como para autoincriminarse?

La respuesta le surge, como a otros observadores del juicio, en una sóla palabra: impunidad.

“Ellos pensaban que eran intocables – dijo a Viva Sonia Torres, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba–. Nunca pensaron que los juzgarían. Nunca se privaron de la burocracia de anotar todo. En los campos clandestinos de tortura llevaban prolijos apuntes de lo que hacían”.

De allí que Vaca Narvaja, María Elba Martínez y los dos fiscales del juicio, Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella, coincidieron en apelar ante la Cámara Nacional de Casación Penal ésa parte de la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 1, que presidió el juez Jaime Díaz Gavier.

En sus escritos, todos señalan que “por lo menos a Quiroga debieron darle prisión perpetua por el delito de participación necesaria”. Hairabedián le apuntó a la paradoja de que “la firma, que para uno fue garantía de inocencia, para otros fue sinónimo de culpabilidad”, por lo que los jueces incurrieron “en una seria contradicción”.

Vaca Narvaja, implacable, va aún más allá: “Yo creo que en el caso de Quiroga hubo un desvío intencional del Tribunal para beneficiarlo. ¿Por qué? Habrá que investigar. Pero también pienso que en cierta forma, se concentró toda la responsabilidad en Videla y Menéndez y se elude la complicidad que tuvieron sectores de la propia Justicia, la Iglesia, empresarios y políticos. Falta tanto por hacer…”, suspira.

Heredero de una historia personal atravesada por la del país, el último de la estirpe en llamarse Miguel Hugo –“mi primogénito lleva otro nombre, con mi esposa no quisimos imponerle un condicionamiento”–, Vaca Narvaja sigue peleando cada uno de sus días en el nombre del padre. Su cotidianidad se lo recuerda. Por otra ¿coincidencia? de un destino que parece hecho de espejos (otra vez Borges), trabaja en la Procuración del Tesoro de la Provincia como alguna vez lo hizo su progenitor.

-¿No es demasiada carga? Es como si la senda ya hubiese sido trazada…

-Es lo que me toca y lo asumo. Aunque sí –sonríe como para descomprimir o feliz de que la entrevista termine–, hubiera sido más placentero ser Jacques Cousteau. Pero nací en la Argentina y aquí la aventura es tratar de ver debajo del barro.

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(*) Texto citado en la revista El Sur, abril de 2011, por el periodista Hernán Vaca Narvaja a propósito de la muerte de la abuela, Susana Yofre de Vaca Narvaja a los 94 años de edad.

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Segundo Juicio a Menéndez

Causa Fermín Albareda.

Sábado, 12 de diciembre de 2009.

Menéndez sumó otra condena a perpetua por torturas y asesinatos

Ya había recibido dos sentencias iguales. Tiene otros juicios pendientes.

Marta Platía. Córdoba. Corresponsal.

Foto: Marcelo Cáceres. En el jucio, César Cejas, Luis Calixto Flores (absuelto) Cayetano Britos y Luciano Benjamín Menéndez. Ayer.

En un juicio que comenzó con la noticia del suicidio de un testigo, y en el que se ventiló la terrible castración de un subcomisario a manos de la “D2″ -la policía cordobesa durante la dictadura militar- Luciano Benjamín Menéndez, el ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, fue condenado ayer por segunda vez en esta provincia a cadena perpetua en cárcel común. El ex dueño de la vida y de la muerte en diez provincias argentinas entre 1976 y 1979, continuará así en la prisión de Bouwer, donde está recluido desde la tarde del 24 de julio de 2008.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 presidido por Jaime Díaz Gavier lo sentenció por unanimidad, junto al ex coronel Rodolfo Campos, quien era el titular de la policía en aquéllos años (ver aparte); y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos. Todos fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”. En el caso de Menéndez y Campos, los querellantes y el fiscal apelaron al principio de la “responsabilidad mediata”: la teoría del alemán Claus Roxin, que ya sentó jurisprudencia en el Juicio a las Juntas.
El tribunal le dio 16 años (y no 23, como pidió el fiscal Gonella) al ex D2 Miguel Angel Gómez, un hombre al que apodan “el Gato”; y absolvió a Luis Calixto Flores.
Durante la mañana, cada uno de los reos tuvo oportunidad de dar su última palabra. Menéndez aprovechó entonces para sentarse en el escritorio de sus defensores y leer su tan largo como remanido discurso sobre “la Guerra contra el marxismo” en la Argentina, mirando al público de vez en vez. Repitió que “los guerrilleros están ocupando puestos en el Gobierno, en el Congreso y en la Justicia”, y que “hoy estamos sufriendo una guerra desatada por el comunismo internacional”. Volvió a cometer el error histórico de comparar el plan represivo del que formó parte con lo hecho por el gobierno italiano con las Brigadas Rojas en 1978, aún cuando se sabe que en en ése año,  y con el primer ministro Aldo Moro secuestrado, el jefe de la policía, Carlo Alberto Dalla Chiesa, se negó a torturar para obtener información. “Italia –dijo– puede permitirse perder a Aldo Moro; pero no implantar la tortura”.
La novedad de su diatriba tuvo un nombre y apellido inesperados: Abel Posse. Menéndez utilizó, para justificar sus crímenes de lesa humanidad, una nota publicada por el flamante ministro de Educación de Mauricio Macri. “Abel Posse bien recuerda -citó con su tono marcial¿que ningún país repudió a su ejército por lo que le exigieron sus gobiernos: ni Francia por lo de Argelia; ni Alemania por la matanza de Rusia; ni Rusia por la masacre de Polonia y Berlín; ni Estados Unidos por Hiroshima”.
A su turno, Rodolfo Aníbal Campos, quien vio todo el juicio desde Buenos Aires por un sistema cerrado de televisión, ya que obtuvo permiso del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia por su estado de salud, siguió la línea del dictador Jorge Rafael Videla para ampararse. Aquello de “los desaparecidos no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos”. El reo lanzó: “¿Hay delito si no hay cuerpo del delito? ¿Y dónde está el cuerpo?”, en referencia al del subcomisario Ricardo Fermín Albareda: un hombre que fue castrado con un bisturí, desangrado hasta morir y desaparecido en septiembre de 1979. La condena a perpetua en cárcel común para Rodolfo Campos fue la sorpresa del día, ya que pocos esperaban que se le revocara la prisión domiciliaria de la que gozó hasta ayer.
La sala del Tribunal Federal estuvo repleta. Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos, políticos, público y periodistas siguieron cada palabra durante la jornada y estallaron en aplausos ni bien el juez leyó cada una de las sentencias. Al final, los condenados se retiraron en fila india, con la cabeza gacha y aturdidos por los cantos de la gente. A lo largo de veinte audiencias, ninguno esbozó arrepentimiento alguno ni se disculpó por nada.

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En febrero, junto a Bussi

A sus 82 años, Luciano Benjamín Menéndez seguirá durmiendo en la prisión de máxima seguridad de Bouwer adonde fue condenado, con otros siete represores, el 24 de julio de 2008. Esta es su tercera condena a cadena perpetua. La otra fue en Tucumán, junto al represor Antonio Bussi, el 28 de agosto de ése mismo año, por la desaparición del legislador Guillermo Vargas Aignasse. En febrero deberá comparecer, nuevamente junto a Bussi, por la desaparición de 17 personas. Durante el 2010 en Córdoba lo espera otro proceso por el “D2″, con Miguel Angel Gómez (quien ayer fue condenado a 16 años), Calixto Flores (el único absuelto), Carlos Yanicelli y Yamil Jabour, entre otros. Le seguirá el proceso judicial por la desaparición de Silvina Parodi, la hija de Sonia Torres, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, quien logró que procesaran al ex Jefe del Tercer Cuerpo por el robo del bebé de Silvina, nacido en cautiverio, y a quien todavía está buscando. La otra causa que despierta expectativa es la llamada “UP1″, por el fusilamiento de 31 presos políticos en la penitenciaría de barrio San Martín, en la cual compartirá el banquillo con el dictador Jorge Rafael Videla. Es la única causa que Videla tiene abierta en esta provincia.

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Campos, por TV, se enteró de la sentencia

Desde la pantalla al lado del estrado de los jueces, el ex coronel Rodolfo Campos no pudo ocultar su sorpresa ante el veredicto que cayó sobre él como un rayo. Fue evidente que no se esperaba que le revocaran el beneficio de la prisión domiciliaria. Durante toda la mañana no se había cansado de agradecer “a todos” la posibilidad de seguir el juicio desde Buenos Aires, y la sentencia le transfiguró el rostro. Los jueces Jaime Díaz Gavier, Sergio Grimaux y José Quiroga Uriburu lo encontraron responsable, como a Menéndez, de crímenes de lesa humanidad.

Campos fue el jefe de la D2, la Gestapo cordobesa, durante 1979 y 1980: un cuerpo represivo que funcionaba en un ala del Cabildo Histórico de Córdoba, a pocos pasos de la Catedral. Ese fue el eje operativo y el escenario de los crímenes por los que fueron condenados: el secuestro, martirio, muerte y desaparición del subcomisario Fermín Albareda, un hombre al que le cortaron los testículos con un bisturí y lo desangraron hasta morir; y la tortura de otras nueve personas que lograron sobrevivir. Entre ellos, el albañil Raúl Ernesto Morales y Carlos Jacinto Moyano. Las tres causas se unificaron y culminaron en el proceso que terminó ayer. Fue el primero para la policía cordobesa de la dictadura, y el segundo que se le hizo a Luciano Benjamín Menéndez después de la causa “Brandalisis”. “Es un paso más de Justicia. El juicio a la D2, a cómo funcionaba, hace a la reconstrucción de la memoria”, dijo Carlos Vicente, el viceintendente local.

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Primer Juicio a Menéndez.

Causa Brandalisis.

Jueves 24 de julio de 2008.

Condena histórica: perpetua para Menéndez en una cárcel común

Lo dispuso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba. Es por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes en 1977. Más temprano, el represor justificó los crímenes cometidos por la dictadura. Y dijo: “Los guerrilleros de los 70 están en el poder”. Además, otros cuatro acusados recibieron perpetua y tres, penas que van de 18 a 22 años de prisión.

LECTURA. Menéndez, hoy, horas antes de ser condenado. (Foto: Daniel Cáceres).

Audio: Un luminoso día de Justicia. Por Marta Platía, corresponsal de Clarín en Córdoba.

http://www.clarin.com/diario/2008/07/24/um/m-01721936.htm

El represor Luciano Benjamín Menéndez fue condenado esta tarde a prisión perpetua por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes, ocurridos en 1977. De acuerdo al fallo, dictado por el Tribunal Oral Nº1 de Córdoba, el ex jefe del III Cuerpo de Ejército deberá cumplir la pena en una cárcel común, tal como había reclamado la querella.

Menéndez, quien más temprano había defendido con énfasis la represión durante la dictadura, escuchó el veredicto en silencio. Como reflejo de la enorme expectativa que había generado el proceso, la lectura fue seguida por el gobernador de la provincia, Jorge Schiaretti; su vice, Héctor “Pichi” Campana, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros integrantes de organismos de derechos humanos.

Además de Menéndez -cerebro de la represión ilegal en Córdoba- otros cuatro represores también deberán cumplir prisión perpetua en un penal común. Se trata de Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Además, Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron sentenciados a 22 años de cárcel, mientras que Carlos Alberto Vega fue sentenciado a 18 años.

Todos fueron condenados por los crímenes de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ocurridos en 1977.

La sentencia fue recibida con alegría por los militantes de derechos humanos, que desde bien temprano se concentraron frente a los Tribunales de la capital cordobesa. Allí se instaló una pantalla gigante que transmitió en directo las alternativas del veredicto.

En sus últimas palabras antes del veredicto, Menéndez había justificado la represión llevada adelante por la dictadura, al manifestar que se trataba de “una guerra” con las organizaciones ERP y Montoneros. Su discurso, en el que citó a Lenin y Gramsci, se interrumpió por los insultos de un grupo de familiares de víctimas, que terminaron desalojados.

“Los delincuentes subversivos ensangrentaron el país durante 10 años, en los cuales asesinaron a 1.500 personas”, lanzó el represor, al tiempo que se quejó porque “este es el primer país que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas”. Y agregó: “Los marxistas no conciben la armonía y la concordia sino el conflicto permanente”.

Dentro del recinto se vivieron algunos momentos de tensión: promediando el discurso, Menéndez recibió insultos. El presidente del Tribunal lo interrumpió y a los gritos le pidió a la Policía que desalojara a un grupo de personas. Hubo forcejeos y más discusiones, pero el discurso pudo continuar.

Menéndez repitió varias veces la palabra “guerra” y remató su discurso con un mensaje político. “Antes los terroristas estaban en la ilegalidad, ahora pretenden ser ciudadanos atados a la Constitución. Confío en que los guerrilleros del 70 ahora en el poder no puedan imponer su régimen autoritario“, disparó.

La condena a Menéndez estuvo a tono con lo solicitado por la Fiscalía y la querella. La defensa del represor, al reclamar su absolución, había denunciado en su alegato “inseguridad jurídica”, reivindicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El argumento fue rechazado de plano por los integrantes del Tribunal.

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Viernes 25 de julio de 2008.

Fallo histórico contra el cerebro de la represión ilegal en Córdoba y otras diez provincias

Condenaron a Menéndez a cadena perpetua en una cárcel común

Lo dispuso un tribunal oral, mientras cientos de personas festejaban afuera.

Foto: Daniel Cáceres. Condenados. El capitán Acosta (de barba), el teniente coronel Rodríguez, y Menéndez ayer en la audiencia.

Por Marta Platía.

Una utopía. Nunca pensé que íbamos a lograr esto. Parece un sueño, pero es por fin la Justicia que llegó”, le dijo a Clarín con el rostro bañado en lágrimas Sonia Torres, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, cuando la ovación de una multitud de jóvenes la recibió a la salida de los Tribunales.

Ayer, poco después de las cinco de la tarde, había ocurrido lo impensable hace pocos años: el general Luciano Benjamín Menéndez escuchó, con el rostro inexpresivo y los párpados entrecerrados, la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 que lo condenó por unanimidad a cadena perpetua en una cárcel común, revocándole el arresto domiciliario del que gozaba en su coqueta casa del barrio Bajo Palermo.

Con sus 81 años, Menéndez y los otros siete represores, durmieron anoche,por primera vez en la cárcel común de Bouwer del servicio penitenciario de la provincia.

El atronador grito de alegría mientras el juez Jaime Díaz Gavier daba a conocer las sentencias, compitió con los aplausos y el llanto que estallaron incontenibles en una sala en la que apenas se podía respirar por la cantidad de gente que no quiso perderse el final de este histórico juicio.

Nadie estuvo a salvo de la emoción -ni de la sorpresa- que produjo la decisión de la prisión común para los militares acusados por delitos de Lesa Humanidad. Así se sintieron el intendente Daniel Giacomino, el radical Mario Negri, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el secretario de Derechos Humanos y también testigo en este juicio, Luis Eduardo Duhalde. Una de las Abuelas, Nelly Llorens, que mañana cumplirá 88 años, llegó a duras penas a su silla y festejó cada sentencia blandiendo su bastón por el aire. Llorando y riendo “como una chica de 15″, repetía.

Díaz Gavier, acompañado por sus colegas José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, tuvo que hacer esfuerzos para continuar con la lectura de las condenas paso a paso por los gritos de alegría. Menéndez fue encontrado culpable de “coautor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia; imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, y homicidio doblemente calificado por alevosía, y por la pluralidad de partícipes”.

Igual condena recibieron los represores Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Carlos Alberto Díaz, y Luis Alberto Manzanelli.

En los casos de Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Exequiel Acosta, ambos fueron condenados a 22 años también en prisión común; en tanto que a Carlos Alberto Vega le impusieron 18 años.

Con estas penas, los jueces atendieron lo solicitado por la querella y la fiscalía del llamado caso “Brandalisis”, en la cual se los encontró culpables por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de: Humberto Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, a quienes mataron en 1977 fingiendo un “enfrentamiento” armado.

Parafraseando el título del cuento de Rodolfo Walsh, el escritor y periodista desaparecido en los setenta, el de ayer, aquí en Córdoba, fue un luminoso día de justicia.

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Ultimo alegato de Menéndez antes de la condena:

“Los guerrilleros de los años 70 están hoy en el poder”

Foto: Marcelo Cáceres. Rechazo. Madres de Plaza de Mayo escuchan, ayer por la  TV a Menéndez.

En su alegato final Luciano Benjamín Menéndez reivindicó la represión ilegal que ejerció sobre más de diez provincias argentinas cuando era el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

Con su tono marcial aunque un tanto más apagado en el el discurso que leyera el 28 de mayo pasado; Menéndez repitió sus argumentos de que “se trató de una guerra para evitar el asalto de la subversión marxista” y hasta hizo una errónea comparación con lo sucedido entre el Estado italiano y las Brigadas Rojas.

A poco de empezada la lectura, una joven abogada del público, comenzó a gritarle. “¡Genocida!”, y el presidente del tribunal Díaz Gavier, ordenó que la Policía la retirara. Menéndez continuó con aquéllo de que “este es el único país que condena a su ejército victorioso”.

También atacó al gobierno nacional: “Confío en que los guerrilleros del 70, hoy en el poder, no puedan consumar su propósito de imponernos un régimen autoritario”; lo que provocó algunas risas contenidas en el público.

Los otros siete represores se declararon inocentes de todo y dijeron no haber torturado ni matado a nadie, ni conocer a ninguno de los jóvenes del caso Brandalisis.

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Cómo era el principal centro clandestino de detención en Córdoba.

La Perla, sinómimo del horror

Todavía pueden verse sus muros y su torre rojiza alzándose a la derecha del camino hacia Carlos Paz, frente a la localidad de Malagueño y a 12 kilómetros del centro cordobés, sobre la ruta nacional 20.

Este complejo militar fue construído hacia fines de 1975. Lo constituyen cuatro edificios, tres de ellos comunicados entre sí por una galería. Dos eran utilizados por oficiales y suboficiales como dormitorios y oficinas; el tercero, la cuadra, para prisioneros. El cuarto se usó como garage. La sala de torturas se instaló en un galpón cercano. Cuando la mañana del miércoles 11 de junio los miembros del Tribunal recorrieron el ex campo de concentración junto a cinco de los sobrevivientes; se constató que todo está como era entonces, sólo que algunas de las paredes fueron repintadas. Teresa Meschiatti, Liliana Callizo, Ana Mohaded, Susana Sastre y Piero di Monte, lo reconocieron palmo a palmo. Salieron de la cuadra, desandaron el patio en diagonal y allí está todavía la sala de tortura: un cuartucho mínimo de techos bajos, que los represores llamaban “Sala de Terapia Intensiva. No se admiten enfermos”. En sus paredes y en las de algunas oficinas del edificio principal, todavía hay rastros de sangre.

La Perla está rodeada por un alambrado. A sus fondos se ven los campos y “la Mezquita” una especie de santuario donde los represores iban a rezar. En ese vasto territorio, habrían fusilado y enterrado a sus víctimas. Así lo aseguraron el ex gendarme Carlos Beltrán y el arriero José Julián Solenille, quien declaró ante la CONADEP.

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Los testimonios de dolor de los pocos sobrevivientes

Por:  Marta Platía

A lo largo de un juicio en el que por momentos el infierno pareció abrir una sucursal en la sala de audiencias, nadie que haya escuchado los testimonios de los sobrevivientes y testigos del campo de exterminio de La Perla, podrá olvidarlos fácilmente.

Sus voces recordando la muerte de los compañeros. El martirio que se corporizaba en las manos y las risotadas de los torturadores que disfrutaban atormentando cuerpos a picana y golpes. Allí estuvo Teresa Meschiatti: “Durante un mes mi vagina olió a carne podrida”, detalló; y la lúgubre lotería, en medio de la noche, de los traslados que no eran otra cosa que el asesinato planificado por bala o tortura y la desaparición de los cadáveres en fosas comunes.

¿Cómo olvidar, entonces, a Cecilia Suzzara, cuando relató que luego de días de picana y submarinos la obligaron a guiarlos a la casa de su amiga Silvina Parodi, embarazada de ocho meses? Silvina y su esposo Daniel Orozco todavía están desaparecidos, y Sonia Torres, la mamá de Silvina, todavía busca a su nieto nacido en cautiverio.

¿Y cómo hizo usted para seguir con la vida?, le preguntó un abogado. “Yo no pude volver a vivir. Yo me morí en La Perla”, contestó la mujer quebrada por el dolor y una culpa que jamás la abandonó, y que sus cancerberos parecen desconocer.

O a María Victoria Roca, una todavía hermosa mujer que contó cómo, por su belleza, la desnudaron y la torturaron entre 20. O el relato de la insoportable escena de la muerte en directo de Falik de Vergara, “una chiquita rubia, muy joven” que le obligaron a ver a Liliana Callizo: “No, nunca me voy a poder olvidar del chisperío que salía de las picanas. El cuerpo de Falik se arqueaba y se sacudía en la mesa de torturas. Hasta le tiraban baldazos de agua para matarla más rápido. Es que era Navidad y todos querían terminar para irse a sus casas”.

Y la voz segura, clara, acusadora de Meschiatti cuando le dijo al Tribunal, a pesar de vivir hace más de 24 años en Suiza: “No señores, pueden pasar varias vidas, pero de la tortura no se vuelve jamás”.

O el testimonio de José Adolfo Caro: el morguero que ayudó a localizar las fosas comunes del Cementerio de San Vicente. Caro, un hombre que puede leer en los cadáveres y hasta reconocerlos en sus parientes vivos. “En el ’81 llegó una mujer rubia, con una cicatriz en la pierna que buscó a su hijo por todo el país, y yo la miré y le dije: Señora, ¿por casualidad su hijo era igual a usted pero con el pelo corto? Y ella lloró, y yo pensé qué bruto, cómo se lo dije así, pero le desenterré el cuerpo del chico porque yo me acordaba bien de su cara y de que lo había enterrado una noche que llovía

Y a Soledad Chávez, la hija mayor de Hilda Flora Palacios, cuando explicó lo que significaba crecer con “una mamá que era una foto en un cartel. Una cara sonriente, atemporal, que no envejece, ni se ríe ni llora”.
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Schiaretti lloró en la audiencia

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti,  rompió en llanto ayer una vez leída la sentencia que condenó a Menéndez a prisión perpetua. Schiaretti, que en los 70 se exilió en Brasil, al contrario de su antecesor, José Manuel de la Sota, quien en una ocasión le había recriminado a las Madres de Plaza de Mayo “no haber cuidado” a sus hijos, impulsó políticas de derechos humanos tales como la apertura de los archivos policiales. “Hoy es un día histórico porque la democracia ha condenado a quienes cometieron delitos de lesa humanidad”, dijo ayer.

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Comparación

Por Daniel Santoro.

El general Menéndez comparó ayer el accionar de las Brigadas Rojas en Italia con el de Montoneros y el ERP en la Argentina en la década del setenta. Dijo que mientras la organización guerrillera italiana llegó a sumar menos de 1.000 efectivos y concretó 300 atentados, los grupos armados argentinos treparon a “40 mil y cometieron 21 mil ataques”. Más allá de la inexactitud de las cifras, la comparación se completa con su interpretación según la cual la República y las fuerzas policiales habían sido sobrepasadas por el aparato militar guerrillero y por eso debieron actuar las Fuerzas Armadas y de la forma ilegal que lo hicieron. Lo que omite Menéndez es que en 1978 cuando las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro, alguien sugirió torturar a un guerrillero detenido para localizar al primer ministro de Italia. El jefe de la Policía, general Carlo Alberto Dalla Chiesa, respondió “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro pero no implantar la tortura”. Moro fue asesinato e Italia derrotó a ese grupo guerrillera sin violar la ley. La Argentina, no.

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Perfil de un símbolo del ala dura del Proceso Militar.

Un hombre aferrado a la daga y al verbo “aniquilar”

Comandó el Tercer Cuerpo de Ejército. Nunca se arrepintió de su accionar.

Foto Enrique Rosito. Amenaza. En 1984 Menéndez saca un cuchillo cuando le gritan asesino.

Por Pablo Calvo.

Enrique Rosito disparó tres veces su cámara y se quedó sin rollo. Si levantaba la tapa para poner una película nueva, la escena iba a velarse. Decidió volver al cuarto oscuro de la agencia DyN, para salvar lo que tenía. En su retirada, alguien le gritó: “Sacá fotos, maricón”.

La había sacado: Luciano Benjamín Menéndez empuñaba un cuchillo de 22 centímetros de acero, dispuesto a hundírselo en el cuerpo a un manifestante que le acababa de gritar “asesino”. Fue el 21 de agosto de 1984, en la puerta de Canal 13, luego del programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.

La escena le habló al mundo de lo que era capaz este general. No hay fotos de lo que fue capaz en la dictadura, pero es posible imaginarlo. El informe “Nunca Más” le atribuye el apodo de “La Hiena”, aunque también lo llaman “El Cachorro” o “El Chacal”.

Nació en 1927, cuando los golpes de Estado no existían, entró al Colegio Militar en 1943 y ascendió a coronel en 1966, época a la que se remontó en su alegato de ayer para hablar de los orígenes de la “guerra revolucionaria”, con un énfasis en las erres que daban a la frase el sonido de las ametralladoras.

Fue uno de los duros del régimen. Entre los setiembres de 1975 y 1979 comandó la represión en la zona 3, de las 5 en las que se dividió el país para el plan de exterminio de opositores. Se asentó en el Tercer Cuerpo de Ejército, pero tuvo influencia en las 10 provincias que van de Córdoba hacia la Cordillera de los Andes y hacia la frontera con Bolivia. Carlos Menem lo indultó en 1989.

Felicitó las matanzas de guerrilleros en Tucumán, donde actuaba su amigo Antonio Domingo Bussi. En 11 días, Menéndez y Bussi serán juzgados allí por la desaparición de un ex senador. Un escrito que se usará para la defensa de ambos, pudo saber Clarín, cita la definición del Pequeño Larousse Ilustrado de la palabra “aniquilar”, incluida en los decretos de Isabel Perón que los represores usaron después para violar derechos humanos. Aniquilar, recuerda la presentación, es “Reducir a nada. Destruir por entero”.

En 1977, Menéndez propuso un decálogo para actuar contra la subversión, que recomendaba a los ciudadanos la delación de cualquier sospechoso. Uno de esos mandamientos proponía: “Desenmascarar y señalar a los delincuentes subversivos, que tras el disfraz de profesor o alumno, desarrollan propaganda o acción subversiva”. Otro: “No confiar en quienes estén alejados de sus padres, no creen en Dios y excitan contra todo tipo de autoridad”.

-¿Pero “La Perla”, existió?- le preguntó la revista Gente en 1984.

-Sí. Era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel clandestina, contestó.

En 37 años de carrera activa, que finalizó en 1979 con un levantamiento contra Roberto Viola, recibió unas 50 sanciones y arrestos, motivados por opiniones políticas. Criticó aspectos del ‘Proceso’ y el manejo del conflicto del Beagle en 1978, cuando le adjudicaron la frase: “Voy a lavarme las bolas en el Pacífico”.

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Junio de 2008.

Hilda Flora Palacios:

Historia de la desaparecida que puede condenar al represor Menéndez

Marta Platía.

No están, no existen, no son. Los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, dijo Jorge Rafael Videla en diciembre de 1977 a un grupo de periodistas extranjeros.

Desde el lunes pasado, en Córdoba, los restos de Hilda Flora Palacios, una joven de 26 años secuestrada, torturada y asesinada en un supuesto enfrentamiento junto a su pareja y dos amigos, lo desmienten. Y acusan a Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete represores que, por primera vez, están sentados en el banquillo de los acusados por la llamada “Causa Brandalisis” que investiga los secuestros, torturas y la muerte de ella y de Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

“Los restos de Hilda Flora estaban cerca de la gran fosa común, pero en una tumba individual NN”, detalló a Clarín Anahí Ginarte, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, liderado por Darío Olmo, trabajó desde 2002 a 2004 en exhumar 140 cadáveres arrojados en las fosas comunes del Cementerio de San Vicente.

Esas fosas comunes se hallaron gracias a la valentía de un grupo de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que “el 2 de noviembre de 1982, y aún durante la dictadura, nos animamos a entrar confundidos con los que van a visitar las tumbas el Día de los Muertos”, relató la abogada María Elena Mercado, esposa del también desaparecido Eduardo “Tero” Valverde. El relato es parte del documental “Sr. Presidente”: una investigación dirigida por Liliana Arraya y Eugenia Monti que nació de una insólita carta que enviaron morgueros y sepultureros al mismísimo Videla en 1977, quejándose por las “condiciones laborales insalubres”, y por la cantidad de cuerpos para enterrar que llegaban cada noche, “en la convicción de que el Presidente” no sabía lo que ocurría en Córdoba.

En el documental, el por entonces enterrador José Adolfo Caro, quien ayudó a localizar las fosas, da cuenta de cómo asentaba en los libros de la morgue la llegada de cada cargamento de jóvenes acribillados. “A veces por curiosidad, cuando venía muy ‘baleáo’, nos sentábamos a contarle los balazos. A uno llegamos a contarle setenta y pico”. Caro aún se pregunta “cómo fue que se les escaparon” a los represores, los restos de Hilda Flora. Ella es una de los 14 desaparecidos identificados por el EAAF, y restituidos a sus familiares por la Justicia federal cordobesa. En su caso, la entrega ocurrió el 11 de noviembre de 2004 en el Juzgado Federal Nø 3 a cargo de Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk.

Hilda, Hugo Brandalisis y Carlos Lajas, fueron secuestrados por las huestes de Menéndez el 6 de noviembre de 1977. A Raúl Cardozo le tocó dos días después. Todos fueron llevados a La Perla: el mayor campo de concentración de Córdoba, donde los torturaron hasta el 15 de diciembre, cuando los acribillaron. Luego trasladaron los cuerpos a una esquina de la ciudad y los acomodaron dentro de un auto para simular un enfrentamiento.

El modus operandi continuaba en el Hospital Militar donde les tomaban las huellas digitales -los sepultureros dan cuenta de los dedos manchados de los cadáveres- y luego iban a la morgue del Hospital Córdoba. Desde allí, directo a las fosas del San Vicente.

En esa carta a Videla, los morgueros se espantaban: “Es inenarrable, Sr. Presidente. Los móviles de la Policía alumbraban las fosas donde fueron depositados los cadáveres identificados a veces por números”. Desde el lunes, uno de esos números, el que enterraron “el 3 de agosto de 1978 en la fosa B326″ señala a sus verdugos 31 años después. Como reza la placa del Memorial donde estuvo la fosa común, “quien deja huellas jamás desaparece”.

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Los testimonios que más comprometen a Menéndez

Marta Platía.

En las quince jornadas del histórico juicio a Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete represores que comenzó el 27 de mayo y podría tener sentencia entre el 21 y el 26 de julio, ya se escucharon los testimonios de 21 personas entre las que hubo 8 sobrevivientes de La Perla: el mayor campo de concentración cordobés en el que el ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército fue el dueño de la vida y de la muerte. Un lugar de tormentos del que sólo salieron con vida 17 de las más de 2.300 personas que pasaron.

Cuando este martes declaren los dos últimos testigos previstos, el Tribunal Oral Federal Nº 1 iniciará un cuarto intermedio de diez días hábiles hasta que comience la etapa de los alegatos.

¿Qué es lo que más ha comprometido hasta ahora a Menéndez y los demás acusados?

La respuesta es vasta y, según uno de los abogados de la querella, Martín Fresneda, “lo es más porque hay que partir que éste proceso no se puede tomar como un juicio penal común en cuanto a la valoración de la prueba. Aquí no se trata únicamente del nombre del quien empuñó el arma homicida o del que torturó; ya que los delitos se encuadran en lo que fue un plan sistemático de exterminio perfectamente organizado. De delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles”.

De allí que los distintos testimonios se valoran en, por lo menos, dos categorías: los generales, que describen con detalle cómo funcionaba la verdadera maquinaria de muerte instalada en La Perla , y los que van directo a la llamada “causa Brandalisis”: que investiga el secuestro, la tortura y el fusilamiento de cuatro jóvenes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en un operativo que se intentó disfrazar como un enfrentamiento armado. Humberto Brandalisis, su mujer Hilda Flora Palacios, el joven Carlos Lajas y Raúl Cardozo, fueron vistos por varios de los sobrevivientes en La Perla y, aunque los tres hombres permanecen desaparecidos, los restos de Hilda no sólo fueron localizados cerca de una fosa común del Cementerio de San Vicente; sino que  fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y entregados a sus dos hijas. Son precisamente esos huesos los que pueden condenar a Menéndez y al resto, ya que son una prueba poderosa, irreprochable en su propia naturaleza jurídica: “el cuerpo del delito”.

A lo largo de estas quince jornadas en las que el infierno pareció abrir una sucursal en la sala de audiencias presidida por Jaime Díaz Gavier, los testimonios que más complicaron a los jerarcas de la Perla fueron los de:

-Teresa Meschiatti. Esta sobreviviente contó con precisión cómo funcionaba el campo: la llegada de la gente vendada y atada de pies y manos en camiones o autos; el paso de los prisioneros por “la sala de terapia intensiva”, como se llamaba a la sala de tormentos: un hueco infecto en el que el grupo comandado por Luis Alberto Manzanelli y Jorge Acosta, entre los principales cabecillas,“daban la vida o la muerte”; y la “preparación” de los detenidos que eran “pozo” que, en el lenguaje de La Perla , significaba la muerte por fusilamiento y la desaparición.

- Liliana Callizo, quien contó cómo irrumpía la banda de Acosta en el momento de los seceustros de la gente: “Reventando puertas y ventanas de las casas, disfrazados con pelucas y a los gritos. Se decían la Patota y parecían disfrutarlo como en un circo siniestro” . La mujer dio fe de las violaciones sistemáticas a las que eran sometidas todas la mujeres que caían, y de cómo se ensañaban con ellas.

- Piero di Monte, un italiano al que no mataron “para no tener problemas internacionales”, y a quien picanearon junto a su esposa embarazada de cinco meses. El hombre relató como violaron hasta matar a una adolescente de 17 años, hija del por entonces presidente de la DAIA ,  y vio cómo se llevaban al muerte a un chico que, antes de irse, le confesó que “nunca había hecho el amor”. El hombre demolio el discurso del propio Menéndez sobre “el ejército valeroso” al que aludió el propio jerarca ante los jueces en la sala.

- Mirta Iriondo. Esta sobreviviente es fundamental en cuanto a los cuatro jóvenes del caso Brandalisis: la pusieron a ayudarle a la cocinera, así que los conoció, los trató, los ayudó a ir al baño, a mitigar sus heridas y los vió moribundos por la brutalidad de la tortura.

-Héctor Kunzman, quien fuera pareja de Iriondo y hasta tuvieron una hija en cautiverio, también los conoció y detalló dónde estaban en “la cuadra”, que era el galpón donde todos permanecían tirados en colchonetas.

-Susana Sastre, como casi todos los  sobrevivientes, afirmó haber visto a Luciano Benjamín Menéndez recorriendo “la cuadra” e inspeccionando hasta los baños “al menos dos veces”. La presencia de Menéndez hacía que los represores del campo ordenaran a los prisioneros a hacer tareas extras de limpieza. Menéndez fue visto incluso en “la sala de terapia intensiva”.

-Pero uno de los más fuertes y comprometedores fue el testimonio de un ex gendarme, Carlos Beltrán. Humildísimo, llegado desde Orán, en Salta, este hombre fue testigo del modus operandi de los fusilamientos, y hasta fue echado de la fuerza por negarse a matar a una pareja al pie de una fosa. Beltrán es la negación en carne y hueso de la obediencia debida. El ejemplo vivo de que siempre se puede decir que no. Con palabras sencillas que conmovieron desde su transparencia, contó cómo Manzanelli “el del cogote torcido”, le ordenó que les disparara. Pero el muchacho se negó diciendo que él no había entrado a la Fuerza para matar gente, que no era ésa su “doctrina” aún sabiendo que eso podía costarle su propia vida. Loco de ira, Manzanelli les disparó a las víctimas a la cabeza. “Primero al muchacho, al que le habían echo cavar el pozo y después a la chica que estaba embarazada y tenía una panza como de ocho meses –relató Beltrán–. Fue horrible porque ella volvió a levantarse y él la remató a tiros”, describió Beltrán. Luego contó cómo los rociaron con combustible, los quemaron y los taparon con tierra en la oscuridad de los campos que rodean a La Perla.

-Otro de los testimonios más incriminantes para los represores,  fue el del morguero José Adolfo Caro, quien pintó un cuadro dantesco del último engranaje de la maquinaria de muerte que montó el Terrorismo de Estado en esta provincia: al hombre le llegaban hasta doscientos cadáveres por semana para enterrar. Sus heladeras llegaron a saturarse de cadáveres y gusanos. “Todos tenían los dedos manchados de tinta, ya que les tomaban las huellas digitales en el Hospital Militar, y nos los hacían  arrojar por las noches a las (cuatro) fosas comunes que abrieron en el Cementerio de San Vicente. Un detalle se les escapó a los asesinos: Caro y su gente siguieron llevando los libros de la morgue y asentaron con prolijidad burocrática, todos los cuerpos N.N. que enterraron con fecha y número. Libros que se han convertido en otra prueba clave y que permitieron, por caso, ubicar el cuerpo de Hilda Flora Palacios.

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